Pero ¿funciona bien el ámbito laboral en Cuba?

Elías Amor Bravo economista

En la misma Mesa redonda en que Meisi Bolaños habló de la “inflación de diseño” de la Tarea Ordenamiento, dejando estupefacto a más de uno, también participó la ministra de Trabajo y seguridad social, la señora Feitó para hablar en Cuba, con la que está cayendo, de “salarios empresariales, precios y déficit fiscal en escenario de inflación y desde la eterna perspectiva de la empresa estatal como “centro de la actividad económica en Cuba”, tiene enjundia. Por suerte, ella llevó la voz cantante durante la mayor parte del programa que dirige Randy Alonso.

La señora Feitó que, al menos de momento, lleva el departamento de Trabajo inició su intervención refiriéndose al bloqueo y las “243 medidas impuestas para asfixiar económicamente al país” que culpó como detonante de la grave crisis económica. Ninguna asunción de responsabilidades. Tan solo defendió una supuesta “primera posición de Cuba en vacunación en América Latina”, como si solo hubiera vacunas en la Isla. Pero, ya se sabe. El otro argumento de la ministra se basó en el eterno, “mal de muchos, consuelo de…” con el que explicó que la crisis no es privativa de Cuba. Afecta al mundo y, en el caso cubano, hace que “demoran muchísimo los productos en llegar al país”.

Y, a partir de este enunciado, señaló que “el Gobierno cubano no ha descansado ni un minuto en tratar de buscar soluciones a esta problemática, soluciones que no son sencillas”, para añadir que la fórmula en “nuestro país ha sido fortalecer la empresa estatal socialista y la producción nacional”. ¿Han tenido éxito en ello? No respondió, pero citó las “28 medidas aprobadas en 2019 que descentralizan facultades y flexibilizan procesos de las empresas estatales después de las 15 nuevas medidas de 2020”, necesarias en su criterio, para “ir arrancándole todos los días un pedacito a los problemas” y en este punto, pasó a referir a las actuaciones de su departamento “para ver qué más podíamos hacer o flexibilizar”.

En este punto dijo que “en el ámbito del empleo tenemos una flexibilización total. Hay una descentralización de la gestión de las fuerzas de trabajo hacia las entidades, de la aprobación de las plantillas, de la contratación, flexibilización en todo lo que tiene que ver con los sistemas de pago”. ¿Economía de mercado? No, gracias. Flexibilización del empleo, ni por asomo.

La ministra reconoció la existencia de “algunas trabas que ponían en desventaja a la empresa estatal socialista en relación con el resto de las formas de gestión como complemento que, además, es voluntad del Gobierno continuar desarrollando” y que, por ello, el pasado año se crearon 140.000 nuevos empleos en el estado y el desarrollo local, “si bien no se cumplió el plan”.  Insistió en la necesidad de seguir “potenciando e incrementando las ofertas de empleo para que las personas puedan sustentarse económicamente” e informó que se incorporaron más de 236.400 personas que estaban desvinculadas del estudio y el empleo (de ellas, 12.600 jóvenes), e insistió en lo mismo de siempre, “que el año pasado aumentó la motivación por el empleo, lo cual hacía muchos años que no pasaba. Es un resultado positivo que hemos evaluado”. No lo es. El aumento de la oferta de empleo tiene que ver con la necesidad más que la motivación laboral. No conviene seguir insistiendo en argumentos que caen por su propio peso.

La ministra dijo que este proceso se debió en buena medida a “a aparición de nuevos actores económicos” indicando que también se cuentan los empleos que generaron las mipymes, las cooperativas no agropecuarias y los proyectos de desarrollo local, así como los que son producto de inversión y la recuperación de capacidades en el sector estatal. Pero no ofreció cifras al respecto. En su opinión, el empleo ha mejorado gracias a “una de las 63 medidas aprobadas para dinamizar la producción agrícola y aumentar la capacidad productiva de la empresa estatal socialista, que estaba en una desventaja total en términos de contratación y en términos salariales cuando se comparaba con la contratación y el pago del salario que podían hacer un campesino independiente, un usufructuario de tierra, un cooperativista de las diferentes formas de cooperativa existentes”.

Para resolver dicha situación, los dos ministerios implicados, Trabajo y Agricultura participaron conjuntamente en el diseño de “un modelo de gestión económica que flexibiliza tanto en lo que tiene que ver con la relación laboral como en lo salarial y, sobre todo, privilegia al trabajador que está directamente vinculado a la producción de alimentos”. A resultas, se han creado los colectivos agropecuarios. En estos momentos hay más de 874 colectivos en más de 60 empresas del sistema empresarial, que incluyen a más de 9.500 trabajadores. De forma sorprendente dijo que el resultado ya es visible para concluir en este punto que “se ha incrementado la producción de alimentos, aunque todavía no en las proporciones y dimensiones que queremos”. En realidad, dista mucho de ser representativo.

