La demagogia salarial castrista: medidas inoportunas e ineficaces

Elías Amor Bravo, economista

Ante la gravedad de la situación económica, que ya no se oculta a nadie, y su progresivo deterioro sobre todo en el segundo semestre, Díaz-Canel ha decidido actuar. El último consejo de ministros castrista ha aprobado una serie de medidas que, según el diario comunista Granma, tienen como “fin impulsar una estrategia económica basada en el máximo aprovechamiento de las capacidades internas y del potencial humano con que cuenta el país”.

¿Son acertadas las medidas? ¿Van a lograr sus objetivos? Ojalá se pudiera anticipar el resultado de las mismas. Por lo pronto, lo único que se puede hacer es realizar una evaluación de lo que significan en relación con el entorno actual de la economía cubana.

Díaz-Canel ha dicho que las medidas obedecen a “los estados de opinión de la población” que ha ido pulsando en distintos momentos y territorios, con el trasfondo de la “política hostil del gobierno de los Estados Unidos”. Al parecer, estas opiniones han sido trabajadas durante meses con expertos del ámbito de las ciencias económicas, y después de los debates correspondientes, han salido las medidas aprobadas por el consejo de ministros castrista.

El objetivo de las medidas es “dar una mayor respuesta a las necesidades de la población y de la economía, incentivando la activa participación de todos los actores en la búsqueda de soluciones y en el enfrentamiento al cerco económico que nos impone el Gobierno de los Estados Unidos”. Y en tal caso, “el propósito es que estimulen el ahorro, propicien el desarrollo y permitan continuar avanzando en las cuestiones fundamentales que generan condiciones más favorables para que la economía cubana pueda desenvolverse” en palabras del ministro del ramo.

Por medio de este programa de política económica, el régimen quiere “defender la producción nacional; diversificar e incrementar exportaciones; sustituir importaciones; fomentar encadenamientos productivos; potenciar la empresa estatal; avanzar en la soberanía alimentaria; promover el desarrollo local; cumplir la política de la vivienda; y poner la ciencia en función de resolver problemas”, Quien mucho abarca, poco aprieta.

Para llevar a la práctica las medidas, se apuesta por “métodos y estilos de trabajo ajenos a formalismos y burocratismos y con un enfoque integral” en busca de mayor eficiencia. El ministro de economía consideró fundamental “el papel y la preparación que requieren los cuadros a todos los niveles para concretar los cambios que correspondan en la institucionalidad del país”, en su opinión, “se han realizado modificaciones al modelo económico y básicamente seguimos trabajando con las mismas estructuras de las instituciones”.En ese sentido, anunció que se “pondrán en práctica de manera paulatina, abarcan disímiles aspectos como el incremento de las producciones nacionales; el autoabastecimiento municipal; los proyectos de desarrollo local; las inversiones; la circulación mercantil minorista; y el fomento de las producciones agropecuarias”. Una vez más se pretende por medio de meras correcciones estéticas, resolver problemas de fondo que no admiten dilación en el tiempo. Esas modificaciones del modelo económico de las que habla el ministro no son tales. El recorrido que se tiene que realizar, apenas ha comenzado.

Vayamos a las principales medidas. Aumentos de salarios y de pensiones. La clásica medida demagógica y populista ensayada en dictaduras y regímenes autoritarios varios, en España aún se recuerdan en época de Franco los aumentos de salarios del ministro de trabajo Girón de Velasco. Demagogia y oportunismo que rara vez conducen a algo bueno, porque estos incrementos se los acaban comiendo los precios o situaciones de grave recesión, como las que amenazan a la economía cubana.

Con estas medidas, el régimen pretende que la economía cubana crezca con el consumo, con el potencial interno, ante un entorno internacional cada vez más complejo. No se si lo conseguirán. Las bases sobre las que se cimenta el mercado interno de la economía son inexistentes y el régimen jurídico que sostiene las decisiones de consumo y ahorro es inaplicable, dado el peso del estado en la economía. Ante un entorno internacional complicado, jugar todas las cartas a la expansión salarial interna, es avanzar peligrosamente por la senda de la autarquía económica, lo que puede perjudicar más aún la situación de los cubanos a medio plazo.

