Pronto volverá el caos al transporte en La Habana y Hoguín

Elías Amor Bravo, economista

Se confirmó lo que las autoridades venían diciendo desde hace tiempo. A partir del 1 de febrero, el Consejo de la Administración Provincial, exigirá a los transportistas privados en La Habana y Holguín el cumplimiento de los precios máximos a cobrar por sus servicios, según nota publicada hoy en Granma.

En numerosas ocasiones se ha analizado en este blog las consecuencias negativas que tiene para la población la política de topar precios, porque supone a corto y medio plazo que se reduzca la oferta y ante una demanda que no disminuye, aparecerán situaciones de escasez, racionamiento y carestía que empobrecen a todos.

Ahora, las autoridades se apoyan en otra Resolución, la número 427 del Ministerio de Finanzas y Precios en la que se fijan los precios o tarifas máximos de los servicios ofrecidos por los transportistas privados, que, además, deben ser coincidentes en ida y retorno entre municipios de una misma provincia y entre provincias.

Como ya se expuso hace unos días en otro post de este mismo blog, además, la fijación de las tarifas y precios se ha hecho de forma muy deficiente cuando se comparan las capacidades de transporte y tipos de vehículo, para un recorrido dado.

Por ejemplo, en un determinado transporte de hasta 14 pasajeros, en un recorrido dado en La Habana, el precio máximo es de 10 cup por pasajero, mientras que los vehículos de capacidad mayor a esos 14 pasajeros, como camiones y camionetas, el precio máximo es de 5 cup. Esto significa, por ejemplo, que con estos precios un vehículo con capacidad de transporte para 15 pasajeros, solo podría ingresar 75 cup para un recorrido en La Habana, mientras que el de capacidad para 14 podría obtener en las mismas condiciones, 140 cup de recaudación. ¿Qué creen las autoridades que va a ocurrir? ¿Cuál es la racionalidad que está detrás de estos precios fijados por un “ministerio”?

El problema del transporte en las grandes capitales no se resuelve de este modo. Aunque ahora es tarde para plantear un servicio público de calidad y bien organizado en La Habana o Holguín, la utilización de camiones o camionetas para recorrer distancias urbanas, como ir a trabajo o a la escuela, es una imagen muy negativa que viene persiguiendo a Cuba desde los tiempos del período especial, y para la que nadie ha sido capaz de actuar.

El transporte público exige inversiones que en el caso de Cuba, han estado ausentes durante décadas. La prioridad en educación y sanidad de los “presupuestos sociales” tiene estas cosas: la gente se ve obligada a viajar en carros de bueyes o en lo que puede porque no existe un suburbano en condiciones, servicios eficientes de buses o tranvías, en definitiva, el transporte público ha sido el gran olvidado por el régimen castrista.

Es la falta de inversiones a las cosas importantes, que hacen lo cotidiano mejor, lo que caracteriza a la gestión comunista. Y este absurdo de querer intervenir con precios topados el mercado privado de transporte que, de buen seguro, adoptaría decisiones de precios mucho más eficientes que las establecidas en una Resolución ministerial. Cuando oferta y demanda ajustan libremente sus comportamientos con base en la información de precios, se produce la magia del servicio de calidad y eficiente que se deriva del funcionamiento del mercado libre. Lo que los cubanos no han podido disfrutar en 61 años porque sus dirigentes lo prohíben.

Así que por mucho que las autoridades se empeñen, lo que viene a partir de ahora es menos oferta de servicio. Comprensible. El transportista que no gane lo necesario para cubrir sus costes, y lógicamente los vehículos más grandes gastan más, se quedará en casa o se dedicará a otras cosas. Y hará bien, porque nadie puede imponer por obligación un servicio, si no se presentan las condiciones de rentabilidad en la prestación. La esclavitud quedó atrás hace más de un siglo. Regresar a ella no es posible. Ni siquiera en Cuba comunista.

Los que pagarán por esta decisión son los ciudadanos, que volverán a padecer la escasez de transporte, y aquellos que consigan un vehículo que serán los menos, tendrán que hacerlo no a precios monetarios más altos, sino de sacrificio personal, que es otro precio que parece que para los dirigentes del régimen no tiene importancia, como largas colas, levantarse de madrugada, acostarse muy tarde, transportes atestados, asfixiantes, recorridos irracionales y un etcétera de costes personales. Eso sí, para que la protesta no se produzca de forma espontánea, el régimen anda buscando, como sea, que se cumpla lo establecido y aquellos que no lo hagan serán sancionados previa delación por los ciudadanos. Por donde quiera que se mire, un espectáculo lamentable que devuelve a la Cuba revolucionaria de las delaciones de los años 60 del siglo pasado.

La realidad es que estos costes que sufre la población por no tener servicios adecuados de transporte, al régimen de La Habana le importan muy poco e incluso parece que disfruta cuando los cubanos los padecen. La otra parte perjudicada serán los transportistas. Aquellos que renuncien a dar el servicio, por falta de rentabilidad, serán reprimidos por lo que muchos pueden llegar a perder su licencia. Un desastre se avecina por la torpeza ideológica de las autoridades. Los cubanos deben saber que otra política económica es posible.