La liquidación del presupuesto de 2018 no cuadra: déficit y deuda descontrolados

Elías Amor Bravo, economista

 

En la presentación de la liquidación del presupuesto de 2018 ante la Asamblea nacional, la ministra del ramo, la señora Bolaños anunció un déficit fiscal de 8.091,3 millones pesos. Una cifra que da una idea aproximada del grado de descontrol de la gestión de la economía en su equilibrio interno fundamental, la brecha entre ingresos y gastos estatales. Y aunque justificó diciendo que el déficit había sido inferior al aprobado, las causas de dicho resultado, una “inejecución de los gastos en un 4% y un sobrecumplimiento de los ingresos en un 1%”, no ofrecen motivos para la satisfacción.

En un contexto de crisis económica cada vez más compleja e intensa, que la economía cierre el ejercicio de 2018 con un déficit fiscal equivalente al 8,1% del Producto Interno Bruto a precios corrientes (PIB) es preocupante, traslada señales de alarma a corto plazo y pone en tela de juicio la política económica en curso. El dato obliga a los dirigentes a realizar una reflexión inmediata sobre el curso de los acontecimientos. La vía elegida no funciona.

Finalmente, este escenario de abultado déficit supone un nuevo aumento de la deuda pública contraída en el ejercicio fiscal del 2018, que si bien es inferior en un 2,3% a la del año precedente, su financiación, con recursos a los bonos soberanos del Banco Central de Cuba, sigue siendo un foco de incertidumbre e inestabilidad para el futuro de la economía. No se ofrecieron datos del monto de la deuda.

El déficit estatal que recae sobre la economía cubana tiene efectos muy negativos sobre su estructura estalinista de la misma, porque todos los recursos y medios de producción pertenecen al estado, que cierra sus cuentas en déficit. Por ello, la presentación y aprobación de la liquidación de los presupuestos de la economía cubana es una tarea políticamente complicada en las reuniones periódicas de la Asamblea Nacional. Se aprueban, de forma sistemática y de año en año, y además sin crítica alguna, unas cuentas que, en absoluto, se pueden calificar como positivas para la economía nacional porque están en el origen de los graves problemas de liquidez e impagos de los agentes económicos, a la vez que lastra las perspectivas de desarrollo e impide tomar decisiones racionales como eliminar la doble moneda, entre otras.

Sin disciplina presupuestaria, una economía no puede funcionar bien. En concreto, el abultado déficit viene provocado por unos gastos que alcanzaron 65.498 millones de pesos, el 96% de lo planificado, hasta absorber prácticamente el 72% del PIB. No existe país alguno en el mundo con indicadores comparables de participación del gasto realizado por el estado en las cuentas nacionales. La economía estalinista, con Díaz-Canel, se mantiene e incluso, se refuerza.

Además, se trata de un diseño del presupuesto que otorga prioridad a los gastos en las “actividades económicas y empresariales” con respecto al gasto de los llamados “logros de la revolución”. Por ello, es falso afirmar que este presupuesto de 2018 tenga carácter social y de un firme respaldo de los servicios de la educación, salud pública y asistencia social. Nada de eso. La opción política de gasto ha sido claramente favorable a los intereses económicos y empresariales estatales.

Por ejemplo, los gastos para el “financiamiento a la exportación y sustitución de importaciones”, de impacto sobre las empresas, todas ellas estatales, aumentaron a 14.357 millones de pesos, el 61% del gasto en las actividades no presupuestadas, para atender a “producciones como arroz, frijoles, maíz para alimento animal, carne de cerdo, café y azúcar” que en Cuba se obtienen a precios superiores al extranjero, y por ello, se tienen que subsidiar. En suma, gastos que tienen su origen en el modelo económico que restringe la competitividad de la oferta con el entramado burocrático existente. Otro tanto cabe afirmar de los 3.609 millones de pesos destinados a subsidiar las empresas de comercio minorista, con destino a la “canasta familiar normada y otros servicios básicos a la población a precios protegidos”.

Estas dos partidas “económicas” o “empresariales”, unidas a las inversiones, que alcanzaron 4.825 millones de pesos, cifra inferior a la planificada en un 10%, sumaron 22.791 millones de pesos, un importe claramente superior al que representan los gastos sociales de los llamados “logros de la revolución”, que por el contrario, se situaron en 19.000 millones de pesos, una cifra que representa el 50% del gasto de la actividad presupuestada, y el 21% del PIB.

El coste de las “conquistas sociales de la revolución” obliga a los cubanos a pagar un precio realmente muy elevado para percibir los mismos (cada cubano paga 1.728 pesos al año por estos servicios, el salario medio se sitúa en 700 pesos, desajuste completo). Pero el mantenimiento del “sistema económico de base estalinista”, cuesta si cabe más aún, 2.072 pesos al año por cubano. El régimen comunista no es gratis, sale bastante caro realmente.

