El comercio cubano sin modelo ni proyecto de futuro

Elías Amor Bravo, economista

En el balance anual de la gestión del Ministerio del Comercio Interior, Díaz-Canel dio una de cal, al pedir que “nuestro comercio sea capaz de acercarse más con su oferta a las necesidades que tiene la población y que esto, a su vez, se haga con la calidad y eficiencia requeridas”, y otra de arena, al señalar que se trata de “un sector que acumula incumplimientos, cadenas de impagos e insatisfacciones en el servicio”. Lo primero está bien, pero no la forma de implementarlo. Lo segundo es un atavismo que es necesario superar cuanto antes. Por el bien de todos los cubanos.

La obcecación castrista con el comercio no es nueva. Viene de los orígenes mismos de la llamada revolución, cuando a partir de 1959 comenzaron las confiscaciones masivas de empresas, comercios y almacenes de los intermediarios, y sus propietarios y directivos convertidos en proscritos, perseguidos. Muchos de ellos tuvieron que emprender la dolorosa huida al exilio. Estos robos de la propiedad privada en el comercio cubano continuaron en el tiempo, hasta que con la llamada “ofensiva revolucionaria” todo el comercio en Cuba pasó a manos del estado. Y así, desde entonces.

Al desaparecer la iniciativa privada de un sector fundamental para satisfacer las necesidades de la población e irrumpir el estado con todos sus defectos y falta de eficiencia en la logística comercial, los cubanos han tenido que soportar durante 61 años las libretas de racionamiento, canastas normadas, largas e inútiles colas, ausencia de productos en los mercados, bodegas vacías o precios astronómicos de determinados bienes y servicios en las tiendas en divisas. En el comercio ideado por el régimen castrista, la perspectiva del cliente ha supuesto para los cubanos tener que “resolver”, un término que dice mucho de lo que significa poder comprar aquello que se quiere en Cuba.

Y en eso han pasado seis décadas. Como dice una nota en Granma sobre el “balance”, en la tarea de “ordenar y perfeccionar los procesos en el comercio interior, priorizando el ordenamiento y control financiero, relacionado sobre todo con la circulación mercantil minorista y la satisfacción de la demanda interna de bienes y servicios”. Una proclama que choca con la dura realidad. El resultado es bien conocido, y si no que le pregunten a los cubanos por los precios de los automóviles nuevos o usados que se han dado a conocer por Cimex recientemente, o los precios del servicio de Nauta para las comunicaciones por internet.

Por eso, Díaz-Canel pierde toda su credibilidad como gestor, cuando plantea ante el numeroso grupo de dirigentes que le acompañaron en el balance del comercio, que “debemos identificar las trabas que todavía persisten en la economía y poner a la empresa estatal socialista en el mismo margen de éxito, que hoy tiene el sector no estatal”.

Mal camino el elegido. La empresa socialista es el origen de todas las trabas y nunca podrá tener el mismo éxito que la privada, porque sus fines, organización, comportamiento, gestión y recursos se orientan por criterios completamente distintos. Y eso, en el comercio, se ve mejor que en ningún otro sector de la economía. No existe país en el mundo que apueste por empresas estatales en el comercio, todo lo más, algún mayorista con amplia participación privada y de gestión. Pero el comercio minorista, es todo privado y a nadie se le ocurre meter el estado en dicha actividad.

La razón es muy simple y fácil de entender. Las empresas estatales no funcionan con el objetivo de ganancia de dinero. En el diseño de una economía mixta, con participación privada y pública, la empresa estatal atiende determinados bienes o servicios en los que el mercado no entra, por cualquier razón, o donde el monopolio natural permite que lo estatal funcione mejor que la actividad privada. Y por tanto, el objetivo de rentabilidad pasa a un segundo plano.

Querer, como pretende Díaz-Canel, que el universo de la economía, y en concreto, el sector estatal, se rija por la acción de la empresa estatal carece de sentido y se ha podido comprobar que no es eficiente.

Por otra parte, obsesionarse con presuntos hechos delictivos y de corrupción de la actividad privada, tampoco tiene mucho sentido. No es cierto que la empresa privada siempre esté orientada a este tipo de prácticas. Pueden existir casos concretos, pero nunca la generalidad. Por ello, es muy recomendable revisar las normas de funcionamiento, más que acentuar las labores de inspección y control, porque ahí si que se puede destrabar y mucho a la economía.

En efecto, todo lo que signifique “conciliar diariamente los suministros que entran, lo que se vende y lo que se ingresa; medir con indicadores más precisos la gestión empresarial; diversificar los servicios y las ofertas de consumo; reanimar centros y lograr que estos sean sostenibles; gestionar los inventarios ociosos y explotar aún más la posibilidad de su venta mayorista enfocada en el sector no estatal” debe ser bienvenido y estimulado por medio de prácticas mercantiles flexibles y adaptadas al funcionamiento del comercio. Pero ¿es que acaso estas actividades no se ejecutan diariamente por las empresas estatales cubanas en el ámbito del comercio? Si la respuesta es no, entonces se comprenden muchas cosas. Mal asunto.

En relación con el comercio electrónico, la cuestión es la misma. Querer construir la casa empezando por el techo suele tener un pésimo final. Por supuesto que es importante tener plataformas digitales, actualizarlas, generar contenidos y propiciar la interacción con los usuarios como dice Díaz-Canel. Pero es mucho más importante que haya bienes y servicios para comerciar, que existan productos que se puedan ofertar a la población en el comercio porque en caso contrario lo que nos vamos a encontrar es muchas plataformas online vacías, que acabarán igual de desabastecidas que las viejas bodegas semi derruidas de La Habana vieja.

De modo que el balance del comercio nos ha dejado un cierto sabor agridulce. Bien está apostar por el comercio, pero nunca se debe hacer con la empresa estatal. Ese camino, explorado durante 61 años, no lleva a ningún sitio. Incluso, a estas alturas de la historia, reivindicar la canasta familiar normada como un instrumento de atención a las familias, no tiene sentido, como cabe constatar de su composición y calidad. Los subsidios millonarios que se dedican a la misma podrían tener otros fines, mientras que a las empresas se les otorga la máxima flexibilidad para producir. Esa es la verdadera batalla económica que hay que afrontar en Cuba, la del realismo.