Cuba 2020: ¿informatización o digitalización?

Elías Amor Bravo, economista

A estas alturas del siglo XXI y en medio de la cuarta revolución industrial, los comunistas cubanos siguen empleando el término obsoleto “informatizar”, en vez del actual y más moderno “digitalizar”. Los mezclan en ocasiones, lo que da una idea de cierta confusión conceptual. Podría parecer que se trata de lo mismo, pero no es así. Hay una gran diferencia de uno a otro en términos de desarrollo y avance de las nuevas tecnologías.

Esto viene a propósito de dos artículos sucesivos en Granma titulados “Informatizar(nos)…, desde la sostenibilidad y la soberanía tecnológica” en los que de forma, más o menos desorganizada, se presenta un balance de la actual situación de Cuba con relación a internet, telefonía móvil y conectividad.

Los datos ofrecidos dejan entrever que existe mucho camino por recorrer. Tan solo 3,7 millones de usuarios en Cuba acceden a internet por medio de la red móvil, indica que algo menos del 30% de la población tiene esta posibilidad. En promedio, los datos a nivel mundial según la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT se sitúan en un 51,2%, Y hay países en el Caribe, como República Dominicana, que llegan a un 78,2%. Visto desde esta perspectiva, el dato de Cuba deja en muy mal lugar a los responsables de la materia.

Al parecer, Granma ofrece otro dato, relativo a que existen casi 1.600 áreas wifi dentro del país. Bien, se trata de una cobertura relativamente escasa, situadas además en zonas públicas con una baja calidad en la recepción y manejo de datos. Locales privados con wifi hay muy pocos.

Por último, con solo 1,7 millones de cuentas permanentes en Nauta, los niveles de conectividad son muy bajos, pese a que los cubanos se han lanzado abiertamente a las redes sociales y plataformas web, en su deseo por conocer lo que pasa en el mundo y dar a conocer al resto del mundo lo que pasa en Cuba.

A estas alturas del siglo XXI nadie cuestiona el hecho que internet ha venido para satisfacer numerosas demandas a los ciudadanos de todo el mundo y que sus aplicaciones son tantas, que tardaremos décadas en llegar al final. Pero, si se quiere alcanzar ese objetivo, la función de los gobiernos es construir las infraestructuras que faciliten el desarrollo de estas tecnologías, y después, regular con normas eficientes y que no traben la actividad económica, el desarrollo del sector digital.

El hecho de que la informatización en Cuba responda a una estrategia del gobierno, que se aprobó en febrero de 2017, sitúa la máxima responsabilidad del desarrollo de las nuevas tecnologías en el gobierno comunista. En otros países, ese despliegue lo lleva a cabo el sector privado, que cuenta con mucha más agilidad y capacidad de innovación para acometer estas tareas.

Y como viene siendo habitual, el gobierno comunista cubano apoya su política en esta materia, en diversos documentos como la Conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista, el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030: Propuesta de visión de la nación, ejes y sectores económicos estratégicos, además del Lineamiento 108 de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución y el objetivo 52 de la I Conferencia del Partido Comunista de Cuba. Los mismos papeles de siempre, los que envejecidos y obsoletos por el paso del tiempo, aparecen como inmutables para la ideología comunista que los sustenta.

Dicho esto, para los comunistas el principio fundamental de la informatización del país es “aprovechar las ventajas de las tecnologías de la información y las comunicaciones, como herramientas para el desarrollo del conocimiento, la economía y la actividad política e ideológica; exponer la imagen de Cuba y su verdad, así como combatir las acciones de subversión contra nuestro país”. Es decir, a diferencia de otros países, en ningún momento existe un análisis de las necesidades del mercado, propiamente dichas, sino que el esfuerzo tecnológico viene dirigido por unos postulados ideológicos que se han ocurrido a varios dirigentes del partido único, y los implantan de forma obligatoria.

Desde 2017, el sector ha sido objeto de numerosas y variadas normativas sobre la Informatización de la sociedad, el desarrollo de la industria cubana de programas y aplicaciones informáticas, y la defensa del ciberespacio nacional, y las estrategias de desarrollo de la infraestructura de banda ancha en el territorio nacional. Los comunistas no han perdido tiempo en apretar las cinturas a la actividad económica. También se han regulado aspectos relativos a seguridad de las TIC, de las medidas de control, de producción de aplicaciones informáticas y su evaluación, de proveedor de servicios de alojamiento y hospedaje en el entorno de internet, metodologías para la gestión de la seguridad informática y sistemas de inscripción de aplicaciones informáticas, entre otros.

Todo este armazón jurídico, intervencionista y normativo, tiene como finalidad “regular y ordenar el derecho al acceso y participación de las personas naturales y jurídicas en la informatización de la sociedad”, porque esta actividad, como otras muchas en la economía cubana, no es libre, no se basa en la decisión individual y la motivación, sino que está absolutamente dirigida y controlada por el estado que, en algún momento puede ceder alguna atribución a los privados, pero que mantiene el dominio absoluto de la actividad. Esto tampoco se observa en otros países.