En cualquier caso, el régimen ha aprobado un aumento salarial en el sector presupuestado, donde se concentra el mayor volumen de empleo del país, de modo que el salario mínimo se incrementa a 400 pesos y el salario medio mensual por trabajador se eleva a 1.067. Como ya se ha señalado, se verán afectados por esta medida 1.470.736 trabajadores de organismos de la administración central del Estado, los órganos locales del Poder Popular, las organizaciones y asociaciones, con un coste estimado anual de 7.050 millones de peso.

¿Efecto champagne de los salarios? No es para tanto. Por mucho que califiquen el aumento de “bastante significativo para las condiciones en las que estamos”, los cubanos no van a experimentar una mejoría en sus niveles de vida tras esta subida. Lo más normal es que acabe trasladándose a unos precios más altos, en presencia de un descontrol monetario que se viene produciendo desde hace bastante tiempo. Conviene tener en cuenta que este sector, siendo el que concentra el mayor volumen de empleo, es también el que registra una menor productividad, lo que implica que los costes laborales unitarios se van a disparar y estas organizaciones, financiadas con fondos públicos, aumentarán su déficit generando tensiones inflacionistas en la economía.

El régimen pretende amortiguar la influencia de los precios en aumento. Pero no lo tienen fácil. Los mecanismos de control de precios, los precios topados, no van a servir ante un aumento de la demanda, pero es que además, confiar en “mecanismos de observación para estar al tanto de los precios y de por dónde se va moviendo el consumo”, es perder de vista que estas medidas expansivas deberían servir para estimular el crecimiento de la oferta y generar más producción de bienes y servicios, abriendo espacios para el mercado y la demanda interna. Pero eso, seguro, no lo harán.

En cuanto a la seguridad social, la pensión mínima, se mantiene en 242 pesos. El resto de las personas que en noviembre del año anterior no recibieron aumento y perciben pensiones inferiores a 500 pesos, se verán beneficiados por las nuevas medidas, estimando que alcanzará a 1.281 523 personas, con un costo estimado anual de 700 millones de pesos.

Los aumentos salariales han ido acompañados de la aplicación general de la denominada “contribución especial a la seguridad social” a los trabajadores del sector presupuestado, que hasta ahora quedaban excluidos de esta tasa. Se establece así un tipo impositivo del 2,5% quienes obtengan ingresos mensuales hasta 500 pesos y de un 5% los que reciban salarios superiores a 500 pesos. En ese sentido, los cubanos tendrán que hacer bien los cálculos, porque muchos verán que el aumento de salarios se va por la vía de más impuestos.

No sé muy bien cómo van a conseguir que este aumento de los gastos salariales no incremente el déficit del presupuesto del estado aprobado para el año 2019. Anuncian medidas de ahorro en algunas partidas para compensar esta expansión de los gastos salariales y recaudar todos los ingresos que se generen. En todo caso, en una economía totalmente controlada por el estado, esa modificación presupuestaria se debería analizar bien, porque como dice el refrán “desvestir un santo para vestir otro” no es buena cosa.

En el sector empresarial del estado la descentralización de la aprobación de los sistemas de pago por rendimiento, la vinculación de la formación y distribución del salario al cumplimiento de indicadores y la eliminación de restricciones administrativas sirvieron para que a finales de 2018 los salarios aumentaran de 600 a 871 pesos. Este resultado ha pasado desapercibido y los incentivos aprobados como “la facultad de aprobar los sistemas de pago por el director de la empresa; priorizar siempre que sea posible la aplicación del pago a destajo; y mantener como indicador que condiciona el pago por resultados en las empresas el crecimiento de las utilidades antes de impuesto, comparadas con periodos anteriores” han sido escasamente aplicados por las empresas, ante las dudas creadas para su implementación.

Díaz-Canel dijo finalmente que “la intención de este grupo de medidas es potenciar el desarrollo del país y hacer frente a la compleja situación de los momentos actuales”. El problema es que el tiro le puede salir por la culata, y tiene muchas posibilidades que sea así. Lo veremos.