Las mipymes como instrumento al servicio de la economía comunista cubana

Elías Amor Bravo economista 

Ya se han desvelado las cartas. Nadie debe llamarse a engaño. La Mesa redonda del miércoles 11 ha dejado bien claro que las mipymes serán autorizadas en Cuba en la medida que contribuyan al sostenimiento de la economía estatal, sobre todo de las ineficientes empresas estatales. De perfeccionamiento, nada. De sometimiento al estado comunista, todo. A falta de conocer con detalle la letra de los decretos y decretos leyes y resoluciones, los que aspiran a que Cuba regrese a un escenario parecido al que había antes de la "ofensiva revolucionaria" de 1968 no deben hacerse ilusiones. El ejercicio del derecho a la libre empresa en Cuba sigue estando en manos del estado comunista. No se va a desprender fácilmente de él.

En la Mesa redonda, junto a Randy Alonso, participaron los responsables de las nevas normas: Alejandro Gil ministro de economía, Meisi Bolaños ministra de finanzas y precios, Marta Elena Feitó Cabrera, respectivamente, y la viceministra de economía, Johana Odriozola.

Nada más comenzar, el ministro dijo que la aprobación de las normas no tiene que ver con las protestas sociales del 11-J. Y lleva razón, pero solo en parte.  Es cierto que de este asunto se está hablando desde hace años, e incluso se había fijado la aprobación parlamentaria de la normativa pero, en ningún momento se había previsto que fuera a entrar en vigor con tanta celeridad.

Este es un escenario parecido al que trajo consigo la Tarea Ordenamiento, que después de haber dormido dos décadas esperando su momento, llegó de forma acelerada y en el peor posible, tras la grave crisis del coronavirus en 2020. Es como si los dirigentes castristas quisieran ellos mismos meterse en líos, con planteamientos absurdos e irracionales, y elecciones irresponsables, que lejos que mejorar la vida de todos los cubanos, la empeoran.

Por otra parte, Gil miente cuando justifica la Tarea Ordenamiento como requisito previo para avanzar en el perfeccionamiento económico por la existencia de los dos tipos de cambio. Eso es falso y él lo sabe. El ordenamiento fue una imposición política y partidista ante el congreso comunista de mayo. La “distorsión tremenda” a la que aludió el ministro Gil por las dos monedas en circulación se mantuvo dos décadas y en ellas, hubo de todo, crecimiento, estancamiento, recesión y crisis. No es cierto que hubiera que adoptar la Tarea Ordenamiento para que se pudieran crear la mipymes en la economía cubana.

Después dijo que el perfeccionamiento de los actores económicos está  “prácticamente en su punto de concreción”, y su objetivo es “prepararnos para aprovechar todas las potencialidades internas del país, todo el talento formado por la revolución durante tantos años, las reservas que podemos explotar en función de respaldar una diversificación de la producción nacional y un crecimiento económico con el mínimo de componente importado”.

Según el ministro Gil, “el crecimiento económico debe estar basado en el incremento de la producción nacional, que no esté sustentada en un crecimiento de las importaciones sino en aprovechar más las reservas internas”. Y es aquí la clave por donde hay que interpretar las medidas ya que el perfeccionamiento de los actores económicos no se limita a las mipymes, al trabajo por cuenta propia y a las cooperativas, sino que impacta también en la empresa estatal,  que en varias ocasiones calificó como “el principal actor económico”.

Es decir, las nuevas normas apuestan por un diseño de encadenamiento productivo del sector no estatal con el estatal para lograr la eficiencia de la empresa estatal socialista y a que esta se convierta en el motor impulsor de la economía. Formuladas estas precisiones, el ministro hizo referencia a la aprobación de una serie de medidas para dotar de mayor autonomía a la empresa estatal, como la eliminación de la obligación de aplicar la escala salarial o la flexibilidad de los indicadores directivos y la distribución de utilidades por la vía de ingreso al trabajador.

El ministro reconoció que “hay mucha expectativa” sobre las mipymes, reconociendo que es un actor económico que “nos debe dotar de una mayor flexibilidad, que puede aprovechar los recursos endógenos de los territorios; que puede ajustarse a un entorno más flexible, y que va a nacer dotado de una mayor autonomía para la toma de decisiones en cuanto a los precios”.

Y aquí vienen algunas de las características que el gobierno quiere para sus mipymes. Por ejemplo, tendrán solo hasta 100 trabajadores y se han diseñado tanto en el sector no estatal como el estatal, asumiendo que pueden ser transformaciones que dinamizarán la empresa estatal, que tiene ahora la posibilidad de convertirse en empresa filial o formar una “mipyme”, a partir de la separación entre la propiedad y la gestión.

Además, el gobierno quiere a las mipymes en aquellas actividades de interés para el gobierno en ámbitos como el turismo, la actividad en el sector no estatal y la actividad económica en sentido general, sin aclarar como se podría producir ese ajuste.

El ministro reconoció que en el sector estatal, aparecen a partir de las normas la empresa filial o como micro, pequeña y mediana empresa, lo que supone un rediseño de la estructura más tradicional que del sistema empresarial en los últimos años, formada por OSDE, empresa y UEB. Con este nuevo diseño, el ministro afirmó que se pretende aumentar la separación entre los ministerios de Finanzas y Precios y de Economía y Planificación,  con las empresas, estableciendo un modelo de relación menos administrativo que si no ha podido avanzar más es por la situación de la economía en el último año y medio. 

