Economía cubana: ¿Es suficiente con cambiar la planificación?

Elías Amor Bravo, economista

El plan de la economía es el instrumento fundamental que utiliza el régimen castrista para controlar la economía cubana, en definitiva, para sustituir al mercado como instrumento de asignación de recursos, a la vez que se desplaza a la iniciativa privada de la toma de decisiones en la economía.

Desde los tiempos legendarios de la llamada “JUCEPLAN”, la planificación central de la economía cubana, de raíz estalinista, no ha conseguido jamás cumplir sus objetivos. El triste recuerdo del fracaso de los “planes industrialistas” del Che, o la zafra de los “10 millones”, ha quedado para la historia de Cuba como el paradigma de la inconsistencia y deficiente funcionamiento de la planificación comunista de la economía.

Ahora, al parecer, al ministro castrista, Alejandro Gil, ha tenido la ocurrencia que en 2020 “el plan se va a confeccionar con una nueva concepción: se elaborará sin directivas específicas ni límites”, porque “saldrá de la participación activa de los trabajadores en cada empresa”.

Que nadie se ponga nervioso. Mientras subsista la planificación como instrumento que reemplaza al mercado en la asignación de recursos, la economía seguirá teniendo los mismos problemas de bloqueo interno de siempre. Suprimir el plan es condición necesaria para abrir espacios para la libertad económica, pero no suficiente para superar la inacción y el deficiente funcionamiento que caracteriza a la economía cubana. El plan es responsable, pero no único, del desastre castrista.

De nada sirve trasladar el plan a la responsabilidad de las empresas y trabajadores, si no se toman otras decisiones. Insisto, es un paso correcto en la buena dirección, pero no es suficiente. ¿Para qué nos vamos a engañar a estas alturas? Sacar el plan de las manos de unos burócratas centrales de partido, que se consideran superiores al resto de los mortales a la hora de tomar decisiones sobre qué consumir, producir, qué exportar e importar y en qué invertir, no es mala idea, pero tengo la sensación que a final del proceso, el ministro, insiste en convertir el plan descentralizado en una especie de “construcción colectiva”, empleando sus palabras, que además sirva para “identificar las potencialidades de las entidades del país”. Más de lo mismo.

El ministro reconoce algo importante al tomar esta decisión. Básicamente que construir un plan a partir de un modelo global de la economía, del que posteriormente salían las directivas específicas por sectores, las solicitudes de bienes y servicios, así como el nivel de importación y de exportación predefinidos de la economía, tiene poco sentido. La economía es mucho más que un ejercicio aislado de cálculo burocrático, y si se quieren conseguir “encadenamientos” hay que eliminar eso que denomina “camisa de fuerza”, a la vez que se introducen elementos de decisión “objetivos, realistas y conscientes”. Mejor que el mercado para ello, nada. Un cambio de mentalidad, sin duda importante, porque en Cuba, durante 60 años, no se han hecho las cosas de esta manera, pero en algún momento hay que dejar atrás lo inservible y ponerse a trabajar.

Pues bien, hay que decir al ministro, antes que se embarque en este proceso, que no basta con construir el plan de abajo a arriba, y que mientras no se introduzcan determinadas reformas estructurales, los resultados que se van a conseguir de este cambio en la planificación pasando de “arriba a abajo” a “abajo a arriba”, no van a ser dignos de mención ni aportarán la necesaria eficiencia al funcionamiento de la economía. Me atrevería a decir que, sin esas reformas estructurales previas y necesarias, este cambio puede acabar dando resultados incluso peores que los actuales, y generando numerosos problemas de organización en la economía que, en las condiciones tan dramáticas del momento presente por las restricciones que presenta el país y el impacto que puedan tener las medidas aprobadas por EEUU, no son recomendables en absoluto.

Por eso, antes de lanzarse alegremente a los nuevos planes de “abajo a arriba”, a los que parece que Díaz-Canel también ha dado su bendición, se tienen que tomar decisiones importantes para asegurar el éxito del proceso. Y estas decisiones están en el ámbito del marco jurídico de los derechos de propiedad. Creo que 60 años es tiempo más que suficiente para concluir que el monopolio de la propiedad de los medios de producción por el estado comunista ha sido uno de los factores más negativos para el progreso y prosperidad de la economía cubana. El factor que realmente la bloquea e impide lograr niveles de calidad de vida y bienestar crecientes para toda la sociedad. Que todos los activos productivos estén en manos del estatales, y que el sector privado se mueva solo en el ámbito marginal del trabajo por cuenta propia y el arrendamiento de tierras a largo plazo, carece de justificación alguna en las condiciones actuales.

Por ello, la prioridad en las reformas estructurales que necesita la economía cubana pasa por devolver a los cubanos realmente la titularidad de los derechos de propiedad sobre los activos y el capital productivo de la nación. Privatizar las empresas y los activos productivos de la nación es condición necesaria y suficiente para que la economía vuelva a funcionar. De nada sirve llevar los planes “abajo” si los que están abajo no tienen incentivos, ni motivación, ni se sienten vinculados al proyecto para el que trabajan. Saben que nunca podrán aprovechar plenamente los frutos de su trabajo, ni ver incrementadas sus ganancias por el trabajo realizado, o destinarlas libremente a aquellos fines que estimen pertinentes. Y ello porque no son los dueños del capital productivo. Así de sencillo.

Entonces, ¿para qué trabajar, para qué esforzarse, para qué dedicar tiempo y pensamiento a algo que no les beneficia? Hay que dar la vuelta a la “camisa de fuerza” castrista y reordenar el capital productivo de la economía, sus empresas, hacia el sector privado, propiciando un marco jurídico estable y respetable para ejercer esos derechos. Por supuesto que se puede hacer rápido, tanto o más que cuando a partir de 1959 se nacionalizaron las empresas por los llamados decretos leyes revolucionarios. Un par de leyes y basta. Transferir los derechos de propiedad a sus titulares, y olvidarse para siempre de la falsedad de unos bienes del pueblo administrados por el estado, y demás majaderías comunistas.

La solución a los problemas de la economía cubana no está en el ámbito de los planes, que insisto, su eliminación o cambio en los procesos de elaboración puede llevar a una situación de caos técnico en la que nadie sepa qué hacer, sino en el ámbito de los derechos de propiedad, en la idea de que tienen que existir agentes económicos privados con capacidad de decisión, independientes del estado, autónomos, generadores de riqueza y beneficio para sus stakeholders y modernos y eficientes, orientados a un solo principio, dar el mejor servicio posible a sus clientes. Este paso es fundamental para enderezar la maltrecha economía castrista. Sin ese paso, no hay mucho que hacer. Chinos y vietnamitas lo hicieron y ahí están los resultados, ¿por qué Cuba no?