Y ahora, a urbanizar las azoteas estatales

Elias Amor Bravo economista 

Un artículo en la prensa estatal pasa revista a la implementación de la Ley de Ordenamiento territorial y urbano y la gestión del suelo, que fue aprobada por la Asamblea Nacional en diciembre de 2021, y que entró en vigor, posteriormente, en marzo del actual año.

Una ley de inspiración y manufactura comunista, que pone todo el control del proceso de ordenamiento y control en manos del estado, pero que tiene numerosas deficiencias que impiden la ejecución de las políticas en este ámbito, sin duda fundamentales para el bienestar de la población.

Y como no podría ser de otro modo, el problema principal se encuentra en la necesidad de urbanizar el suelo; ya que ocurre que cuando se va a proceder a la entrega de parcelas para la construcción de viviendas, “muchas veces se niegan por falta de urbanización”. Si. Han oído bien, los comunistas se quejan de que en Cuba no hay suelo urbanizado. Y ello obliga a tomar medidas, aunque algunas sean ridículas o absurdas.

El balance de la norma confirma el absoluto descontrol que existe en este ámbito, en el que la solicitud de la población entra por las direcciones municipales del Instituto Nacional de Ordenamiento territorial, Inotu, donde se prepara el expediente y  así desde el primer momento, algunas solicitudes se deniegan “por errores en su conformación, o porque la parcela solicitada no aplica”. Burocracia.

Sin embargo, más del 90% de esos expedientes se traslada a los consejos de administración, que se encargan de evaluar y entregar el suelo. De nuevo, más del 80% de las solicitudes s rechazan “porque no tienen parcelas urbanizadas”. Las tres cuartas partes de las solicitudes se eliminan.

Visto desde fuera, el sector no puede estar peor y además ejerce un efecto paralizante sobre la sociedad. La necesidad de preparar suelo se convierte en una urgencia que, después no se puede atender con los instrumentos disponibles. Y por eso, algunos trasladan a responsabilidades más altas en la jerarquía como el consejo de estado, que mira para otro lado, en este tira y afloja del régimen, en el que nadie quiere asumir responsabilidades del desastre que han creado.

En definitiva, crear suelo urbanizado y preparado tampoco es tan difícil, y aspectos como el trazado y delimitación de las vías, la correcta delimitación de las parcelas, una fuente de abasto de agua, electricidad, una solución de residuales, y drenaje forman parte de quehacer de los gobiernos que, para implementar estas medidas, suelen encargar a operadores privados el trabajo de urbanización, de acuerdo con unos planes y directrices marcados. Ni eso.

Al Inotu le interesa más la erradicación de las "ilegalidades" en lo que se puede calificar como una espiral de ilegalidades, ya que cuando no se logra frenar que aparezcan nuevas, el problema es que siguen pendientes de años anteriores otras que no se logran solucionar. Este aspecto relativo a las ilegalidades tiene mucho que ver con la forma que se definen, y probablemente el marco debería ser transformado en este ámbito específico. En realidad, si no hay donde vivir, la ilegalidad la provoca el único que puede ofrecer viviendas, el estado.

La Ley no ha resuelto estos dos problemas, y además ha creado un aparato burocrático de planificación, gestión, aprobación, coordinación, etc. todo muy complejo y enredado, que mezcla funciones y responsabilidades de consejo de ministros, órganos locales del Poder Popular, del Inotu), delegaciones provinciales y direcciones municipales. Un batiburrillo que hace muy difícil entender qué se tiene que hacer en cada momento y que coarta y limita la acción de los operadores económicos.

Y qué decir del régimen jurídico y urbanístico del suelo, con su sistema de clasificación y calificación, a partir de la definición de su uso, vocación y destino. Los principios que proscriben los derechos de propiedad privada y acumulación de patrimonio condicionan la orientación de las decisiones. Y así, se prioriza lo que denominan “una ocupación y utilización sostenible, equitativa, equilibrada y racional” que dista mucho de las imágenes del paisaje urbano que llega de la Isla, con edificios en destrucción y asentamientos ilegales por doquier. 

Es evidente que los instrumentos para la gestión del suelo, como el catastro nacional o las zonas con regulaciones especiales no han servido para facilitar el papel de los operadores que participan en el ordenamiento territorial y urbano y la gestión del suelo. La ley refuerza los mecanismos de responsabilidades y deberes, la inspección, el control y la disciplina territorial y urbana y las responsabilidades y deberes de los organismos de la administración central del Estado y de otras entidades, en tanto que se  olvida ex profeso de facilitar un marco activo de colaboración público y privado que podría ayudar a mejorar los niveles de urbanización, tan  necesarios.

Los comunistas dicen que la Ley aborda aspectos novedosos, que se incorporaron desde el punto de vista del ordenamiento, “como la construcción de viviendas en azoteas estatales, la declaración de las incompatibilidades, que se dan por usos en determinados territorios y que debían estar declaradas en los instrumentos legales, y la declaración de los barrios degradados, precarios e informales, los cuales tienen que estar abordados desde el planeamiento, con las propuestas de transformación incluidas”. Algunas de estas medidas, sin duda confusas, ofrecen una idea del grado de deterioro del ordenamiento urbano en Cuba, y que impide obtener una visión positiva de la incidencia de estas medidas en el sector.

En particular, llama la atención esta iniciativa del potencial urbanizador de las azoteas estatales, para incorporarlo a los instrumentos y planes que se vayan formulando en los municipios y provincias del país. Una medida que los comunistas dicen que es novedosa y tienen razón, pero al mismo tiempo, ofrece una idea de un tipo de urbanismo intensivista que rompe con cualquier planteamiento de desarrollo del espacio y ordenamiento racional. Sobre todo viendo como se caen edificios en La Habana, y supone una medida más, de esas experimentales, que el régimen lanza como si fuera la solución a todos los problemas, pero luego es un fracaso.