El régimen pierde el recurso contra la sentencia del juicio de Londres

Elías Amor Bravo economista

No busquen en la prensa estatal comunista cubana una sola referencia al fallo del tribunal de Londres que rechaza el recurso presentado por el régimen en el caso contra el fondo CRF. 

Se complica el escenario a pasos acelerados. Nadie sabe cuál puede ser el resultado final de una estrategia suicida en la gestión de la deuda soberana por el régimen cubano. Cuando se publicó la sentencia del juicio el pasado mes de febrero, La Habana llegó a organizar en tiempo real una campaña de propaganda para apuntarse un éxito que no era tal. En esta ocasión, ni eso. 

Ya lo apuntamos en su momento. La sentencia de la juez Cockerill, del tribunal superior de Londres abrió la caja de pandora de la deuda del régimen cubano desde tiempos de Fidel Castro. Ahora los hechos van dando la razón, una vez rechazado el recurso presentado el pasado mes de abril por el régimen comunista de Cuba a la sentencia del caso, contra La Habana y el Banco Nacional de Cuba (BNC), por una deuda impagada de 72 millones, reclamada por el fondo CRF I.

En la sentencia recurrida la juez Cockerill desestimaba a CRF I como acreedor del Estado cubano, pero decidió que la entidad financiera de La Habana, el BNC, tenía que asumir la deuda contraída por el régimen castrista. La Habana entendió que cabía el recurso pero ha sido desestimado.

La decisión de la juez Cockerill de rechazar el recurso presenta ventajas jurídicas para la posición defendida por CFR I, que se ve reforzada, y de paso para futuros reclamantes de dinero, como es el Banco Industrial y Comercial de China, a través del ICBC Standard Bank, que ha anunciado el comienzo de un proceso judicial contra Cuba, reclamando 1.100 millones de euros, una cantidad muy superior a la del CRF I.

El fondo, que demandó al régimen cubano, ha declarado, por su parte, que La Habana ya procedió al pago de las costas legales ordenadas por el tribunal, entendiendo que esta acción es un estímulo más para que ICBC se sienta confiado en la estrategia de protección de sus intereses como titular de activos cubanos de CRF. Desde el fondo se considera que la decisión del ICBC de demandar a Cuba en los tribunales supone un nuevo desafío legal para todas las partes en conflicto, con una clara ventaja para CRF y los derechos de sus inversores.

Desde el fondo se insiste en una nota informativa, en abogar por una resolución justa del problema de la deuda con el régimen cubano, entendiendo que la negociación es el paso siguiente, y que todavía hay tiempo para ello, sin embargo, hasta la fecha, desde La Habana no se ha mostrado el menor interés por negociar las condiciones de la deuda. Y si la situación económica en la Isla no se despeja, los márgenes de actuación van a ser cada vez más reducidos.

Tras anunciar el recurso que ahora ha sido rechazado, CRF I se puso en contacto con el ministerio de Justicia de Cuba para negociar un acuerdo, lo que podría reducir la los costes de la batalla jurídica evitando una confrontación de resultados cada vez más desfavorables para La Habana. No hubo respuesta.

El juicio celebrado en el tribunal de Londres concluyó en el mes de febrero con un veredicto que permitía a CRF, principal titular privado del mayor volumen de deuda soberana cubana en default, el derecho a invocar las disposiciones contractuales en la jurisdicción de los tribunales ingleses, lo que suponía de facto el reconocimiento como deudor legítimo. Las conclusiones de la juez sobre el juicio dejaron claro que el BNC y, el otro demandado, el régimen, desarrollaron la peor estrategia posible en un caso de deuda impagada que arrancó realmente de 2019.

CRF insistió en que su objetivo era recuperar las deudas en su totalidad para resarcir a sus inversores, y por ello, en cuanto se conoció el veredicto, se ofreció a negociar. El argumento fue rechazado por La Habana, que interpretó la sentencia en un sentido distinto, afirmando que había logrado una victoria contra el fondo buitre, término utilizado por el castrismo contra CRF I.

Días después, La Habana declaró por medio de su ministro de Justicia, Oscar Silvera, que había documentos que probaban las intenciones de perjudicar al país y de afectar los flujos financieros de la economía cubana. El ministro dijo que La Habana había cumplido sus obligaciones procesales en la demanda, pese a que la defensa del régimen argumentó que la cesión de la deuda cubana a CRF I fue lograda por medio de sobornos a funcionarios, un argumento que fue contrastado por la parte demandante.

La polémica estuvo servida. Cada una de las partes, se atribuyó una victoria tras el veredicto del juicio. De un lado, CRF consideró que ninguno de los argumentos del régimen cubano en Londres había servido para probar sus alegaciones. Desde La Habana se dijo que se pretendía una condena contra Cuba y no lo consiguieron. El régimen se felicitó de que no se establecieran retenciones de bienes estatales o nuevos impedimentos de acceso a los flujos financieros internacionales, reiterando la posición oficial del régimen cubano tras el veredicto.

El juicio ha tenido unas derivadas de difícil digestión. La Habana no pudo evitar la contratación de una representación legal británica, a la que se añadió el bufete español Uría Menéndez, asumiendo unos costes de defensa superior a los 3 millones de dólares según algunas estimaciones.

CRF I está integrado por inversores privados y fue constituido tras la decisión de Raúl Castro de renegociar la deuda externa cubana que Fidel Castro había considerado impagable e incobrable desde 1986. Su cartera de bonos soberanos se estima en 1.200 millones de euros.