Más producción legislativa no ayuda a mejorar una economía

Elías Amor Bravo economista

La vieja máxima del comunismo reaccionario e intervencionista establece que un país  funciona cuantas más normas, leyes, decretos y órdenes se publican en la gaceta oficial. Los reguladores del colectivismo creen en estos principios y alardean de dicho trabajo, casi siempre inútil y contrario a los objetivos de prosperidad y bienestar.

Y he aquí que Cuba es un ejemplo de manual de estas creencias. La prensa estatal ha reseñado unas declaraciones del ministro cubano de Justicia, Oscar Silvera en las que ha resaltado “la actividad legislativa de los últimos cuatro años e inicios de 2023 como un proceso sin paralelo en la historia legislativa de la nación. Desde 2019, puntualizó, se han aprobado 36 leyes y 87 decretos leyes”.

Hay que ver.  Sin embargo, en este mismo período, la economía cubana se ha hundido de forma estrepitosa en un círculo vicioso del que no sale. Nada más y nada menos que 47 meses seguidos sin tocar fondo, sin alimentos, combustible, electricidad, servicios básicos, y con un notable deterioro de la vivienda, infraestructuras, seguridad, en fin, no existe una sola rama de la actividad económica en Cuba que mejore. 

Y el ministro de justicia celebrando que “el país no renuncia a hacer todas esas leyes porque son necesarias, y se seguirá trabajando para mejorar la capacidad legislativa del país”. Es decir, hay que prepararse para más intervencionismo colectivista, paralizante, ineficiente que actúa como una rémora para lograr la prosperidad y bienestar de los cubanos.  

De los cuatro bloques legislativos que han concentrado la actividad jurídica regulatoria, qué se puede concluir.

En primer lugar, y por lo que respecta a las normas jurídicas de rango superior que definen la organización y funcionamiento del Estado y del Gobierno (como la actualización de la Ley Electoral) la sensación que se tiene es que el pueblo llano permanece ajeno a las mismas, sin mostrar el menor interés hacia estas regulaciones que sirven al partido comunista para asegurar su proyección política hegemónica a nivel estatal, y poco más.

En segundo lugar, en cuanto a las leyes de desarrollo de la constitución comunista y que, supuestamente, se refieren a esos “derechos, garantías y deberes de las personas” dentro del ordenamiento comunista único autorizado en el país (la Ley de protección de datos personales y el Código de las Familias) tampoco parece que hayan tenido especial atención o reclamo en la sociedad.

En tercero, todo lo relacionado con la reforma procesal y judicial, ha incluido transformaciones revolucionarias que alejan a Cuba de las prácticas de un estado democrático de derecho, con separación de poderes. La justicia sigue estando al servicio del poder político comunista.

Pero de estas normas, sin lugar a duda, las que más han fracasado son las que tienen que ver con el proceso de actualización del modelo económico y las políticas económicas en función de los postulados constitucionales (Tarea de ordenamiento y la incorporación de nuevos actores económicos). El empeño en salir de la grave crisis económica, utilizando el modelo obsoleto descrito en la constitución es un ejemplo de que una economía no se mejora con más normas en la gaceta oficial.

El desarrollo de la tarea ordenamiento, que fue una imposición del partido comunista a la Asamblea nacional y al régimen, ha sido un absoluto fracaso que destrozó los precarios equilibrios internos y  externos de la economía, echando a la basura un tiempo valioso que debería haber servido para reconducir a la economía a una situación de mejoría tras el batacazo de la pandemia del COVID-19. 

El intervencionismo y dirigismo comunista de la anterior legislatura ha supuesto, en materia de asuntos económicos, que la economía cubana en 2023 se encuentre por debajo del nivel alcanzado en 2019 y lo que es peor, no hay perspectivas de mejoría. a menos a corto plazo. El balance es decepcionante, 121 normas jurídicas que no han servido de nada. El recuento simplón realizado por el ministro en el programa Mesa redonda, donde habló de estas cuestiones, se limitó a poco más, sin reconocer fracasos ni injerencias del poder político en la actividad económica que son el origen de todos los males de la nación.

La experiencia cubana confirma que no por publicar más normas en la gaceta oficial, la economía puede funcionar mejor. Los comunistas siguen convencidos de que ello es así, pero se equivocan. Las fuerzas productivas de un país, cuando actúan libremente y no están dirigidas por plan alguno, construyen  de forma espontánea unas redes basadas en la confianza y el juego de la oferta y demanda, que consolidan las bases de la economía. Eso es lo que no existe en Cuba.

En tal caso, el buen regulador solo interviene para asegurar que ese espacio de confianza, cuando existe, siga funcionando, e interviene lo menos posible en el juego de los actores privados y públicos. El régimen comunista cubano, sigue confiando a ciegas en el plan, en la superioridad de burócratas que creen saber las calorías diarias que se tienen que consumir o cuanta gasolina utilizar, en la injerencia directa del poder político en la economía, en el control estatal de los medios de producción y en la proscripción del mercado y la riqueza. Y en vez de fomentar la actividad económica libre, se da a publicar normas en la gaceta creyendo que con ello puede dar solución a los déficits y carencias. Se equivocan. Es justo lo contrario.

Por eso, cuando se advierte en la prensa estatal que las autoridades están planificando nada más y nada menos que 52 leyes y 29 decretos-para la nueva Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, hay que empezar a preocuparse. Sobre todo, porque siguen convencidos de que estas normas pueden garantizar una gestión más eficiente y transparente de la economía y el Estado, así como la protección de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. Una idea absurda que no se sostiene, a la vista de la experiencia.

El ministro de justicia continúa a piñón fijo con lo que denomina "proceso de actualización y modernización del marco jurídico cubano", que le han encargado en el régimen y no se pregunta si está haciendo lo correcto. La misión es obedecer y después controlar la actuación de los responsables que tienen que cumplir las leyes que contribuyen a emborronar más el escenario económico, político y social de la nación.

Una de esas normas avisadas por el ministro es la ley de empresa, con el objetivo de lograr una gestión empresarial más eficiente y transparente, al actualizar su marco jurídico incluyendo las sociedades mercantiles, la actualización de la ley tributaria y la ley de la Administración financiera del Estado. Tanta actualización es preocupante.

Preocupación porque el régimen comunista quiera avanzar en la regulación de entidades que luchan por salir adelante en condiciones muy difíciles. Pienso en las empresas estatales que siguen en pérdidas, abandonadas a su suerte sin que sus gestores sean los únicos responsables del desastre, o las mipymes recién nacidas y por ello, desorientadas, o las cooperativas no agropecuarias calificadas de experimento que no puede continuar, o la pesada carga tributaria que recae en el trabajo por cuenta propia. Legislar sobre algo que no sirve, que no funciona bien, es más de lo mismo. En concreto, cuando se trata de actividad económica, las empresas, privadas y públicas, merecen especial atención y un marco adecuado para su funcionamiento que no coincide con una miríada de normas absurdas e injerencistas.

La torpeza es de tal magnitud que incluso determinadas normas, leyes y regulaciones, aun cuando fueron diseñadas para aumentar el control totalitario, no lograron consenso alguno, ni siquiera falseando las cuentas, y debieron posponer su aprobación, como ocurrió con la reciente ley de comunicación social violando la propia reglamentación del régimen. Pero esta es otra historia.