¿Descentralizar, centralizar? Cualquier cosa menos mercado. Así les va

Elías Amor Bravo economista

No es con parches como se solucionan los problemas económicos generales. Y lo peor de todo es desinformar a la población. Un artículo en Granma titulado “¿Por qué es necesario ampliar la descentralización de la aprobación de los precios?” incide en esta cuestión, al destacar que “la descentralización a las empresas de la aprobación de los precios se amplía con el objetivo de lograr autonomía y permitir más flexibilidad y acercamiento al hecho económico, lo que se ha venido realizando gradualmente”. 

No es cierto. Con esta medida, ni se pretende realmente que los precios reflejen la realidad económica ni que sirvan para asignar recursos de forma eficiente, la descentralización de la aprobación de los precios es una medida graciosa del dirigente comunista, que tiene un recorrido muy limitado, y puede acabar creando más problemas que soluciones.

La descentralización de la aprobación de precios es una medida que ensaya el régimen comunista para intentar salir de la grave situación de escasez de oferta que se vive en la economía cubana. Los dirigentes creen que esta medida puede ayudar a lograr una mayor flexibilidad de la gestión económica, pero en realidad no es así. Cierto es que para que las empresas sean rentables deben fijar precios que permitan cubrir sus costes, obteniendo la rentabilidad que estimen pertinente para sus negocios. 

Pero este mecanismo exige una concatenación de decisiones de precios a todos los niveles de la economía, y no solo en un ámbito sectorial o espacial de la misma. La descentralización de la aprobación de precios no tiene nada que ver con la institución del mercado, como instrumento general de asignación de recursos. Con descentralización de aprobación de precios, el estado sigue interviniendo de forma directa en la economía, distorsionando con decisiones políticas los procesos de demanda y oferta. 

Por el contrario, la libertad de precios, la generalización del mercado al conjunto de la economía pretende situar al estado al margen de la actuación de los agentes económicos, limitado a sus funciones reguladoras. En Cuba, por desgracia, nadie está pensando en esta opción. Justo todo lo contrario.

El mensaje que se trasmite en Granma es muy claro: “la facultad de descentralizar implica responsabilidad y, por ende, no permitir en nuestra sociedad socialista que se generen economías de libre mercado para la obtención de lucrativas ganancias. En ello desempeñan un papel fundamental las estructuras de control, funcional e institucional, en el sistema empresarial y de las autoridades gubernamentales en los niveles correspondientes y hacia todos los actores económicos, así como el control popular”. En ese empeño ideológico por mantener un modelo inservible, quienes pagan un alto precio son los cubanos.

De modo que apostar como hace el régimen comunista por la descentralización a las empresas de la aprobación de los precios ni sirve para lograr autonomía empresarial, ni contribuye a la mejora de la rentabilidad por medio de una mayor flexibilidad y relación con los hechos económicos. Esa descentralización se debe interpretar como un mero trámite gubernamental, una decisión política que traslada a las empresas tan solo una parte de la responsabilidad del proceso de fijación de precios, quedando todo más o menos igual.

En contra de lo que creen los dirigentes comunistas, la descentralización de la aprobación de los precios minoristas tampoco sirve para generar mayor responsabilidad de las entidades que aplican esta facultad, ni tampoco para gestionar con más eficacia los recursos disponibles, casi siempre escasos.

Por medio de esta actuación, el régimen trata de intervenir los primeros pasos de las mipymes, controlando sus precios para que no puedan despegar, en tanto que los trabajadores por cuenta propia, los productores agropecuarios y las empresas que trabajan en similares condiciones a estas entidades se percatan que esta descentralización de la aprobación de precios no constituye la solución para acertar en la relación con los consumidores.

Dice Granma que las medidas han ido demostrando sus resultados, por ejemplo, en la estabilidad de los precios de algunos productos agropecuarios y su disminución en épocas de altos rendimientos, como el tomate, la cebolla, el frijol y algunas viandas, una de cal y otra de arena, porque a continuación reconocen que “aunque todavía son precios que requerirán seguir disminuyendo en la medida en que las producciones crezcan y se estabilicen”.

La descentralización a las empresas de la aprobación de los precios es, desde luego, mucho mejor que los precios topados, centralizados o controlados que venía aplicando el régimen comunista para racionar el consumo y limitar la libre elección de los cubanos. Pero la mera existencia de estos precios controlados que, sobre todo, suponían una falta de estímulo para la oferta, es otro factor que ayuda a entender que el régimen no está por la libertad de precios.

Dicho de otro modo. Si los comunistas quieren que los cubanos coman todos los días y que se deje atrás la actual situación de angustia que atenaza a amplios sectores de la población, hay que ir al inicio de la cadena de distribución, y adoptar las medidas liberalizadoras para evitar que los productores agropecuarios tiren la toalla y abandonen las cosechas, al comprobar que acopio no viene a recogerlas o que sufren una insoportable presión fiscal que les impide obtener rendimientos razonables. 

En este punto hay que empezar por liberalizar los precios para romper las cadenas del desabastecimiento estructural de productos en el mercado que sufre la economía cubana. Si se acierta en el diseño de fijación de precios oferta y demanda, desaparecerán los incentivos para la actividad informal y los precios especulativos desaparecerán de la escena. 

En ese ejercicio de normalización del mercado como instrumento de asignación de recursos, que no quieren los comunistas cubanos, la actual descentralización a las empresas de la aprobación de los precios se queda realmente muy lejos. De hecho, excepto la nomenclatura de productos que en la norma jurídica 81/22 se disponen para su descentralización, todavía quedan centralizados para la determinación de sus precios: los aceites comestibles, el pollo en diferentes formatos, los picadillos de aves y res, y productos de higiene y aseo de producción nacional, que el régimen justifica por ser productos de primera necesidad, protegidos en sus precios a favor de la población. Los productos que más faltan en las tiendas.


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