En este punto, se entretuvo hablando de la alta motivación de los trabajadores por estos colectivos laborales, que eligen a su jefe y este junto a los trabajadores puede aprobar el sistema de pago que se acuerde, el momento o la periodicidad con que se va a pagar el salario, para indicar que “este es un diseño propio de ese colectivo. De ese modo, se va poniendo a este actor estatal en iguales condiciones, incluso tienen la facultad de contratar fuerza de trabajo cuando las circunstancias lo requieran”. A continuación, explicó la “oficialidad” de la figura del gestor de fuerza de trabajo, una persona que contribuye (porque verdaderamente esa empresa que está en el campo no puede estar dedicándose a gestionar todo el tiempo, sino que puede auxiliarse de otra persona que ya le facilita esta fuerza de trabajo)”

También hizo referencia a que ha tenido lugar “un retorno de trabajadores que anteriormente estaban en el sector estatal de la agricultura y lo habían abandonado porque estaba deprimido, los ingresos eran insuficientes y no cumplía sus expectativas”, esperando que este retorno contribuya a aumentar la producción agropecuaria. La ministra explicó a continuación la otra medida, que en su opinión “ha sido una de las que más expectativas ha creado, en concreto, la facultad de descentralizar la organización salarial de los trabajadores del sistema empresarial, es decir, la eliminación de la obligatoriedad de aplicar la escala salarial”.

Muchos trabajadores mostraron desde el lanzamiento en la Tarea Ordenamiento, su disconformidad con la “escala salarial” que ordenaba las retribuciones en niveles. La ministra informó que “al realizar el mapeo de los actores económicos y las comparaciones en cuanto a la seguridad social y otros parámetros, se vio que desde el punto de vista del salario los trabajadores estatales estaban en desventaja en relación con el sector no estatal”. Al respecto señaló que “la eliminación de límites administrativos al salario que condicionaban los sistemas de pago, la distribución de utilidades, al que ya se le quitó el tope, y después, la conformación del salario estructurado en una parte fija asociada fundamentalmente al salario escala más los pagos adicionales y una parte móvil del salario que tiene que ver con la aplicación de los sistemas de pago a destajo o con la aplicación de los sistemas de pago por resultados” no era la solución.

Por ello, señaló que en el sistema empresarial los trabajadores “deben ocuparse más de la parte móvil del salario, porque esta no tiene límite, ese lo pone la eficiencia, por lo que entre más productivo sea el trabajador y más eficiente sea la empresa, más puede ganar sin límite”. Al respecto señaló “entendimos que, si en el sector no estatal podía fijar el salario la persona al frente del negocio o la actividad, ¿por qué no podía ser así en estos colectivos? Entonces, descentralizamos esta actividad. Es una medida audaz, que en Cuba no tiene precedente”. Para añadir a continuación “que esta medida no podía verse al margen de la organización del trabajo”. Una de cal y otra de arena.

Por ello, la medida “tenía que venir acompañada de un balance de carga y capacidad para saber qué plantilla requiere la entidad realmente, porque si malo es que en el sector presupuestado haya trabajadores que no tienen contenido para ocho horas, igual de perjudicial es en el sector empresarial, porque están gravitando los resultados de la empresa sobre personas que están improductivas innecesariamente. No se puede desconectar la organización del trabajo con el diseño de puestos, las mejoras desde el punto de vista del tiempo y el flujo del proceso. No se puede fijar el salario al margen de eso”. Los excesos se acaban pagando. No está claro que se hayan desatado las fuerzas productivas, que las personas produzcan más y las empresas tengan mejores resultados.

En este punto, la ministra explicó que “hay un grupo de principios para fijar el salario, relacionados con la organización del trabajo y los salarios. Hay cargos en una entidad que son la razón de ser de la misma y esa fuerza tiene que estar jerarquizada, porque es el centro de la actividad. La complejidad del trabajo es muy importante, unida a la no discriminación, lo cual obedece a los principios de derecho del código de trabajo. Otro de los principios es la diferenciación, donde, además, de la complejidad del trabajo, se toman en cuenta elementos como las condiciones del puesto de trabajo”. A vueltas con la complejidad del trabajo como referente salarial.

También citó “la idoneidad demostrada, pues todos los trabajadores no tienen la misma capacidad de trabajo, el aporte individual, la proporcionalidad en dependencia de la cantidad y el tiempo de trabajo y la dinámica”. Sobre este último aspecto, aclaró que “el hecho de que se fije ese salario no significa que es inamovible y que no se pueda, en la medida en que la empresa crezca, hacer que los salarios lo hagan también, no solamente por el pago de utilidades o sistemas de pago, sino del diseño de esa escala salarial”.

