Los presupuestos de 2019: los menos sociales de la década
Elías Amor Bravo, economista
Meisi Bolaños Weiss, ministra de Finanzas y Precios (MFP), al presentar ante la Asamblea Nacional la liquidación del presupuesto del año pasado dijo que “la economía cubana en 2019 se desenvolvió bajo fuertes tensiones financieras, derivadas en lo fundamental del recrudecimiento del bloqueo impuesto por EE.UU., lo cual impactó en la ejecución presupuestaria del país”.
Y añadió al respecto que “las mayores restricciones se dieron en la disponibilidad de combustibles, sobre todo en el último cuatrimestre del año, lo que incidió en el ritmo de inversiones, en la agricultura, la producción y distribución de alimentos, la circulación mercantil mayorista y minorista y la transportación de pasajeros, entre otras actividades”.
INGRESOS
Los ingresos brutos recaudados en 2019, ascendieron a 59.546 millones de CUP, con un descenso del 2,6% respecto de lo planificado, como consecuencia de la caída de 2.000 millones de CUP en la circulación mercantil minorista y de otros ingresos no tributarios, que impactaron en algunos de los principales impuestos.
Así, por ejemplo, el Impuesto sobre las Ventas dejó de recaudar 1.268 millones de CUP, por los daños provocadas en importantes renglones destinados a la población, como materiales de la construcción, productos alimenticios, de aseo e insumos agrícolas, entre otros.
En el Impuesto sobre los Servicios se recaudó el 98,8% de los ingresos previstos y se incumplieron 53 millones de pesos, fundamentalmente por los servicios prestados por las personas naturales, que incluye a los arrendadores de viviendas, habitaciones y espacios.
Los impuestos sobre utilidades y el aporte de las empresas estatales se cumplieron al 102% y 107% respectivamente, a pesar de que 787 empresas disminuyeron la utilidad y 88 registraron pérdidas cuando tenían utilidades planificadas.
Sin embargo, en este escenario de debilidad de la actividad económica, con una menor recaudación de lo previsto, la contribución de las formas de gestión no estatal (los emprendedores del sector privado) se cumplió al 107%, con un crecimiento del 19% respecto del año anterior.
En el primer año de aplicación del proceso de Declaración jurada y liquidación del impuesto sobre los ingresos personales a los productores agrícolas del sector no cañero, se logró el cumplimiento del 99,4% en la recaudación, de modo que los campesinos cubanos son otra fuente de financiación del presupuesto.
Los trabajadores por cuenta propia y las cooperativas no agropecuarias tampoco quedaron atrás, y mejoraron sus contribuciones a los ingresos, aunque persiste la morosidad en el pago de los tributos, la subdeclaración de ingresos y el ejercicio ilegal de actividades, por lo que las oficinas de Administración Tributaria exigen perfeccionar las acciones de cobro y de control fiscal y ganar en oportunidad,
No deja de ser significativo que la actividad no planificada por el estado y que depende de precios, sea la que mejor comportamiento registra en términos de recaudación. Los ingresos ascendieron a 7.280,2 millones de CUP, representando el 14% del total, con el siguiente desglose: Trabajadores por cuenta propia, 3.482,5 millones de CUP (el 48% del total), cooperativas no agropecuarias, 1.213,9 millones de CUP (un 17%) y otros ingresos 2.583,8 millones de CUP (el 35% restante).
GASTOS
Los gastos totales fueron 65.775 millones de CUP, el 98,1% de lo planificado y un 64% del PIB de toda la economía. En la ejecución realizada incidieron las medidas restrictivas aplicadas a todos los sectores para financiar el aumento parcial del salario en el sector presupuestado y las pensiones de mediados de año. Dicho aumento fue estimado en 4.198 millones de CUP (el 6,4% de los gastos totales) y su impacto sobre el gasto total se dejó sentir, a pesar de que se asumió que no debía afectar el déficit siendo necesario implementar medidas para potenciar las reservas de ingresos y ajustar los gastos presupuestarios.
