El régimen y su ley de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional: mucho ruido, pocas nueces

Elías Amor Bravo economista

La prensa estatal cubana y un espacio de Mesa redonda, confirman que una de las leyes que están en marcha es la relativa a la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional en Cuba. Una ley que según dice Granma tiene como objetivo la protección del derecho a la alimentación de las personas reconocido en la constitución comunista de 2019, pero tantas veces incumplido.

Porque, ¿De qué sirve una ley de seguridad alimentaria y nutricional, si los cubanos van a continuar sin poder ejercer el derecho a la libre elección como consumidores? ¿De qué sirve esta ley si las canastas normadas, las libretas de racionamiento y demás instrumentos de control estatal del consumo van a seguir con sus eternas majaderías a la población? ¿Para qué una ley si el paisaje urbano de los cubanos va a seguir dominado por las colas para comprar cualquier cosa? O también, ¿De qué sirve esa ley si las tiendas en MLC demuestran de forma evidente que solo aquellos con acceso a divisas pueden disfrutar de todo tipo de bienes y servicios, mientras que los que perciben sus rentas en pesos cubanos, deben someterse a la miseria institucional comunista? En fin, ¿para qué una ley como esta, si el surco, allí donde está la producción agropecuaria sigue sin dar sus frutos?

En los términos expuestos, que Cuba cuente con esa Ley de la soberanía alimentaria y seguridad alimentaria y nutricional, de nombre tan largo, es algo que debe importar muy poco a los cubanos que saben que, por mucha norma, resolución o mandato que se publique en la gaceta oficial, la economía es improductiva e ineficiente porque está presa de una ideología que comparte esos mismos principios. La Asamblea Nacional dará visto bueno a la ley, pero es igual, ya está decidida por la cúpula de los comunistas desde antes.

Entonces, ¿por qué los dirigentes del régimen quieren que esta ley sea visible en el oscuro panorama de la vida de los cubanos?

De la información oficial se deduce, en primer lugar, que para resolver los temas relativos a la soberanía y seguridad alimentaria se requieren medidas económicas, sociales y también legislativas, que le den prioridad máxima a ese derecho a la alimentación de las personas. El problema es ponerse de acuerdo con esas medidas y disposiciones, que a la vista de cómo funciona el país, es evidente que no han conseguido sus objetivos.    

En segundo lugar, como ocurre con la inflación, los dirigentes comunistas se han dado cuenta (sus encuestas lo dirán una y otra vez) que la situación alimentaria del país ha llegado a un punto que no admite retrasos ni experimentos. Y si bien se reconoce que la publicación de la ley, por si sola, no producirá alimentos, sí debe ayudar al acceso, a la estabilidad y disponibilidad de estos. Otro asunto en que no es fácil ponerse de acuerdo.

La ley pretende reordenar los procesos y facilitar otras estrategias, como garantizar, de forma progresiva, el derecho de los cubanos a obtener productos alimenticios inocuos, con calidad, nutritivos, equilibrados y culturalmente aceptados. Pero si bien el derecho es necesario, su logro y aplicación efectiva, no es suficiente con la ley.

Los Artículos 77 y 78 de la constitución comunista establecen, el derecho de todas las personas a la alimentación sana y adecuada y que el estado crea las condiciones para fortalecer la seguridad alimentaria de toda la población. Por otro lado, la Agenda 2030 de la ONU para el Desarrollo Sostenible, establece que es preciso promover la agricultura sostenible como premisa para alcanzar la sostenibilidad económica, social y ambiental.  

Se tiene la impresión que esta ley del régimen tiene como finalidad tratar de sacar a Cuba de la vergonzosa lista de países que el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas la incluyó como potencial víctima de inseguridad alimentaria allá por 2019, situando en dicho informe a Cuba al mismo nivel que Haití. 

Aquella evidencia fue un duro golpe internacional para los comunistas cubanos, que se sacaron de la chistera esta ley, implementada gracias a fondos procedentes de la Unión Europea bajo el auspicio de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). para intentar cambiar la percepción de Naciones Unidas. No se sabe si lo lograrán, pero están en ello.

Por aquellas fechas, y en un intento de mostrar a la ONU que sus datos no eran correctos, el régimen elaboró un Plan de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional de Cuba, como plataforma nacional para alcanzar una plena seguridad alimentaria, que se aprobó por el consejo de ministros un año después, en julio de 2020, y del que, ciertamente se ha sabido bien poco hasta hoy.   

Y ¿Qué propone la ley que pretende que los cubanos puedan comer todos los días y no sufran privaciones por ello? Pues un vistazo a algunos de sus puntos principales lleva a la conclusión de que poco se va a avanzar con la misma.

Por ejemplo, se quiere “promover la consolidación de sistemas alimentarios locales soberanos y sensibles a la nutrición”. Una vez más, se insiste en la apuesta por la agricultura en patios, jardines y tiestos, para suplir las carencias de los mercados estatales. Lo mismo de siempre.

Quieren “potenciar la agricultura sostenible sobre bases agroecológicas”, lo que podría estar bien, si antes existieran una agricultura y ganadería estándar que fueran capaces de alimentar a toda la población, lo que es evidente que no se consigue con el modelo social comunista.   

Por otra parte, se pretende algo muy etéreo, como “la articulación, de forma intersectorial e interinstitucional de los actores que los integran y lo relativo a las buenas prácticas alimentarias, así como el propósito de reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos en la cadena alimentaria”. Si, se ha oído bien, pérdidas y desperdicios de la cadena alimentaria. 

El redactor de esta norma debería constatar donde se encuentran esas pérdidas y desperdicios. Desde luego, no están en las vieja bodegas desvencijadas de las ciudades. Lo más probable es que se encuentren en las cosechas abandonadas en los surcos por la indolencia de acopio. No hay peor ciego que quien no quiere ver. 

La ley establece “la responsabilidad de los organismos de la Administración Central del Estado, los órganos locales del poder popular y los actores de los sistemas alimentarios locales, en relación con este trascendental tema, que no solo atañe al Ministerio de la Agricultura”. Lo más probable es que las autoridades dependientes del estado no tengan responsabilidades y que el peso de la ley caiga sobre los actores privados, como ocurre siempre.

En todo caso, los comunistas han querido hacer mucho marketing de la ley, y al respecto destacan que ha habido una elevada participación intersectorial, incluidos académicos e investigadores de instituciones científicas y universidades, así como productores agropecuarios.

La estrategia comunicacional se ha diseñado precisamente para ello, para “propiciar la actuación y la retroalimentación responsable en los procesos de producción y consumo sano de alimentos”. Mientras tanto, los cubanos siguen esperando en las eternas colas por la cada vez más reducida canasta normada y pagando precios desorbitantes en MLC para comprar champú o productos de limpieza. Esto es lo que hay.