La ficha de coste no va a resolver la inflación en la economía cubana

Elías Amor Bravo economista

¿De verdad actualizar las fichas de costos sirve para lograr precios más racionales? Tal vez en la lógica marxista comunista, si, pero desde hace mucho tiempo los economistas saben que las leyes del mercado son muy superiores a cualquier instrumento de la planificación central. La economía cubana es un buen ejemplo de ello.

Al parecer Margarita Acosta, directora de Política de Precios del Ministerio, cree que sí, que es posible hacer frente al drama de la inflación que vive actualmente el país publicando unas normas  jurídicas, que tengan como objetivo “transparentar los costos y gastos, buscar reservas de eficiencia y a partir de ahí propiciar disminuciones de precios”.

No debe ser solo la señora Acosta la que cree en la superioridad de la planificación. Su actuación debe estar respaldada por Díaz Canel, Marrero y de ahí abajo y arriba, que la jerarquía comunista es difícil de determinar en algunos casos.

¿En que consiste esta curiosa actuación del Ministerio?

En primer lugar, se establece la obligatoriedad de confeccionar la llamada ficha de costos por todos los actores económicos. Ahora, tanto los no estatales como productores y prestadores de servicios técnico-productivos, deberán someterse a este instrumento de control económico del régimen. La medida se considera clave entre las emprendidas en el país para lograr precios más racionales y enfrentar los abusivos, un reclamo de la población. Un reclamo que, por esta vía, no va a ningún sitio.

En segundo lugar, la norma se va a publicar cuando solo han pasado dos meses y medio de emitirse la Resolución 148 de 2023, publicada en la Gaceta Oficial No. 64 de 6 de julio, en la que el Ministerio “conduce un proceso de preparación y capacitación con sus direcciones territoriales, gobiernos locales, universidades y la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba”.

En declaraciones a la Agencia Cubana de Noticias, Margarita Acosta Rodríguez, directora de Política de Precios del MFP, aclaró que el principal objetivo de la norma jurídica es transparentar los costos y gastos, buscar reservas de eficiencia y a partir de ahí propiciar disminuciones de precios, siempre que no implique deterioro de los resultados o que los productos se vendan con pérdidas.

En tercero, algo que llama la atención es que las autoridades reconocen que la metodología establecida y la propia ficha por sí solas no resuelven los problemas de inflación. Pues claro que no. La inflación no es solo un fenómeno de oferta, sino que tiene su base en el desajuste con la demanda. Por muchas fichas que se hagan, el precio que el consumidor está dispuesto a pagar tiene una influencia muy superior en la inflación. Pierden el tiempo. O no hacen lo que se tiene que hacer. Y así les va.

Es por ello, que las autoridades defienden la ficha de coste, porque apuntan a que “constituyen el punto de partida para la evaluación de concertaciones de precios, que propicien medidas de regulación más efectivas y favorables a la población en los productos y servicios de mayor impacto, y al consumo social”. Concertaciones de precios. Si, han oído bien, es una forma retorcida de tratar de evitar el ajuste de mercado vía oferta y demanda. La regulación e intervención de precios de los comunistas no hacen otra cosa que distorsionar el ajuste libre de los mercados y crean condiciones para la escasez perniciosa.

En cuarto lugar, dicen los dirigentes que hay en marcha un “proceso de capacitación a todos los niveles dado el complejo contexto en que debe implementarse la normativa”. Increíble. En todas las economías del mundo, se producen en cada segundo millones de transacciones entre demandantes y oferentes y no hay que capacitarse para nada. Los que interactúan en los mercados conocen bien sus objetivos, productos y necesidades, de modo que no se necesitan otros agentes ajenos a los procesos que interpreten a su manera “conceptos, propósitos y cuánto puede convertirse en una decisiva herramienta en las negociaciones entre las partes y en las concertaciones de precios de los gobiernos locales con los actores económicos”. Precisamente, esa negociación de los poderes locales con los actores económicos se debería liberalizar y no someter a control alguno y esa podría ser una vía importante de mejora.

La directora de política de precios del Ministerio dijo que representantes de más de 3.500 entidades del sistema empresarial, incluidas unidades presupuestadas, y una cifra que supera los 12.000 actores económicos no estatales, han sido capacitados sobre la Resolución 148/23. Cifras, en todo caso, absolutamente insuficientes si se comparan con las dimensiones de la economía cubana. En los seminarios se ha explicado “que la ficha de costos se puede confeccionar con un criterio de flexibilidad, de acuerdo con las características y complejidades de cada actividad, pero ello no significa que los precios se formen por métodos de gastos y que ese proceder sustituya al Sistema de Costos de la entidad”.

En definitiva, se quiere elaborar la ficha de coste como sea, pero al mismo tiempo, se señala que “los precios deben dar las señales de lo que cuestan las producciones y servicios nacionales y los reales de importación, lo que permitirá gradualmente la eliminación de los subsidios a la actividad empresarial, propiciar una mayor negociación entre las partes, estimular la búsqueda de reservas de eficiencia en los costos y gastos, y transparentar el real gasto social”. Es un grave error. Las señales de los precios vienen de la oferta, como en este caso, pero también de la demanda. Un producto puede tener salida en el mercado con un precio alto o bajo. Los estrategas de marketing lo saben, y ponen en marcha dispositivos distintos en cada caso. No se puede andar a ciegas como en Cuba, o con un solo ojo, cuando se necesitan los dos. Eso que los comunistas son incapaces de reconocer.

Y aquí van los distintos métodos. Para la formación de precios por correlación, “o sea por comparables, se exigen las referencias de los de bienes y servicios de importación y exportación, de similares del mercado externo y también interno, siempre que se demuestre su procedencia y las bases generales para su determinación en rangos razonables”.

Para la fijación de precios en el sector no estatal las regulaciones se sustentan en las concertaciones de los gobiernos locales con los actores económicos en las comercializaciones de productos y servicios de mayor impacto en la población y en entidades, lo cual está establecido en las resoluciones 329/20, 84/21 y 263/22, todas del MFP. Una negociación en la que los poderes locales imponen condiciones a los agentes económicos, casi siempre desfavorables, lo que les resta interés de negociar.

Las autoridades insisten en que para concertar negocios, “es esencial conocer la ficha de cada productor, una herramienta imprescindible en las negociaciones entre las partes, y por ello se prevé cerrar el año con avances en esta tarea”. A partir de este punto, “se espera un efecto gradual en la disminución de los precios mayoristas en algunas producciones y servicios, de manera que contribuyan a bajar los precios minoristas de esos renglones y en actividades de alto impacto, como la gastronómica ligera y de línea económica”. Lo tienen claro.