Calidad de la tierra e impuestos a los arrrendatarios: otro desastre se avecina

Elías Amor Bravo, economista
No hace falta investigar mucho. Cada día nos encontramos demostraciones más que evidentes del fracaso del modelo económico castrista, y al mismo tiempo, decisiones de los dirigentes que, lejos de situarse en la línea correcta, se apartan de lo que debería ser cuanto menos razonable.
Esta vez hago referencia a un artículo publicado en Granma de hoy, en el que se hacen eco de lo que llaman “situación actual que presentan los suelos en el país”. Los datos son alarmantes y no admiten discusión.
SITUACIÓN ACTUAL DE LOS SUELOS EN CUBA
- Muy productivos: 5,4 %.
- Productivos: 17,8 %.
- Poco productivos: 30,8 %.
- Muy poco productivos: 46 %.

FACTORES LIMITANTES QUE AFECTAN LOS SUELOS:
- Erosión (de fuerte a media).
- Mal drenaje.
- Baja fertilidad.
- Bajo contenido de materia orgánica.
- Baja retención de humedad.
- Compactación.
- Salinidad y sodicidad.
- Pedregosidad.
Según estos datos, menos de la cuarta parte de los suelos destinados a usos agrícolas, un 23,2% del total se consideran productivos. Por el contrario, el 76,8% se califican de poco o muy poco productivos. ¿Quiere esto decir que la calidad del suelo es un condicionante de la producción agrícola? Antes de 1959 no ocurría así. Es cierto que el paso de los años puede provocar un cierto agotamiento de la capacidad productiva de un recurso natural, como es la tierra. Pero la comparación se nos antoja incomprensible. Y además, cuando se presentan lo que llaman “factores limitantes” que afectan a los suelos, la mayoría tienen su origen en un deficiente tratamiento, como por ejemplo, mal drenaje o compactación, pedregosidad o baja retención de humedad. Del resto de factores, como erosión, baja fertilidad, salinidad, etc, se puede pensar que guardan menor relación con la intervención humana. Pero la realidad es que nos encontramos con una economía cuyos suelos son de poca productividad y lo que es peor, el origen de este mal se encuentra en la indolencia del sistema productivo.
No lo dice Granma, pero es casi seguro que la mayor parte de ese suelo improductivo tiene su origen en las expropiaciones comunistas, que robaron a sus legítimos propietarios las tierras que antaño habían sido altamente productivas. El estado se hizo dueño de la mayor parte de la tierra a partir de 1959, pero los planes, las campañas y la propaganda trajeron consigo los lodos actuales de calidad de los suelos. El guajiro cubano sabe que al surco hay que darle cariño, y dedicar todos los días trabajo. Cuando un estado intervencionista se olvida de estas cosas, los males no tardan en llegar.
De nada sirve sacar los pies del tiesto. Los problemas de los suelos son consecuencia de la falta de acción del gobierno castrista, dedicando los recursos escasos a otras actividades y cercenando el potencial productivo del campo cubano. Y de nada sirve alarmarse con el cambio climático, el incremento de la temperatura provocado por los gases de efecto invernadero, porque siendo como son asuntos importantes, la clave está en un suelo improductivo y mal trabajado.

Me llama la atención que en Granma hacen referencia a la creación de unas “ciencias del suelo, una materia que está encaminada a dar respuesta y encontrar caminos alternativos a la situación en esta área”. Incluso, han desarrollado un “Congreso Internacional de Suelos 2018”, tan dados como están los comunistas a gastar dinero en certámenes de este tipo. Sinceramente, yo creo que no hace falta tanto. Con preguntar a algún guajiro cubano de Hialeah tienen bastante, y si no, que se lo pregunten a los supervivientes de aquellas expropiaciones que se tuvieron que conformar con unas pocas caballerías alrededor de sus casas. Ellos saben mejor que nadie lo que se tiene que hacer.

Lo que es evidente, a la luz de los resultados, es que la acción del régimen castrista, y sus iniciativas, como “el Programa de Producción de Abonos Orgánicos y Biofertilizantes; y el Programa Nacional de Conservación y Mejoramiento de los Suelos, del Ministerio de la Agricultura” no sirven. Simplemente, no funcionan. Y los resultados en materia de suelos son una señal de alarma a la que se tiene que atender cuanto antes. Erosión, acidez, alcalinidad, salinidad y baja fertilidad de los suelos no se arreglan con planes y declaraciones más o menos bien intencionadas, sino con trabajo duro, derechos de propiedad de la tierra para todos los cubanos, libertad de empresa para decidir qué producir y cuánto. En definitiva, otro marco institucional diferente al actual para la actividad agraria en la que el estado, como manifiesto incompetente de su actividad, se debe retirar poniendo la gestión en manos privadas plenamente.

La segunda alarma, relacionada con la anterior, es el anuncio del régimen de iniciar en julio la recaudación por el temido impuesto sobre “tierras ociosas”. Desde el año pasado, los arrendatarios que pelean contra el marabú en las tierras entregadas por el estado para su explotación, han estado preocupados por la entrada en vigor de un impuesto que es absolutamente injusto e incomprensible, y que además, es contrario a los objetivos que persigue.

El régimen anunció que los campesinos privados con tierras ociosas deberían pagar un nuevo impuesto por este concepto, un tributo que se extendería en enero de 2019 a todo el sector. La determinación del pago se realiza por el Ministerio de agricultura a partir de un "diagnóstico" de las tierras ociosas. Este es el principal foco de temor, sobre todo cuando se ha conocido la información sobre la mala calidad de los suelos agrícolas. La cuestión que se tiene que dilucidar es si las tierras ociosas lo están por un deficiente estado de las mismas, lo que no justifica el trabajo fijo que se tiene que realizar, o si por el contrario obedece a otros motivos, difíciles de precisar.

El importe, entre 45 y 180 CUP por hectárea, es elevado y su traslación será difícil. Lejos de facilitar la actividad privada en la agricultura, al régimen se le ha ocurrido justo lo contrario, cobrar más impuestos bajo la presunta justificación de la necesidad que las tierras se cultiven todas. Cualquier estudiante de los primeros cursos de economía sabe que fijar tributos a una actividad que comienza su andadura puede suponer graves contratiempos. Los 151.000 usufructuarios de tierra que cultivan 1,2 millones de hectáreas propiedad del estado, se enfrentan a una disyuntiva. O cultivan las tierras, en cuyo caso no pagan el impuesto, aunque la productividad sea escasa, o no lo hacen, lo que posiblemente les obligará a cerrar la actividad.

Mientras tanto, entre experimento y bobería, la isla necesita importar más de 2.000 millones de dólares al año para los alimentos que consume, la mayor parte procedente de EEUU a pesar del embargo. Si a ello se añade las cosechas que se abandonan en los campos por la desidia de Acopio, el sector no puede estar peor. El bajo crecimiento de la actividad agrícola es un buen ejemplo. La política de precios topados, hacia atrás, está creando más problemas a los productores, que no obtienen la rentabilidad esperada de sus producciones, lo que vacía los mercados, incluso los que venden en CUC. La pregunta es ¿quién va a poner remedio a todo este desastre?

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