La diferencia es que si en este último caso la reducción de gastos solo puede producirse por medio de decisiones de tipo político, en el primero se podría reducir las dos primeras partidas de subsidios con un cambio de modelo económico, en tanto que la tercera podría ser claramente inferior, y mejor orientada, si el sector privado fuera reconocido en la isla, al igual que sus derechos de propiedad. Este es el tipo de reforma que se necesita, pero que las autoridades niegan. 

 

Ejemplos hay para todos los gustos. Si en vez de andar despilfarrando en “financiamientos a los programas sociales y obras priorizadas para la construcción de 15.889 viviendas”, que se ha visto que no da resultado, estos recursos se canalizaran hacia empresas constructoras privadas, el problema de la vivienda en Cuba se resolvía más rápido de lo que piensan las autoridades.

Por otra parte, los indicadores de presupuesto social ofrecidos por la ministra en su presentación son numerosos, como los 1.500.000 alumnos en enseñanza preescolar, primaria, media, técnico profesional, especial, de adulto mayor y mixta; en la educación superior 241.000 estudiantes; la creación de escuelas de arte, centros de capacitación y escuelas especiales; en la salud pública más de 1.289 instalaciones, que incluye hospitales nacionales y locales, policlínicos, clínicas estomatológicas, hogares maternos, de ancianos y casas de abuelos; 132.000.000 consultas médicas; 264 millones de pesos para recuperar 4.785 viviendas destruidas por efectos climáticos adversos; aumento en 70 pesos de las prestaciones monetarias de los núcleos familiares protegidos por la asistencia social a unas 158.000 personas; las actividades científicas y tecnológicas se ejecutaron gastos por 890 millones de pesos; los gastos de la ciencia, el desarrollo tecnológico y la innovación crecen un 28%.

También se refirió al total de los pensionados a la seguridad social en el 2018, situado en 1.670.000 personas, con un gasto de 6.200 millones de pesos, financiados en un 84% con la recaudación de la contribución a la seguridad social que aportan los empleadores y las personas naturales; se presentó el incremento reciente a 242 pesos de la pensión mínima por jubilación dirigido a 445.748 personas; la entrega de subsidios a personas de bajos ingresos con necesidades constructivas en sus viviendas para la compra de materiales de la construcción llegando a 16.412 personas, por importe de 846 millones de pesos.

En definitiva, como ocurre siempre en estos casos, toda una panoplia de datos, más o menos deslavazados, cuyo seguimiento no resulta fácil. Pero lo más significativo de todo es que, un año más, no existe ni un solo indicador de evaluación de la calidad de los servicios recibidos por la población. Algo tan sencillo y simple de realizar por medio de una puntuación otorgada al servicio recibido en la escala 0-10. En un país donde el estado representa prácticamente todo en la economía, y tiene voluntad que sea así, lo menos que se podía ofrecer es una evaluación de la calidad de los servicios que presta. En Cuba, ni eso.

El abultado déficit estatal viene motivado por un diseño deficiente e inviable del sistema económico. A corto plazo, los gastos sobrepasan claramente a los ingresos, que no obstante, continúan siendo una elevada carga para todos los cubanos. A ello contribuye la gestión realizada de algunas figuras tributarias, como por ejemplo el Impuesto de utilidades, que creció un 7% hasta alcanzar el 13% de la recaudación de ingresos y que se vio afectado por el cierre con pérdidas de 59 empresas lo que redujo la recaudación de 144 millones de pesos. El actual escenario de crisis no es el más favorable para este impuesto.

Además, el régimen acentuó la presión fiscal sobre las “formas de gestión no estatales”, que ya alcanzan el 12% del total de los ingresos; de ese modo, los poco más de 650.000 trabajadores por cuenta propia ingresaron 3.183 millones de pesos, un 2% por encima de lo planificado. A pesar de ser una fuente tributaria fundamental, el régimen se queja de “indisciplina de pagos, la morosidad en los aportes, la subdeclaración de ingresos, la evasión fiscal y la acumulación de deudas” entre otros. Problemas que responden, principalmente, al pésimo diseño de intervención del régimen sobre estos emprendedores a los que penaliza fiscalmente.

La cuestión fundamental que se obtiene de este análisis de la liquidación presupuestaria en la economía castrista es el escaso margen de las autoridades para implementar una moderna política fiscal que sirva para mejorar el funcionamiento de la economía y la prosperidad de los cubanos. Con la referencia al incremento salarial a todos los trabajadores del sector presupuestado, que supone un coste anual de más de 7.000 mil millones de pesos, y el aumento de las pensiones inferiores a 500 pesos y un costo anual que tiene otro coste de 800 millones de pesos, las tensiones que se trasladan a las cuentas públicas, en un momento de especial complejidad en el escenario económico, pueden acabar suponiendo más inconvenientes que ventajas.