Y en este punto, señaló que “para aplicar este sistema hay condiciones. En primer lugar, no planificar pérdidas ni disminuir los niveles de utilidad. Tampoco puede afectarse el aporte por el rendimiento de la inversión estatal o el pago de los dividendos, en el caso de los socios para la inversión extranjera”. Según la ministra, en 2021 entraron de inicio un grupo de entidades del sector del turismo, de las FAR y BioCubaFarma, que fueron las punteras. Después se incorporaron un grupo de entidades de prácticamente todos los sectores, incluyendo empresas de subordinación local.

Para añadir que “hubo un despegue en ese sentido, pero la norma establece que para 2022 ya no se requiere de la autorización que al principio se necesitaba por el Consejo de Ministros. Conforme van cumpliendo las condiciones y se va haciendo el rediseño, las empresas pueden aprovechar esta facultad de una medida tan revolucionaria”.

Destacó “que debe existir una plena participación de los trabajadores, al margen de los cuales no se puede implementar esta medida, porque incluso esa organización salarial se aprueba en el consejo de dirección, previo acuerdo con el sindicato, además de que se lleva al convenio colectivo de trabajo. Ello significa que los empresarios adquieren una altísima responsabilidad”.

Según la ministra, “el año pasado hubo 197 entidades que aplicaron este sistema, y más de 275.000 trabajadores están sujetos a este beneficio, el 18% del total del sector empresarial, algo todavía insuficiente”. Además, “con base en los resultados preliminares de los estados financieros que brinda la ONEI, en todas las entidades donde se aplica hay un incremento de las ventas y un crecimiento de la productividad del trabajo. En todos los casos, el salario devengado y los ingresos a partir de la distribución son superiores al del resto del sector empresarial. Es decir, a priori, el impacto es favorable en la aplicación de la norma”. Mecanicismos como este son increíbles a pesar de que la dependencia no está clara.

Una duda frecuente, según la ministra, es que, si se aplica esta facultad, ya no se puede distribuir utilidades o si desaparecen los sistemas de pago. Y sobre esta cuestión, señaló que “al contrario, se mantienen las utilidades con ese pago a cuenta adelantado como parte del ingreso de los trabajadores. Se mantiene también la posibilidad de aplicar los sistemas de pago a destajo y la reciente Resolución No. 1/2022 del MTSS, que complementa el Decreto 53, establece la posibilidad de aplicar sistemas de pago por resultados, pero a los trabajadores que están directo en la producción y siempre que se pueda medir concretamente el aporte individual. Una manera más justa que como se hacía anteriormente”.

En otro momento de su intervención, Fetó Cabrera apuntó que 588.000 trabajadores se beneficiaron con el pago de la distribución de utilidades, el 39% de los trabajadores del sector empresarial. Un punto especialmente importante de la Mesa redonda llegó al abordar la situación de más de 500 empresas que operan con pérdidas, un asunto que según la ministra de Trabajo “se analiza desde el Ministerio de Economía y Planificación”. En su opinión, esto se debe a la desconexión entre los precios mayoristas y los minoristas, “porque el precio del mercado está a un nivel que, si se hace corresponder el mayorista con el minorista, la disminución de la capacidad de compra del salario sería todavía inferior, pues realmente son muy elevados los precios”.

Asimismo, reconoció que “hay mucha inflación, sobre todo en el sector no estatal; sin embargo, los precios de otros servicios a la población se han mantenido, aun en medio de la crisis económica. Eso está afectando a la economía del país y a los trabajadores de esas entidades que tienen desmotivación por el trabajo, porque no avanzan”. Y no mucho más sobre esta cuestión.

Después hablo del papel que desempeñan los cuadros en las empresas: “Hay entidades que todavía no habían empezado a aplicar este decreto, y ya se estaban aprovechando de otras facilidades”, para añadir que “no se puede actuar con miedo, hay que tomar decisiones y sobre todo, prepararse”, y añadió que “la medida no tiene marcha atrás”.

En el último tramo de su comparecencia, la ministra señaló que “no se han dejado de atender las vulnerabilidades en medio de la compleja situación” un asunto que justificó porque “estamos haciendo una combinación de medidas compensatorias como las que se aprobaron el año pasado para que, por ejemplo, a todos los beneficiarios de la asistencia social y los pensionados con pensión mínima que viven solos y no tienen otros familiares en condiciones de prestarles ayuda, se les financie el costo de la canasta familiar normada y todos los productos de aseo que se entregan por la libreta”.

La ministra comentó que la piedra angular de la seguridad social es el trabajo. “La mayor protección que se le puede dar a un ciudadano es el empleo” y que “como parte de las medidas antiinflacionarias, habrá algunas que contribuyen a enfrentar situaciones de vulnerabilidad económica”.