La batalla contra la corrupción de la Contraloría

Elías Amor Bravo, economista

Durante años hemos sabido que la economía castrista es una precaria construcción con pies de barro que, en el momento menos pensado, se viene abajo. Desde que la llamada “revolución” trastocó los sistemas de derechos de propiedad y gestión empresarial a comienzos de los años 60, las cosas empezaron a ir mal. De aquellos tiempos, todavía se recuerda al Che Guevara acusando a los contables de realizar un trabajo que no era útil para la revolución, a la vez que ponía patas arriba las empresas nacionalizadas y los principales activos económicos del país.

Aquellas lluvias torrenciales que la subvención soviética, lejos de apaciguar, contribuyó a aumentar más aun sus males estructurales, han devenido en los actuales lodos que la señora Bejarano quiere limpiar con su llamada Contraloría. Y de ese modo, al presentar los resultados de la “XII Comprobación nacional al control interno”, declaró la famosa frase “no hay ni habrá espacio para la impunidad”, en un claro mensaje de lo que viene después.

Vaya por delante que en cualquier economía de mercado libre, las empresas son auditadas en sus cuentas porque con ello certifican la información contenida en las mismas y los agentes económicos pueden tomar decisiones con el máximo nivel de información. En Cuba, al parecer, este tipo de prácticas habían sido olvidadas, pero desde que Raúl Castro llegó al poder instituyó los controles encargándolos a la Contraloría. Y ahí siguen.

Esta entidad, que se queja de poco personal y que ha tenido que utilizar a estudiantes en servicio social obligatorio para realizar el trabajo de campo, en poco más de mes y medio, sobre una muestra de 361 actividades, ha estimado en 1.057.065 miles pesos en la llamada moneda total (que incluye tanto el CUP como el CUC) los daños económicos provocados por las diferentes irregularidades detectadas.

Por si alguien no lo sabe, estamos hablando del 1,5% del PIB de la economía. Una cifra elevada, que muestra el absoluto descontrol que existe en la gestión de las empresas y entidades, entre las que se citaron “las dificultades en el control y uso de los inventarios, la contratación económica, las cuentas por cobrar y pagar, los registros relacionados con el combustible y los pagos a privados”.

¿Qué está pasando realmente en la economía cubana? ¿Nos podemos creer estas cifras?

Vaya por delante que los problemas que más se han detectado en las inspecciones se encuentran, básicamente, en los “inventarios de lento movimiento”, que según la señora Bejarano, afecta al 83% de los organismos visitados. El concepto de inventarios de lento movimiento es un fenómeno curioso de la economía castrista, difícil de observar en otras economías del mundo. Parece que en algunas empresas y entidades el género se encuentra almacenado, sin dar la oportuna salida, y manteniendo una rotación que, al parecer, no se corresponde con las necesidades de los procesos productivos o la demanda que va a atender.

Mantener inventarios lentos, elevados y ociosos es un ejemplo de gestión deficiente, porque los costes financieros aumentan de forma exponencial con el paso del tiempo. La gestión en la empresa privada, de cualquier dimensión, consiste en operar con el nivel mínimo de inventarios, dando salida a los productos con la máxima rapidez, exigiendo a los proveedores un compromiso en el suministro para evitar roturas en las líneas. No estoy de acuerdo que este problema en la economía cubana se deba, como dice la señora Bejarano, “a la falta de gestión de los directivos, a errores en la clasificación, ineficiencias en los contratos y la falta de ciclos de reaprovisionamiento”.

El problema es mucho más complicado, y tiene que ver con el sistema económico jerárquico y centralizado que existe en el país, que elimina cualquier ejercicio de autonomía y decisión, por cuanto toda organización de la economía está sometida a la dirección del estado, que tiene la última palabra en todo. A pesar de que el régimen ha otorgado a algunas empresas mayor autonomía, separando funciones, todo esto es inútil si varias generaciones de gestores cubanos han sido educados en la obediencia al estado y al partido, al ministerio o al organismo superior al que pertenece su empresa. Esa dependencia genera parálisis, incapacidad para tomar decisiones rápidas y eficaces. No es extraño que los inventarios no se muevan con la necesaria agilidad.

Estoy convencido que el retorno a un sistema de derechos de propiedad privada y de libre empresa provocaría la desaparición de este tipo de problemas, y las “dificultades en la contratación económica, las cuentas por pagar y por cobrar y el uso eficiente de los combustibles y los portadores energéticos” pasarían a ser una anécdota conforme las empresas puedan elegir libremente a quién vender, comprar, en definitiva, con quién hacer negocios, sin que alguien tenga que supervisar y dirigir esos movimientos. La libertad económica corrige muchos de esos problemas.

Lo mismo se puede afirmar respecto de lo que la señora Bejarano llama “pagos indebidos”, que ocupó buena parte de su informe sobre los resultados de la inspección. Resulta que en Cuba, por mor de sus estructuras de funcionamiento, se considera que “en ocasiones se realizan pagos a personas que no tienen licencias para ejercer la actividad, o se les paga por servicios no realizados”. Lo primero es fácilmente subsanable. Lo segundo es más complicado, pero también se puede arreglar con los controles adecuados dentro de las empresas.

El concepto que me preocupa es el de “pagos indebidos”, de la misma forma que en Cuba todavía se considera un delito que alguien, con buena competencia de escritura, pueda ejercer la actividad periodística, por citar un ejemplo. Esa obsesión por controlar toda la actividad económica es un ejemplo de prácticas estalinistas, que son responsables directas del pésimo funcionamiento de la economía, y no hacen otra cosa que cerrar el paso a la poca actividad por cuenta propia autorizada por el régimen. A la vez que, con ello, se lanza un aviso a navegantes sobre consecuencias de sus actuaciones.

Porque, por mucho que la Contraloría se esfuerce en señalar que “el control no puede ser  por temor, sino que tiene que ser un ejercicio de conciencia, por responsabilidad”, otra cosa es lo que piensa mucha gente en Cuba, que tienden a contemplar estas actuaciones como otro instrumento más al servicio de la maquinaria represora, en este caso de la economía, totalmente contraria al ejercicio de los derechos humanos económicos.

En numerosas ocasiones hemos valorado positivamente todo lo que signifique perseguir los delitos, pero la Contraloría estará de acuerdo que solo haber detectado 47 presuntos delitos de un total de 361 actividades inspeccionadas, arroja una cifra muy baja, que posiblemente ni siquiera merezca la pena dedicar atención. La experiencia confirma que la actividad económica privada, cuando funciona con reglas simples y estables, en libertad, es mucho menos corrupta e ineficiente que la pública.