La acción intrusiva del gobierno en materia de TICs se realiza por medio de los planes sectoriales y territoriales de adopción y uso de las TIC que tienen alcance hasta 2021, para “orientar” el proceso de informatización en las entidades estatales y en las provincias del país y contienen los principales proyectos que concibe el desarrollo informático en su entorno. Un guión que aseguran las autoridades, busca “la sostenibilidad y la soberanía tecnológica en función de la informatización”, pero que como han dejado entrever los datos antes citados, no parece estar dando los resultados apetecidos.

Porque en este, como en otros muchos ámbitos de la economía, los dirigentes comunistas se equivocan. No se construye una sociedad de la información y el conocimiento con decretos, normas y regulaciones, sino que este proceso depende de las decisiones individuales de las personas y empresas para satisfacer sus necesidades y motivaciones. Todo esto de la “democratización del ciberespacio y del espectro radioeléctrico con fines de evitar la subversión y la desestabilización de naciones soberanas”, que alegan las autoridades comunistas para justificar su intervención y control es solo fruto de mentes calenturientas, que, en todo caso, siguen procesos distintos al resto de países del mundo.

La cuestión importante es que no se crea una sociedad digital moderna y sostenible con un compendio normativo. Y mucho menos con la masiva intervención de las estructuras del gobierno en la economía. La sociedad digital, como cualquier otra, es el resultado de decisiones individuales basadas en la cooperación y el intercambio, para el logro de fines. Cualquier injerencia en este proceso natural y espontáneo conduce al fracaso.

Como máximo, el gobierno debe asegurar infraestructuras de calidad y de bajo coste, o que los recursos humanos estén cualificados o que las actividades de I+D+i dependientes de el tengan los presupuestos adecuados para avanzar. Otras cuestiones, como intervenir en “la producción de contenidos y servicios nacionales, la necesidad de socializarlos y, con ello, fortalecer la identidad, el respeto y el conocimiento de la cultura y la historia nacional, así como preservar los valores de la sociedad cubana, también forman parte de esa estrategia” no deberían entrar a formar parte de la agenda gubernamental.

Por ejemplo, que se usen plataformas de código abierto o no, es una cuestión a decidir por los agentes económicos y no por el gobierno. La firma electrónica puede ser incluso gestionada por fórmulas de cooperación público y privado. El desarrollo de aplicaciones informáticas nacionales puede estar bien si responden a necesidades previamente detectadas, pero ese objetivo del gobierno comunista de “soberanía del proceso de informatización” tiene poco que ver con estas cosas.

Por otra parte, sorprende contemplar la visión paternalista que tienen los dirigentes comunistas hacia el sector privado, y cito textualmente, “tal empeño (la informatización) no es exclusivo del sector estatal, sino que requiere del interés y la voluntad de todos los actores afines al ramo, incluyendo los trabajadores por cuenta propia” y por ello, hay que “reconocer (con las normas) la participación y contribución de las formas de propiedad y gestión no estatal”.

Desde una posición de superioridad, que no es tal ya que obedece a la naturaleza torcida del modelo social comunista imperante, los dirigentes atribuyen al sector privado un papel complementario “en el trabajo con las empresas estatales de la informática, incluida su contratación por estas últimas, y poco más”. La superioridad de lo estatal sobre lo privado es incuestionable y no admite discusión.

La agenda de informatización, o de transformación digital, del gobierno cubano requiere otro marco jurídico y regulatorio si no se quiere convertir en un fracaso.

Ni la penetración de internet en la sociedad avanzará como en otros países, ni se incrementará el uso de plataformas tecnológicas y de servicio, mientras que no se liberalice plenamente el sector TIC en Cuba. Si realmente, como dicen en Granma, “el acceso y uso de internet es una política prioritaria para el desarrollo integral de las personas y del país”, es necesario modificar muchas cosas con respecto a lo que se ha venido implementando en los dos últimos años.

Las autoridades también refieren a la protección de derechos individuales en el proceso de informatización de la sociedad. Y citan, entre otros, el derecho al acceso y participación de las personas naturales en dicho proceso o la responsabilidad de los órganos, organismos de la Administración Central del Estado y demás entidades estatales con el uso de plataformas tecnológicas que protejan los datos de los usuarios y garanticen la veracidad y autenticidad de la información; también el que los datos personales en soporte electrónico solo se pueden revelar a terceros que posean interés legítimo, debidamente acreditado ante autoridad competente o que estén autorizados por el titular de estos datos, y ante el incumplimiento de ello, se procede conforme a lo establecido en la legislación vigente. 

Y poco más, con relación al comercio electrónico o las contravenciones por la usurpación de los derechos de acceso de usuarios debidamente autorizados, y por la difusión, a través de las redes, de información contraria al interés social, la moral y la integridad de las personas, como contenidos sexuales y discriminatorios. Un marco limitado comparado con la intervención global en el sector. Con este modelo, ni sostenibilidad ni soberanía tecnológica.