La venta a plazos y la venta en garajes no sirven para aumentar el comercio en Cuba

Elías Amor Bravo, economista 

Era algo anunciado. La prensa oficial ya no se corta al reconocer el desabastecimiento de productos en el sistema mayorista del comercio y, consecuentemente, en los establecimientos de venta minorista en el país, lo que afecta a la vida cotidiana de la población. Al mismo tiempo, Díaz Canel anuncia una guerra contra los revendedores de medicamentos. La penosa situación en que viven los cubanos el día a día, no da para más. En un contexto como este, cualquier cosa puede ocurrir.

Lo curioso es que nadie atribuye al gobierno comunista responsabilidad alguna del caos en que se vive. Para nada. Se suele culpar, entre otros, a “una propia situación económica que atraviesa el país”, como si Cuba fuera un caso excepcional o raro a nivel mundial, y por supuesto, “al bloqueo económico de Estados Unidos, también a la pandemia de la COVID-19, a las ineficiencias que todavía arrastra la industria nacional, la falta de materias primas para incrementar producciones”, e incluso, se cita un sentimiento de inercia implantado en algunos actores económicos que, y aquí viene lo mejor al afirmar que estos actores, “pudiendo obrar diferente, apuntan sobre los mismos esquemas ya vencidos”. ¿Vencidos?

Ni una sola referencia a la responsabilidad del gobierno comunista que se empeñó en aplicar una política económica absurda, la Tarea Ordenamiento, y que fue advertido por numerosos especialistas del daño que podría causar dicho empecinamiento. Un gobierno que solo obedeció a motivaciones políticas derivadas de un congreso de partido en que había que presentar los deberes hechos. Incluso aunque la política supusiera los daños que acabó causando en la mayoría de la población.

Uno de esos efectos perversos, que se han visto agravados, es el desabastecimiento crónico del sistema del comercio interior, que anda sin dar respuesta a las necesidades de los consumidores y sin tener productos o servicios para distribuir. En algunas actividades, como los medicamentos, la población no ha tenido más remedio que organizar actividades comerciales informales para atender a sus necesidades.

Y Díaz Canel advierte de que "se tomarán represalias a los que practique estas actividades, y todo tipo de medidas para perseguir estos comportamientos". Si estas amenazas se llevan a cabo, lo que ocurrirá es que se reducirá más la oferta existente de medicamentos, y se hará más difícil para  la gente conseguir aquello que necesitan. La conclusión es que cada vez que el régimen habla del perfeccionamiento de sus esquemas de trabajo o de modernizar una determinada actividad, lo que consigue es empeorar más la situación económica y provocar un mayor malestar en la gente.

Y por ello, las modalidades de comercio aprobadas recientemente como la venta a plazos o la venta en garajes parece que están pasando sin pena ni gloria, y al menos de momento, no han tenido el impacto que el régimen esperaba.

La prensa oficial afirma que la venta de garaje es “una práctica internacional”, pero lo cierto es que en España, y en numerosos países europeos que he visitado, nunca he visto estas “prácticas internacionales”. La gente compra en establecimientos bien surtidos y salvo casos concretos, esa venta de garaje no existe. Y lo que parece es que el régimen ha querido con esta medida dar continuidad a prácticas que ya se venían realizando en algunos lugares del país, de manera informal, y sin respaldo legal. La resolución 97 del ministerio de comercio legaliza esta actividad en Cuba y permite disponer una forma de poner productos a la venta, a partir de las propias personas naturales.

Las autoridades, en su intento de hacer crecer esta actividad, ha permitido que se pueda ejercer por cualquiera, aclarando su carácter de comercialización eventual, sin necesidad de inscripción en el registro comercial, y con el único permiso de las autoridades municipales que cobran una tasa de 50 pesos para el presupuesto del territorio, que se decide por el gobierno local.

Estas ventas se pueden hacer en los domicilios de las personas que promocionan las mismas, es decir, garajes, portales y otras áreas residenciales, que no obstruyan el tránsito por aceras y vías. También está la posibilidad de que los gobiernos municipales puedan agrupar varias solicitudes, bajo el mismo concepto de comercialización, y organizar entonces determinadas ferias en un mismo espacio, como plazas o parques, recuperando algo parecido a lo que podrían ser los “mercadillos”. Es curioso, por ejemplo, que se autorice el uso de las redes sociales como medio para anunciar o promocionar esas ventas de garaje, pero no como plataforma para gestionar la comercialización de las prendas o artículos. Una de cal y otra de arena.

La otra apuesta comercial del régimen es la venta a plazos de la resolución 99 del ministerio, que incorpora nuevas modalidades de pago, que permitan al acceso de la población a ofertas de bienes duraderos, sin la intermediación de una entidad financiera. La propia norma define cuáles son las mercancías que pueden venderse bajo esta nueva modalidad: muebles, colchones, equipos electrodomésticos, bicicletas y otros artículos industriales. No hay más. Esta limitación es un aspecto que cercena el desarrollo y expansión de esta modalidad en el conjunto de la economía.

La prensa oficial reconoce alguna confusiones en la norma, y así cuando se dio a conocer la información, muchas personas entendieron que la referida disposición incluía a las cadenas de tiendas, y que, en dicha red, iban a poder comprar a plazos aquellos bienes que superaban el valor de 2.500 CUP. Pero realmente, las ventas a plazos se ejecutan solo en aquellos establecimientos del sistema de comercio minorista de subordinación local y, por ende, no se comprende a las cadenas de tiendas. Se pensó también en los mercados industriales, que sufren igual o más, el desabastecimiento del sistema minorista, pero el ministerio acabó reconociendo que carece de recursos para cubrir una demanda real bajo esta nueva modalidad de venta.

Una vez más, las autoridades comunistas se lanzan a una piscina sin agua, y sostienen que “no es un sinsentido aprobar la medida, ya que los actores en el sistema del comercio tienen indicaciones, desde tiempo atrás, de establecer relaciones contractuales con el sector no estatal, siendo una opción válida para ofertar artículos como muebles y juegos de comedor que elaboran los cuentapropistas”.

No parece que la venta a plazos, tal y como ha sido concebida, sirva para incrementar la producción para atender la demanda, y asegurar una oferta sostenible en los mercados. Cierto es que se ha dado el primer paso, estableciendo las condiciones legales para la actividad, pero ello no parece que el modelo aprobado sea adecuado y suficiente, teniendo en cuenta que los recursos del sistema comercial para financiar las ventas, son limitados. Y, además, existen dudas sobre la agilidad de los procesos que se exigen en la norma, y la burocracia administrativa que permita realmente a esta actividad entre personas, prosperar. Ya lo dijimos en su momento, no conviene comprar el cántaro antes de la vaca.