Topar precios al transporte privado: un nuevo desastre a la vista

Elías Amor Bravo, economista
Topar precios es una política errónea. Provoca consecuencias nefastas para los consumidores. Desabastecimiento, mala calidad, malestar social. Para los productores puede ser incluso peor, la desaparición de sus pequeños negocios, cuando observan que el precio fijado no consigue cubrir los costes de producción. Estas políticas se pueden adoptar en países como Cuba, donde las autoridades tienen todo el poder y control de la economía, y los agentes privados, y públicos, están sometidos a su imperio coercitivo.
Pero en una economía de mercado, topar precios es una decisión absurda, que dificulta el mecanismo de asignación de recursos del mercado y genera notables deficiencias. En la economía de mercado libre, topar precios es insensato. Sin embargo, los comunistas que dirigen la economía cubana no tienen el menor reparo en poner en práctica este tipo de medidas, y lo mismo lo hacen con los productos agropecuarios que con el transporte privado.
Ahora le toca el turno de padecer a los transportistas de La Habana que, según una nota en Cubadebate, han participado en un “experimento con porteadores privados que ha llevado al Ministerio del Transporte a anunciar una serie de modificaciones a los principios que sustentaban dicha prueba”
Vayamos por partes porque el experimento no tiene desperdicio.
Primero, han decidido unificar en una sola licencia, denominada regular, las actuales modalidades de libre y ruta. Al mismo tiempo, sin saber por qué ni cómo, las autoridades comunistas deciden mantener la modalidad de alto confort o clásico, vinculado a la empresa TaxisCuba. Hay que preguntarse qué sentido tiene esta diferenciación del servicio por parte de las autoridades que no suponga el mantenimiento de privilegios para el sector estatal frente a la libre iniciativa privada.
¿Tal vez se pretende conseguir que los cubanos no puedan tener acceso a servicios de transporte de calidad y eficientes? ¿Qué sentido tiene unificar las modalidades de libre y ruta en una sola licencia? ¿No supone esa unificación un intento oculto de recaudar más por parte de las autoridades a la vez que se frena el crecimiento de las pequeñas empresas privadas? En todo caso, esta primera medida tiene poco que ver, yo diría nada, con las preferencias y necesidades de una población hastiada de sufrir día tras día las penurias y deficiencias del transporte en Cuba. Es burocracia intervencionista y poco más. 
Pero la segunda es, sin duda, la más inquietante. Al parecer, se estableció que los precios de los servicios de transporte se podrán fijar por los propios transportistas, siempre que se tengan en cuenta los importes máximos aprobados por los Consejos de la Administración. De nada sirve esta decisión, que podría tener visos de adecuación a la prestación competitiva de los servicios, si existen precios máximos regulados. En vez de precios, lo que se debe aprobar es una tarifa al servicio público, y ajustar el coste del desplazamiento a la misma.
Vamos a poner un sencillo ejemplo de las consecuencias nefastas de la política anunciada por las autoridades comunistas. Al establecer precios máximos a cobrar por los transportistas privados se frena la capacidad de desarrollo del servicio, esencial para la población, y por mucho que se definan nuevas condiciones, normas y regulaciones como las que acaban de entrar en vigor a partir del 5 de enero, la situación va a empeorar, seguro. Por ejemplo, ¿por qué un precio máximo de 10.00 pesos (CUP) por pasajero para los vehículos de hasta 14 pasajeros de capacidad, y otro de 5.00 pesos (CUP) para los vehículos con capacidad mayor a 14 pasajeros (camiones y camionetas), durante las 24 horas del día y en cualquier recorrido dentro de la ciudad? ¿A quién se le ha ocurrido esta absurda idea?
Si esta política de precios se aplicase linealmente, un transporte de 14 pasajeros, viajando al completo, recauda digamos 140 CUP en un determinado trayecto, mientras que si hay capacidad para 15 pasajeros, e igualmente va lleno, al aplicar un precio de 5 CUP obtiene por ello, 75 CUP, la mitad, y eso que se trata de un transporte mayor que podría atender a más demanda. Para que se igualen los ingresos, el transporte debe llevar más de 28 personas. ¿Es esta discriminación de precios, sensata? ¿Está resolviendo realmente las necesidades de transporte.
En igualdad de condiciones, la gente preferirá viajar allí donde el precio sea inferior, es decir con 5 CUP en los recorridos que se apliquen, pero cualquier transportista tendrá mayores incentivos para dar servicio con transportes que no excedan de 14 pasajeros, porque puede cobrar más. La oferta se tenderá a concentrar en vehículos de pequeño tamaño en vez de otros más grandes, con una economía de escala ampliable. Y por no extender más este post, algunos proveedores del servicio tenderán a concentrarse en los trayectos para los que se pueden aplicar precios mayores, dada la zonificación que han elaborado las autoridades. Por desgracia, los comunistas llevan 60 años sin entender cómo funcionan la oferta y la demanda. No les interesa. Lo desprecian, y por eso, en unos pocos meses, si se aplican estas medidas, en La Habana no habrá transporte privado, o se prestará un servicio muy deficiente y escaso.
Y lo que es peor aún. No contentos con la intervención y control de precios, las autoridades comunistas vuelven a las andadadas, y anuncian “acciones para el control del cumplimiento por parte de las autoridades competentes, la población tendrá el derecho de exigir el cumplimiento de los mismos y en caso de violaciones, denunciarlas por las vías habilitadas (sitio web, teléfonos, redes, etc.) La violación de los precios por parte de los transportistas será causa de cancelación de su Licencia”. En suma, delaciones, represión y persecución de aquellos profesionales que solo quieren ofrecer un servicio de transporte a la población necesitada del mismo. Lo que tal vez habría que hacer es cerrar ese infausto consejo de administración provincial. Los cubanos deben saber que otro modelo de política económica existe.

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