Arreglar viviendas con subsidios, una vía ineficiente e ineficaz

Elías Amor Bravo economista

Por enésima vez los comunistas cubanos se vuelven a equivocar, y que luego no digan que no avisamos. Esta vez se trata de la convocatoria de ayudas, publicada en la Gaceta Oficial número 45, Extraordinaria del 16 de junio de 2023, del Acuerdo 9595/2023 del Consejo de Ministros que otorga ayudas a las personas cuyas viviendas presentan afectación, total o parcial, por el impacto del fenómeno hidrometeorológico en Camagüey, Las Tunas, Holguín, Granma y Santiago de Cuba.

La norma se concreta, básicamente, en un descuento del 50% de los precios de los materiales de la construcción que se vendan a los damnificados, financiado por el presupuesto estatal.

Vaya por delante que, de aplicarse esta medida, el gasto público se disparará al alza, y detrás el déficit y el endeudamiento que desde la entrada en vigor de la tarea ordenamiento están causando graves daños a la economía, como, por ejemplo, la inflación.

Por otro lado, desde el primer momento, se puede afirmar que, estableciendo un porcentaje idéntico de financiación del 50% del precio de los materiales para atender los gastos de todos los damnificados por las lluvias recientes, el régimen vuelve a las andadas de siempre, con un falso igualitarismo, trasnochado e ineficiente, que no es la mejor política en estos casos. Los argumentos sobran.

En primer lugar, deberían saber que no es lo mismo financiar el 50% de toda la vivienda afectada, que la rotura de una pared o del techo (afectación parcial). El coste más elevado de la primera operación no se podrá financiar, ni siquiera con este descuento, porque exigirá un desembolso mayor a los afectados, y serían necesarias otras ayudas adicionales. Las obras pequeñas, en cambio, pueden realizarse sin ayuda por su menor coste. Tal vez un porcentaje proporcional variable al importe de la ayuda sería una medida más adecuada. O una deducción tributaria.

En segundo lugar, la financiación del precio de los materiales al 50% acaba provocando un aumento de este, porque también se incrementa la demanda al abaratar el producto, y si no tiene lugar un aumento de la producción de los materiales de construcción, los precios subirán más haciendo que el descuento sea ineficiente. Como es imposible recurrir a materiales de importación, la lógica del régimen debería ser estimular la producción antes, pero esto requiere reformas estructurales y no hay tiempo para ello.

En tercer lugar, ¿Qué se considera ingresos no suficientes para adquirir los productos como se establece en la norma? Los menores ingresos de las unidades familiares suelen estar asociados, igualmente, a menor capacidad de endeudamiento y disposición a realizar las obras pertinentes. Muchas familias cubanas complementan sus ingresos con rentas obtenidas en el mercado informal. Incluso puede ocurrir que algunas personas consideren que no vale la pena reparar lo dañado. Simplemente porque el activo en que viven no es de su propiedad. La variable “ingresos no suficientes” puede arrojar complicaciones adicionales al precio si no se mide correctamente.

En cuarto lugar, las modalidades de ayuda previstas en la norma son tres, los créditos bancarios, los subsidios para la compra de materiales de construcción con cargo al presupuesto del estado o la financiación de la asistencia social. Es evidente que la preferencia de la gente serán las dos últimas, pero los créditos pueden resultar esenciales para determinadas operaciones. En todo caso, ¿Son fórmulas independientes o se autorizará una combinación acumulable de estas? Por ejemplo, ¿será posible un subsidio complementado con un crédito para la compra de materiales de construcción? No lo parece. Tal vez una mayor concreción de la medida sería deseable.

En quinto lugar, hay una tramitación burocrática excesiva. En las ayudas participan hasta los ministros de Finanzas y Precios y del Comercio Interior, como entes otorgantes, y también se incorpora a los gobernadores provinciales en calidad de responsables de establecer los procedimientos y los mecanismos de información y control requeridos para el cumplimiento de lo dispuesto. Con tanta burocracia, es de suponer que muchos candidatos, sobre todo en el caso de obras parciales, desistan de la convocatoria y recurran a la financiación informal.

Ante situaciones como ésta, que prácticamente tienen lugar todos los años, porque los eventos meteorológicos destructivos se suelen repetir, se debería pensar en otras políticas públicas más eficientes y eficaces, que supusieran menor coste para las arcas del estado y que facilitaran el objetivo de rehabilitación de las viviendas dañadas, que se supone que es el objetivo principal.

Vamos a presentar tres opciones.

Por ejemplo, activar las remesas procedentes del exterior de las familias para realizar las obras de rehabilitación, por medio de excepciones tributarias, estímulos fiscales y, finalmente, derechos de propiedad, canalizados hacia la titularidad de derechos sobre la vivienda o viviendas rehabilitadas. Por medio de estas medidas se podría ayudar a aquellos usuarios que tienen posibilidad de capitalizar las remesas recibidas. Incluso, se debería permitir a quien tuviera capacidad para hacerlo, rehabilitara no una, sino varias viviendas para ser destinadas a alquiler, por ejemplo.

Otra alternativa sería otorgar las ayudas a los fabricantes de materiales de construcción a fin de que fueran ellos los que bajaran los precios de sus productos e incentivaran la adquisición de estos por los afectados para la rehabilitación de sus ayudas. En este caso, los proyectos de rehabilitación acabarían siendo más baratos y en incentivo para reconstruir, mayor. El coste de los subsidios del presupuesto tendría un impacto directo en términos de actividad, empleo y riqueza en el sector de la construcción.

Y finalmente, este tipo de situaciones abre un escenario para el desarrollo del sector asegurador, que en Cuba se encuentra muy atrasado y no posee el nivel de actividad de otros países, y también de la construcción, reparación y rehabilitación de viviendas, que podría tener una continuidad posterior en sus actividades dado el estado lamentable en que se encuentra el patrimonio de vivienda en todo el país. Un sector que puede generar abundante empleo y continuidad en la prestación de sus servicios a la población, además de actuar en estos procesos tras los daños climáticos.