Otro aspecto de interés se refiere a la creación en el ministerio de una dirección para el proceso de regulación de actores económicos, que no será de asignación sino para la regulación, fomento y diseño de políticas públicas. Más intervencionismo. Asimismo, está prevista la constitución de un Consejo Nacional de Actores Económicos como órgano de consulta, un espacio de concertación, integrado por organismos de la Administración Central del Estado, y participa el sector académico, que busca el desarrollo, el diseño, la elaboración y la asesoría del Gobierno en materia de elaboración de políticas públicas para lograr un mayor armonía en el encadenamiento. El control se refuerza de forma importante con este tipo de "consejos".

Según el ministro, con las nuevas normas se pasa de una función más de regulación, de asignación de recursos, a una función un poco más global, de cómo se busca una armonía para sacar el máximo provecho del diseño que tiene el país para el funcionamiento de su sistema empresarial estatal y no estatal. Las normas pretenden crear las condiciones favorables para poder avanzar con celeridad en el reordenamiento del sector empresarial y el encadenamiento del sector estatal con el no estatal y reconoció las expectativas que tiene “el pueblo” de este proceso, al que no se puede defraudar.

El trabajo por cuenta propia quedará, esencialmente, para una actividad de hasta tres empleados, por tanto, todos aquellos negocios preexistentes hoy que excedan esa cantidad de contratados, tendrán que optar por mipymes o por cooperativas no agropecuarias.

Esta obligatoriedad e imposición de una determinada forma jurídica a lo que funciona en la actualidad marca un mal comienzo, por cuanto va en contra de la libertad de elección del emprendedor. No hay ninguna razón que justifique, como dijo la viceministra Odriozola, que las CNA demandan como mínimo tres personas asociadas, como “una asociación voluntaria de personas que tienen en común la voluntad de cumplir un interés social y satisfacer necesidades económicas y sociales”.

Las nuevas normas jurídicas pretenden eliminar limitaciones existentes pero el desarrollo de las mismas va a complicar más las cosas, al convertir en cooperativas a otras entidades que antes no lo eran o no entraban en sus planes dicha forma organizativa, por muy favorable que sea el régimen tributario. 

En concreto, al referirse a las mipymes se explicó que podrán existir las privadas, estatales y más adelante las mixtas (la fusión de las primeras), con regulaciones propias, pero todas con formas de gestión similares. El elemento que las distingue es ¿quién es el dueño?: en el caso de la mipyme privada el dueño es una o varias personas naturales, mientras que en la estatal el dueño o los socios es el estado.

Y al respecto Odriozola indicó que no es lo mismo ser un dueño persona natural que un dueño Estado, de modo que se ha tenido que concebir un diseño para las mipymes estatal que tiene que ver con una transformación en el sistema empresarial estatal y la estructura actual. Algunas novedades, señalan que las mipymes en Cuba pueden tener un único socio, ya sea una persona natural o el estado, lo cual rompe con el concepto que plantea que, como mínimo, debían asociarse dos personas. 

La diferencia entre las mipymes  y las cooperativas se encuentran en la forma jurídica diferente, una sociedad de responsabilidad limitada, que tiene componentes propios en su funcionamiento a partir de las aportaciones de los socios. En cambio, para la mipyme estatal se ha diseñado un socio estatal que puede ser una empresa estatal, una OSDE, o una “unidad presupuestada instrumental”, una estructura cuya única función es ser dueño en aquellas mipymes estatales que sean de tipo locales.

A tenor de lo expuesto, el representante del socio estatal no tiene que ser necesariamente un empleado en una empresa estatal o en el gobierno, sino que puede ser un experto, un profesor o un jubilado, quienes se encargarán, esencialmente de las inversiones fundamentales y de qué hacer con las ganancias, por ejemplo. De ese modo, se podrá continuar separando la propiedad de la gestión. La función de las OSDE es más administrativa, un aparato que cumple funciones de regulación y control, y no de dueño. Incluso se permitirá mipymes estatales cuyo socio sea un ente presupuestado nacional, como universidades y centros de investigación.

La viceministra dejó bien claro que todo el proceso de aprobación y autorización de mipymes y cooperativas no agropecuarias corresponde al Ministerio de Economía y Planificación, y ya se verá si el mismo acaba funcionando de forma flexible, rápida, sin excesos burocráticos o sombras de corrupción. Han indicado que habrá una plataforma digital en la que las personas se podrán inscribir y llenar todos los datos que se están pidiendo, pero la decisión final es ministerial. Un rango jerárquico excesivo para autorizar la entrada en funcionamiento de una empresa.

La plataforma digital del ministerio estará interconectada con la ficha única del ciudadano, lo que permitirá actuar con celeridad, comprobando que la persona es mayor de edad y que es residente en Cuba, así como con la base de dato de la Oficina Nacional de la Administración Tributaria para verificar el número de contribuyentes.

Hay una previsión del gobierno que, en un primer momento, los nuevos actores procederán de negocios preexistentes, y en el caso de aquellos que nazcan desde “cero”, la revisión tardará un poco más. Una vez que estén los estatutos y la documentación necesaria el próximo paso es ir al banco porque estos actores tienen que crearse con una cuenta de aportaciones iniciales. En ese sentido, las personas no tienen que acudir al banco, sino que el banco va a crear una cuenta cuando tenga la autorización del MEP, y lo único que tienen que hacer las personas es una transferencia del capital mínimo que han reconocido.

El gobierno no solo controla el proceso, sino que ha establecido una serie de actividades “priorizadas” para autorizar las mipymes privadas: producción de alimentos, los proyectos de desarrollo local privados o estatales, los negocios de base tecnológica y los que han exportado a través de entidades empresariales estatales, y los negocios que tienen como concepto la economía circular, o sea, que usan recursos propios del país, que no llevan importación y lo que hacen es producciones a partir del reciclaje. Más  o menos lo mismo que Soberón planteó para captar la inversión de los cubanos de la diáspora en Cuba.