El sector del azúcar no se recupera fijando precio de acopio ni con financiación del BCC

Elías Amor Bravo economista

La cosecha de caña va mal. Hasta Díaz Canel lo reconoció hace unos días. Las "93 medidas" no ayudan a recuperar un sector que debe su postración actual a las decisiones personales de Fidel Castro a comienzos de este siglo, cuando decidió paralizar el funcionamiento de ingenios y abandonar los campos de cultivo, porque, entonces, decía que los precios eran inferiores a los costes de producción.  Una lástima.

Aquella decisión, que todo el mundo interpretó como errónea, supuso para Cuba perder su cuota de mercado mundial en la producción de azúcar, pero también algo muy importante, la posibilidad de obtener prefinanciación de la cosecha en los mercados internacionales de capitales. Fidel Castro acabó destruyendo lo más preciado de la economía y la sociedad cubana. Dos décadas después, sus herederos políticos no saben qué dirección tomar, y no hacen más que dañar lo poco que aún sobrevive, con medidas que no acaban de dar resultados. Ni los pueden dar.

Lo último ha sido otorgar al presidente del grupo azucarero AZCUBA, el monopolio estatal que rige el sector, la facultad para fijar los precios de la caña de azúcar en función de la calidad que tenga el producto. La pregunta es inmediata ¿De qué sirve manejar el precio si no hay producción ni compradores? Una vez más, las decisiones de precio máximo (topado, como no podría ser de otro modo en el régimen castrista) quedan al margen de la oferta y demanda, y en vez de establecerse en función de las condiciones de mercado, son el resultado de una decisión administrativa que acaba siendo publicada en la gaceta oficial como un acuerdo el número 9272/2022, al que se otorga la máxima confianza en su capacidad para regular la venta del producto.

El precio, establecido en 700 pesos por tonelada métrica, queda fijado de forma administrativa, en el campo o en el almacén del producto, como si fuera lo mismo y no existiera una incorporación de valor de uno a otro. Dicho procedimiento queda en vigor con efecto retroactivo, para todas las operaciones realizadas a partir de 1 de diciembre de 2021. La medida tiene como objetivo facilitar financiación a la zafra desde su comienzo,

Y como cabría esperar, los precios administrativos, lejos de resolver el problema cañero, no han servido para nada. Y el tiempo ha pasado. De modo que dos meses después, el régimen tiene que volver a tomar una decisión similar. Esta vez, facultan al Banco Central de Cuba, que debería estar para otras cosas, a disponer de fondos para aumentar la producción de caña de azúcar. Viendo que las 93 medidas no dan resultado y que los precios de acopio fijados a nivel administrativo, menos aún, el régimen ante una de las peores campañas de la historia de Cuba se lanza a otorgar financiación al sector, en una peligrosa huida adelante, cuyas consecuencias pueden ser desastrosas.

La decisión de financiar va dirigida al sector agroindustrial azucarero, en su conjunto, incluyendo también los derivados y la generación de energía. El beneficio, amparado por el Fondo de Desarrollo creado con dinero del Presupuesto del Estado, quedó registrado en la Resolución 22 de la entidad bancaria, dada a conocer en la Gaceta Oficial.

Que el Banco Central disponga recursos financieros del presupuesto estatal para un sector que necesita mucho más que parches monetarios para sobrevivir, es una actuación que entraña riesgos, porque dada la insolvencia en que se encuentran muchas de las empresas y los pésimos resultados que se esperan de la campaña presente, lo más probable es que la mayor parte de los créditos que se otorguen resulten en fallidos e incobrables, que crearán problemas a los que facilitan la financiación. 

La decisión del BCC es política y responde a la necesidad de dar sentido a las “93 medidas” del régimen para revitalizar la producción azucarera, que es evidente que no están dando los resultados apetecidos. Las autoridades comunistas de Cuba se están encontrando con la dura realidad que el cadáver del sector azucarero cubano no se puede reanimar con disposiciones administrativas relacionadas con financiamiento, logística, gestión empresarial y potencial humano, y de ciencia, tecnología e innovación.

Es cierto que las “93 medidas” cubren en cierto modo todos estos ámbitos, pero no van al origen del problema, que tiene mucho que ver con los derechos de propiedad de la tierra y la existencia de un régimen jurídico que lo garantice. En vez de reflexionar sobre estas medidas estructurales que, por ejemplo, a Vietnam le permitieron convertirse en un lustro en potencia exportadora de arroz, las autoridades culpan del fracaso del azúcar a las “limitaciones financieras y de recursos y la agudización del bloqueo económico, comercial y financiero del Gobierno de Estados Unidos y la crisis derivada del azote de la COVID-19” cuando el verdadero culpable lo tienen en el “museo mausoleo” que le acaban de inaugurar en el Vedado.