En la actividad presupuestada dependiente del estado se gastaron 41.387 millones de CUP que garantizaron los servicios básicos a la población, de los cuales, el 67% se destinó a los sectores de la educación, salud pública y la asistencia y seguridad social. Otros como la cultura y el deporte ejecutaron gastos por más de 2.000 millones de CUP. El desglose es el siguiente:
Salud Pública y Asistencia social: 11.059 millones de CUP
Educación: 9.357 millones de CUP
Deporte y Cultura: 2.183 millones de CUP
Programa sobre la dinámica demográfica: 44 millones de CUP
Actividades científicas y tecnológicas: 699 millones de CUP
Seguridad social: 7.120 millones de CUP
Administración Central del Estado: 11.577 millones de CUP
En cuanto a subsidios se destinaron, a financiar ayudas a personas de bajos ingresos con necesidades constructivas en sus viviendas, 795 millones de CUP, beneficiando a unas 16.000 personas, cifra insuficiente para las necesidades que existen, y 44 millones de CUP a las viviendas de las madres con más de tres hijos menores de 12 años. En visitas y controles realizados en la ejecución de este programa, se comprobó la justicia de esta política, pero persisten problemas e insuficiencias que exigen se trabaje en su erradicación.
La aportación del estado al sector empresarial de su propiedad alcanzó 19.470 millones de CUP, para dar continuidad al proceso productivo y subsidiar los precios de los productos que fabrican. Un 57% financió producciones exportables que sustituyeran importaciones. El informe señala que el destino de estos recursos financieros requiere mayor control de los organismos y las organizaciones empresariales, en función de lograr mayor eficiencia en su utilización.
Para la canasta familiar normada a la población con precios subsidiados, se destinó al comercio 3.444 millones de CUP, una cantidad en claro descenso, dando una precaria estabilidad a las familias en la disposición de estos bienes.
Los gastos y transferencia de capital ascendieron a 4.918 millones de CUP, el 68% correspondieron a inversiones de infraestructura y de la vivienda. Se respaldaron los programas de agua y redes hidráulicas, viales, fuentes de energía renovables y restauración y conservación del patrimonio habitacional, entre otros.
Los presupuestos locales del Poder Popular alcanzaron el 96,5% del superávit planificado, cerrando con déficit en sus presupuestos las provincias de Santiago de Cuba, Guantánamo, Las Tunas, Granma y el municipio especial Isla de la Juventud. Las provincias de Mayabeque, Matanzas, Ciego de Ávila y Las Tunas, sobregiraron el gasto planificado para el año, lo que denota grave indisciplina financiera por falta de seguimiento, análisis y control sistemático, y exige adoptar las medidas para que situaciones como estas no se repitan. Por otra parte, se ha podido comprobar el registro incorrecto de ingresos que distorsionan los resultados de déficit o superávit, lo cual requiere de mayor atención.
Se aprobaron por los Consejos de la Administración 624 millones de CUP de la Contribución Territorial para el Desarrollo Local distante aun de generar inversiones, fuentes de empleos y de servicios.
La financiación destinada a la recuperación de las afectaciones provocadas por eventos climatológicos, ascendió a 311 millones de CUP, cumpliéndose la política de bonificar el 50% del precio de los materiales de la construcción y el pago por la asistencia social a las personas imposibilitadas de asumir estos gastos.
En las auditorías realizadas por la Contraloría General de la República y los controles del Ministerio de Finanzas y Precios al presupuesto, muestra que a pesar de las tensiones económicas y financieras y la falta e inestabilidad del personal calificado, el sistema presupuestario garantizó el funcionamiento de los programas sociales y económicos del país. No obstante, las acciones de control realizadas a las entidades de base y presupuestos locales señalan fisuras y reservas, falta de control de los escasos recursos financieros que dispone el país, la insuficiente jerarquización a estos temas, fundamentalmente de los directivos encargados de administrar y supervisar el presupuesto en cada uno de los niveles de dirección.
La indisciplina informativa y financiera, unidades presupuestadas con exceso de demandas de recursos, es decir, comprometen gastos sin contar con presupuesto, elevadas cifras de pérdidas, ausencias de normas de gastos en la elaboración y análisis del presupuesto y los problemas en el Sistema de Tesorería, están entre las violaciones que se cometen, convirtiéndose en causas y condiciones que propician el robo y la corrupción.
DÉFICIT
En resumen, la ejecución del presupuesto del Estado en el año 2019, registró un déficit fiscal de 6.435 millones de CUP, inferior al aprobado en el Decreto Ley No 1 del 2019 en 594 millones de CUP. No obstante, durante el ejercicio, el gobierno decidió incrementar el déficit fiscal hasta 7.029 millones de CUP (superior al planificado), mediante el Decreto Ley No.1 de diciembre de 2019.
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