En defensa de los conductores de "almendrón" habaneros

Elías Amor Bravo, economista

Granma recorre las calles de La Habana “para comprobar los contratiempos que enfrentan los habaneros para viajar en los almendrones”. Asombroso. No conformes con dejar caer sobre estos profesionales una reforma administrativa y fiscal sin precedentes, ahora se dedican a desacreditarlos públicamente. El siguiente paso de los comunistas ya sabemos cuál es. Esperemos que no llegue.

Es inquietante que el diario oficial del régimen castrista se dedique a analizar lo que llaman “contratiempos que enfrenta la gente en La Habana para viajar en los almendrones”. Sinceramente, si yo fuera un profesional con licencia estaría preocupado, por la broma infame y de muy mal gusto, consistente en comparar el servicio de la capital con la película Christine, en la que Arnie Cunningham y su viejo vehículo, un Plymouth 58, parecido a alguno de los que circulan por La Habana 62 años después, insisten en crear dificultades a cuanto ser humano se les aproxime. Es para pensar.

Los profesionales del transporte en La Habana hacen lo que pueden por sobrevivir. Merecen nuestro reconocimiento. Son campeones de la libertad económica. Los precios que cobran los establece el régimen. El número de violaciones que se hacen de los mismos no guarda relación con las normas estrictas de control y represión aplicadas por el régimen para impedir que este sector económico prospere. Al final, quién acaba perjudicado es el usuario, que por culpa del gobierno cubano, no tiene un servicio de transporte como el que merece.

El caso de La Habana es de libro. Una ciudad y área metropolitana con más de 2 millones de personas que todos los días tienen que realizar numerosos trayectos por múltiples motivos y que, en ausencia de un servicio público en condiciones (La Habana debería tener un metropolitano desde hace décadas) se ven en la necesidad de contratar a taxistas privados, o lo que sea, para poder realizar largos y penosos recorridos, porque La Habana es una gran capital en extensión, y eso ni los comunistas lo han podido eliminar.

De modo que, ante un servicio absolutamente necesario para la movilidad urbana, al régimen no se le ocurre otra cosa que perseguir y acosar a los profesionales, limitar sus derechos (que los tienen), beneficios y dedicarles artículos como este de Granma, de una retórica insufrible.

La mala praxis, si existe, es responsabilidad única del modelo de transporte existente, y que las autoridades comunistas no han sido capaces de mejorar durante décadas. Quién se dedica al transporte privado tiene unos objetivos, y me consta que estos conductores procuran ofrecer el mejor servicio posible, con los niveles de calidad básicos asociados a automóviles que tienen notables deficiencias por el paso del tiempo. A estos conductores no les interesa quedar mal con sus clientes, porque entonces dejan de utilizar el servicio.

Los turistas españoles que suelen contratar los servicios de estos conductores durante su estancia para poder visitar numerosos lugares, nunca han tenido comentario crítico alguno o queja. La lógica de estos emprendedores privados es completamente distinta de la que tiene el estado comunista, al que le importa un bledo que el cliente pueda elegir con libertad un servicio determinado. Por eso, a las autoridades les interesa desacreditar a los conductores privados de La Habana.

Lo que no entienden los comunistas es que el transportista privado presta un servicio esencial, trasladar viajeros, pero que al hacerlo de forma privada, tiene que conseguir que los ingresos superen a los costes, una regla simple, que las empresas estatales cubanas desconocen, que determina quién puede funcionar y quien no. Por eso, el transporte se presta y de la mejor forma posible, porque el objetivo es satisfacer a los clientes, para que vuelvan.

Todos los casos que se denuncian en el artículo de Granma parecen tan fantásticos como los que se recogen en la película que sirve de referencia. No me creo que el transportista habanero haga el tipo de cosas que se dicen. Eso va en contra de la lógica de su propio negocio.

Las autoridades siguen sin entender muchas cosas. Primero, que cuanto más bajen los precios, menos transportistas ofrecerán el servicio, porque no les resultará rentable pagar la gasolina, las piezas para la reparación de vehículos viejos que se rompen continuamente, y lo que es peor, soportar la asfixiante carga fiscal de la ONAT, que les obliga a trabajar más horas para poder afrontar los impuestos. Si el precio del servicio es muy bajo, los conductores privados no trasladarán viajeros. Así se simple. Si se pretende dar servicio a precio bajo, el transporte público es el que se tiene que potenciar.

Por el contrario, si el precio es muy elevado, el cliente no podrá contratar el servicio. Habrá muchos transportistas parados en las piqueras y la gente viéndolos pasar. Al transportista tampoco le interesa precio elevado. Es el mercado el que regula oferta y demanda. No hace falta ni ministerio ni consejo de administración municipal para este resultado.

Además, en el artículo de presta atención al corredor entre Santiago de las Vegas y La Habana. Y yo pregunto, ¿qué paso con la guagua 76 que circulaba por la calle 2 y con los numerosos servicios que salían de la estación de guaguas de Santiago?¿A dónde ha ido a parar todo eso, que ahora la gente tiene que viajar a La Habana en autos privados?

Aquí es donde está el problema. El abandono del servicio público, que yo conocí y utilicé, es lo que conduce a la situación actual que se trata de magnificar en Granma. Al servicio público se le pueden aplicar precios bajos, por supuesto que sí. Su objetivo no es ganar dinero, sino transportar grandes cantidades de viajeros a los precios más bajos, porque sus costes se financian con impuestos. Este posiblemente sea uno de los destinos más adecuados para la recaudación fiscal de un país.

En Cuba, el gobierno ha olvidado esta acción de prestación de servicio, y el paisaje habanero lo confirma. Los transportistas privados luchan por una libertad en la prestación del servicio, que el régimen comunista no desea que tengan para evitar que crezcan, que ganen dinero, que aumenten la escala de sus negocios. De ese modo, les impone tarifas, tarjeta electrónica para comprar la gasolina para saber lo que compran, fijan recorridos, precios por tramos y capacidad de los vehículos, puntos de recogida de la gente, horarios de prestación, etc, y así no se puede respirar ni funcionar.

El chófer independiente y privado acaba trabajando para el estado como un empleado público más, y lo que es peor, su almendrón se convierte en un negocio con pérdidas. Ya lo decíamos hace unos días en este mismo blog cuando entró en vigor el nuevo reglamento de la Licencias de Operación del Transporte con las normas de regulación de la actividad del transporte privado: era un corsé del gobierno para frenar y controlar la actividad que acabaría creando más problemas que dando solución a las necesidades de la gente.

Cuando en unas semanas los habaneros vean que los almendrones no aparecen, que ya no circulan por las calles de la capital y que se ven obligados a utilizar otros servicios, las rastras o carros de caballos, bicicletas, o caminar, que piensen que el único responsable de la situación es, una vez más y como siempre, el gobierno y su afán de controlar la actividad del transporte privado y evitar por todos los medios que sea un negocio rentable y de futuro. Los transportistas privados de La Habana, enfrentados a un gobierno que los exprime, controla y elimina licencias para callarlos, tienen todo mi reconocimiento. Son unos auténticos campeones en la lucha por la libre actividad económica en Cuba y veo con satisfacción que, a pesar de las vicisitudes, otros se disponen a dedicarse a la actividad solicitando licencias. Les deseo mucha suerte. No se merecen artículos infames como el publicado en Granma, sino todo lo contrario.