La complejidad de la política salarial dejará los salarios sin cambios

Elías Amor Bravo economista

La cuestión salarial y, sobre todo, en las empresas estatales, es un problema recurrente y plantea numerosas dificultades al régimen comunista, incapaz de reconocer que el modelo no sirve y tiene que ser cambiado en 180º, por el bien de los trabajadores, las empresas y la economía.

¿A qué nos estamos refiriendo? Básicamente al hecho de que los salarios tienen que ser establecidos en función de la productividad, y cualquier otra regla es inútil, ineficiente y genera problemas que no se pueden resolver fácilmente. La experiencia reciente lo confirma. La Tarea Ordenamiento salió mal, en buena medida, como consecuencia de los aumentos de salarios que se establecieron en las empresas estatales, sin referente alguno de productividad. Aquella medida, firmada por las autoridades, hizo que más de 500 empresas estatales llegasen a situaciones de insolvencia, próximas al cierre. La aventura se tuvo que cerrar con más subsidios, más gasto y más déficit público. Pero esa no es la solución.  

La solución pasa por la libertad, no por la autonomía. Y si los actores privados pueden fijar los salarios de sus empleados y los suyos propios con cierta libertad, condicionados solamente por la necesidad de tener una cuenta de explotación con beneficios, los comunistas no saben cómo trasladar estas políticas de salarios a las empresas que dependen del estado.

Uno de los motivos que se pueden argumentar se encuentra en las abultadas plantillas de las empresas estatales, lo que arroja en general, muy bajos niveles de productividad, baja eficiencia y competitividad, acompañados de niveles muy reducidos de calidad y servicio. No hay parámetro alguno para mejorar los salarios. Mientras que las entidades privadas, que controlan mejor sus costes y plantillas, pueden pagar mejor, las empresas estatales no lo consiguen como consecuencia del peso excesivo del estado en sus decisiones.

Y puestos a tratar de encontrar una solución al problema, los dirigentes comunistas han ido realizando no pocos experimentos para entregar a las empresas estatales “autonomía” que, “merecen y necesitan”, como dice Cubadebate en un espacio de Mesa redonda, con el director de Organización del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Autonomía, que no libertad.

Una concesión. El estado está dispuesto a una concesión a sus empresas porque lo merecen y necesitan. El enfoque tiene muy poco que ver con la necesaria libertad económica para funcionar mejor y ser más competitivas. Incluso califican las medidas de “audaces y sin precedentes”. Básicamente, porque el régimen se ha planteado que “las empresas estatales puedan fijar el salario de sus empleados, sin estar sujetas a las escalas establecidas por el MTSS, con la que muchos trabajadores del sistema empresarial están inconformes”. El régimen, con esta medida, quiso corregir las desventajas de los empleados estatales en materia de salarios con el resto de los trabajadores.

Y la medida se aplicó durante los últimos tres meses de 2021 en entidades de BioCubaFarma, del turismo y del sistema de las fuerzas armadas, así como en otras autorizadas por el consejo de ministros, en total unas 187 hasta enero, con 275.000 trabajadores. A partir de ahora, serán los presidentes de OSDE, jefes de organismos y gobernadores quienes decidan que empresas entran. ¿Decisión política? Por ello, se estima que este año se llegue a 700 empresas y poco más de 700 000 trabajadores, menos del 30% de los que están ocupados en el sector empresarial estatal.

En cuanto a los resultados del experimento, la muestra ha sido pequeña, y si bien se observaron un crecimiento de la productividad del trabajo, las ventas, las utilidades y el aporte por el rendimiento de la inversión estatal, el ingreso medio (incluyendo las utilidades) en estas empresas ascendió a solo 4.083 pesos (41 dólares al cambio informal), con un salario medio apenas 128 pesos (1,2 dólares) más que en el resto de las empresas.  Tanto esfuerzo, para qué. Además, hay riesgos, “porque se puede pagar salario sin respaldo productivo, sobre la base de incrementar los precios”. Lo peor es que se mantuvo el riesgo de esta medida, que en su momento colapsó a las empresas en la Tarea Ordenamiento, y que no es otro que pagar más salario sin referente de productividad.

Cualquier análisis de esta nueva política de organización salarial descubre que sus principales dificultades se encuentran en el exceso de intervencionismo estatal, que, no obstante, atribuye a los jefes de empresa la facultad para aprobar el aumento salarial y su distribución, siempre que se autorice por las OSDES respectivas. Exceso de jerarquía, porque la organización salarial de la empresa se aprueba por la oficina central de las OSDE y su jefe máximo (el salario del director de la empresa se lo aprueba su jefe inmediato superior), pero solo si más del 50% de las empresas que la integran tienen implementado la medida. En las unidades empresariales de base subordinadas a la OSDE, la aprobación corresponde al jefe máximo de ésta a propuesta del jefe de la unidad empresarial de base.

Por otra parte, se permite definir el pago por resultados a los trabajadores directos a la producción, pero en cambio se olvida de los indirectos, lo que puede generar no pocas insatisfacciones. El diseño de la organización salarial en la empresa debe ser transparente, equitativo, diferenciador, proporcional y dinámico. Y, además, con el visto bueno del sindicato.

Además, las empresas deben cumplir una serie de requisitos.  Deben contar con una contabilidad adecuada, es decir, cumplir con las normas establecidas por el Ministerio de Finanzas y Precios; un control interno demostrado, que tenga estabilidad en su gestión productiva y financiera, que muestre solidez en su gestión de recursos humanos, entre otros.   

Y se exigen tres condiciones indispensables: las empresas no deben planificar pérdidas, no pueden disminuir el nivel de utilidad obtenido en el año anterior ni deteriorar el aporte por el rendimiento de la inversión estatal o el pago de dividendos a las OSDE. El fondo de salario no puede crecer más que el aporte.

También se planteó la cuestión de dónde sale el dinero para pagar más, en medio de la compleja situación que vive el país El presupuesto del estado no interviene, por lo que la empresa financia el salario con sus ingresos, debiendo prever este objetivo cuando se elabora el plan de la economía para el siguiente año (es decir, más de medio año antes).

Además, el salario que se fije al trabajador no puede ser inferior al salario mínimo establecido en el país, y tampoco inferior al salario básico que viene percibiendo, siempre que se mantenga realizando la misma actividad. Se advierte que cuando en la ejecución del plan de la entidad se incumple en valor absoluto el aporte por el rendimiento de la inversión estatal o el pago de dividendos a los socios, el fondo de salarios se ajusta hasta el límite del salario básico de partida.

Por último, en las uniones que constituyan un sistema integrado vinculado tecnológicamente, que operan bajo una dirección centralizada y los resultados económicos se miden a nivel de sistema, la organización salarial se aprueba por el jefe máximo. Mantienen vigencia los mecanismos actualmente aprobados de retribución por los resultados referidos al pago por alto desempeño y la distribución de utilidades.

Los dirigentes comunistas defienden esta política insistiendo que “no se hace para que, en automático, los trabajadores ganen más, sino que existe un fondo de salario, una utilidad y un compromiso con el dueño que hay que cumplir. Se sigue el mismo principio de que se gana más mientras más riquezas se creen”. Una medida de profundidad, que dota de autonomía y responsabilidad a la dirección de las empresas. ¿Demasiado complicada no?