Sin campo no hay país

Elías Amor Bravo, economista

A los graves problemas que existen en el sector agropecuario cubano para producir más y mejor, Diario de Cuba se ha hecho eco del malestar que existe en amplios sectores del campesinado contra las medidas de represión que está aplicando el gobierno comunista.

Medidas que van más allá de la precariedad que existe en el país y que califican como “ilegalidades”, prácticas aceptadas por todos, que se desarrollan en otros países en los que la economía de mercado libre regula las relaciones de producción.

En Cuba, las denuncias del gobierno contra los productores agropecuarios tienen su origen en la pésima y deficiente estructura jurídico administrativa del país, que lejos de contribuir a atajar los problemas, los tiende a agravar de forma desorbitada. Hay denuncias de todo tipo. La Liga de Campesinos Independientes, una de las organizaciones que promueven la campaña “Sin campo no hay país”, nos ha ofrecido algunas pistas.

Si hay problemas en el suministro de pienso y alimentos para los animales, ¿Por qué el gobierno tiene que sancionar y reprimir a un productor eficiente al que sobra pienso, y lo vende a otros productores? ¿Qué razón impide a este criador de cerdos obtener unos ingresos con la venta del excedente de piensos que acabará destinando seguramente a otros bienes intermedios, o necesidades propias del negocio? Pues no. Esta práctica ha sido reprimida por las autoridades como consecuencia de las delaciones que se multiplican entre los propios productores, presionados por la organización comunista, que a nivel local mantiene un férreo control sobre las explotaciones para impedir que sean rentables y crezcan.

Otro ejemplo ha sido la intervención estatal de cosechas. ¿Quién dijo que en Cuba no existen las expropiaciones? Lejos de avanzar hacia una necesaria liberalización de la producción y comercialización de las producciones agropecuarias, el gobierno, en el retorno a la normalidad comunista desde el pasado 18 de junio, ha vuelto a reforzar la centralización y control por el estado de las actividades económicas. En realidad, la intervención de una cosecha a un productor agropecuario significa su ruina, y la imposibilidad de volver a la actividad, además de las sanciones que se puedan aplicar.

Por otra parte, el régimen utiliza sus medios de comunicación, para culpar al productor agropecuario como el culpable de la hambruna, el acaparador. En vez de promover la imagen social de los campesinos, como agentes encargados del sustento a la población en estos tiempos difíciles, los convierten a ojos de la población, en ladrones cuyo objetivo es esconder las cosechas comprometidas con Acopio. Una injusticia.

De modo que esta campaña desatada por las autoridades para minar la base social de los campesinos libres  en Cuba está provocando los primeros temores fundados en la agresión continua y los instrumentos de represión que coartan la libertad de los agentes económicos. Una venta de producto a un precio que no es el acordado con Acopio, por ejemplo, supone la inmediata confiscación de la cosecha. Y el problema no es otro que los precios de Acopio. Mientras que los cubanos tienen que afrontar unos precios elevados en los mercados donde realizan sus compras, al productor apenas se le paga por su trabajo y además, las deudas del estado, prolongadas en el tiempo, acaban generando problemas de solvencia.

La Liga ha denunciado igualmente la escasa atención que los dirigentes comunistas locales tienen hacia las necesidades de los productores agropecuarios, en algo tan simple como una reparación de techos, lo que supone que se suministren los materiales de construcción que no se pueden adquirir libremente por los interesados. Las lluvias afectan las cosechas, pero sin seguros que cubran los daños, las pérdidas asolan el campo, sin que el estado asuma su parte de responsabilidad. Esto ocurre incluso con el tabaco, un producto destinado a la exportación que proporciona divisas muy importantes al gobierno, que apenas alcanzan al canal productor.

A los problemas citados, se añaden las plagas e infecciones que no se pueden combatir por la falta de plaguicidas y tratamientos que, en vez de ser producidos en el país, se tienen que importar del exterior. No se a qué esperan para avanzar en la sustitución de importaciones. El gobierno se limita a culpar al embargo, pero no aporta soluciones a los problemas.

Muchos nos preguntamos cómo es posible que en Cuba se produzca en la agricultura con este tipo de problemas. La campaña "Sin campo no hay país" está plenamente justificada, porque busca un cambio de 180º en las condiciones actuales, ciertamente complicadas, en las que se basa la actividad agropecuaria en Cuba.

Las demandas de libertad para los productores de alimentos, de que se suspendan los impuestos por lo menos durante diez años para fortalecer las explotaciones, han sido respondidas con más vigilancia y represión. La consecuencia es que el desabastecimiento de alimentos irá a más y Cuba se acercará a esa crisis alimentaria de la que habla el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, y que las autoridades no quieren reconocer.

Se acaba el tiempo de los cambios urgentes, y se acerca la penuria. No se va a resolver el problema alimenticio sembrando en los patios de las casas, macetas o balcones, sino devolviendo la propiedad de la tierra a los agricultores y la libertad de mercado para decidir lo que estimen conveniente con sus factores de producción y cosechas.

Ya no se trata de dar más tierras en arrendamiento. La fórmula de Raúl Castro no ha dado los resultados previstos. Lo que se tiene que hacer es dar marcha atrás a la reforma agraria comunista que ha sido un gran fraude histórico para los campesinos cubanos, y que ha postrado la otrora competitiva agricultura cubana, en una crisis estructural. El campo cubano puede, pero necesita apoyos y libertad. Y por eso, hay que decir bien claro, “Sin campo no hay país”.