El ataque planificado del gobierno central a los presupuestos locales: del déficit al superávit

Elías Amor Bravo economista

La prensa oficial del régimen en ocasiones suele regalar perlas que ni ellos mismos se dan cuenta de lo falsas que son. Me refiero a sendos artículos en Cubadebate titulados “El año 2022, decisivo para los municipios” y “Los municipios definieron prioridades y aprobaron sus presupuestos para el 2022”. Pensando en el primero, solo cabe preguntarse con inquietud, “¿pero es que acaso 2021, 2020, 2019, etc., no fueron decisivos también? ¿A qué jugaban entonces? Y después, si los municipios no definen prioridades para sus presupuestos, entonces, ¿por qué no lo venían haciendo?

Y claro, por supuesto, si alguien cree que puede encontrar alguna explicación para estas cuestiones, que se olvide. La prensa oficial está para otras cosas. No esperen encontrar una sola crítica a los dirigentes por su gestión, aunque se reconozca que es deficiente y está llena de errores y torpezas. Lo importante es que el régimen comunista cubano ha puesto el punto de mira en los municipios, y a ellos ha dedicado una sesión de la Asamblea Nacional de la que dan cuenta los medios oficiales.

Tratar de responder las cuestiones anteriores, con lo que se habló en la Asamblea, es tiempo perdido pero, no obstante, las afirmaciones iniciales de que “2022 será un año de intenso trabajo; se desarrollará en condiciones muy difíciles, pero será un año en el que tenemos que seguir avanzando” expuestas por Díaz Canel no dejan lugar a duda: el régimen ha cambiado su perspectiva de los municipios y, en concreto, lo que denominan “temas urgentes y estratégicos para el desarrollo nacional y local”. ¿Es este clima de tanto trabajo burocrático y urgente, compatible con la atención que requiere el estado crítico de la economía cubana y el círculo vicioso del que no puede salir? Lo dudo.

La sesión arrancó sobre la base de tres patas: un informe de Meisi Bolaños sobre la aprobación de los presupuestos municipales, seguida de una presentación de Alejandro Gil sobre el proceso de descentralización de competencias a los municipios y las acciones de su departamento para controlar la inflación. No cabe duda de que, el miedo por los efectos del descontrol de precios que existe en la Isla, provocado por la aplicación de la Tarea Ordenamiento ya llegó a las altas esferas. Se pasaron un año negándolo, pero los hechos son contundentes: Cuba tuvo a finales de 2021 una de las tasas de inflación interanuales más elevadas del mundo, 77,3%. Finalmente, Nancy Acosta debía exponer los trabajos realizados en 2021 en los barrios y comunidades seleccionadas y las acciones para 2022 en esas comunidades locales.

Todo este despliegue giró alrededor de una idea fuerza: que la autonomía municipal avance, de acuerdo con la constitución, las leyes que la desarrollan y competencias de los órganos del Poder Popular, así como los acuerdos e ideas, conceptos y directrices aprobados en el 8vo Congreso del Partido. No obstante, la señora Bolaños dijo que “aún queda mucho por andar en esta dirección”, señalando que “en la presentación de los presupuestos municipales para 2022 (al 30 de enero ya habían sido discutidos y sancionados en 166 de las 168 jurisdicciones del país), su debate y aprobación, se rompió con el formalismo, con el tecnicismo que la caracterizaba”. Al mismo tiempo, dijo que “el debate de los presupuestos ha permitido que ganen en mayor calidad, apertura y respaldo a las acciones, tanto en lo relativo a los servicios básicos como a los programas sociales”.

Y en este punto, señaló que, a pesar de los avances, “buena parte de los territorios del país tienen presupuestos deficitarios, por lo que requieren acciones desde el presupuesto central”. Deben ser déficits generados el último año, porque si se presta atención a los presupuestos locales en Cuba, según datos de ONEI, desde 2011 cerraban con superávits de las cuentas, cosa que nunca ocurrió con los presupuestos del gobierno central, siempre deficitarios.

Algo no funciona aquí, y o las estadísticas oficiales de ONEI están mal elaboradas, o el gobierno sabe algo que no dice. Vayamos a los datos.

Entre 2016 y 2020, los presupuestos de los gobiernos locales obtuvieron unos ingresos promedio de 27.058,3 millones de pesos frente a unos gastos inferiores, de 23.699,6 millones, sin transferencias de fondos del estado (no aparecen salvo las de capital y por un importe inferior) y un superávit promedio de 3.359 millones de pesos.

En el mismo período, los presupuestos del gobierno central tuvieron unos ingresos medios de 29.086,8 millones de pesos y unos gastos de 37.397,4 millones, lo que elevó el déficit a 8.310,6 millones de pesos. 

Los gobiernos locales presentan un impecable superávit en sus cuentas, eficiencia y buena gestión, solo alterado por el ejercicio de 2020 y la pandemia. El gobierno central, encabezado por Díaz Canel, presenta todos los años déficit y una pésima gestión financiera. ¿Esto es lo que quieren conseguir con los gobiernos locales? ¿es esto lo que pretenden conseguir con esa supuesta autonomía financiera?

De hecho, la información de Cubadebate alude a “las discusiones que han permitido identificar las dificultades que aún lastran los procesos, que deben resolverse en la planificación de 2023”, sin explicar cuáles son esas dificultades. Entiendo que estos datos deben ser conocidos por todos. 

La señora Bolaños dijo que “para enfrentar la estructura deficitaria de muchos presupuestos municipales, “es urgente profundizar en los conceptos de ingresos y gastos, y seguir potenciando las actividades productivas y de servicios, y la recaudación fiscal”, al tiempo que se tienen que crear capacidades “que permitan una mayor participación popular y la definición de prioridades, porque los recursos son finitos y no se dispondrá de todos los que se necesitan para dar respuesta a cada planteamiento de la población”. Mal asunto.

Los asistentes estuvieron de acuerdo, como no podría ser de otro modo, y se dijo que “las estrategias de desarrollo territorial tienen que ir acompañadas del principio de que el municipio tiene que vivir, cada día más, de los ingresos que obtiene, y para eso, hay que optimizarlo todo, aprovechar las potencialidades de cada lugar”.  Esto ya viene ocurriendo, no es nada nuevo, el gobierno lo sabe.

En este punto, Marrero reconoció que, “aunque se avanza en la participación de las asambleas municipales en la concepción de los presupuestos a esa instancia, falta mucho por transitar”. En su opinión, el presupuesto debe reflejar “cuáles acciones de la estrategia de desarrollo municipal se recogen en él, y eso no está pasando; tampoco se está recogiendo, de forma precisa, qué planteamientos de la población se solucionarán con él, o qué le corresponderá a cada sector, como la vivienda, un tema tan apremiante y que siempre sale en las visitas que hacemos a los barrios”. Lo cierto es que los presupuestos de los gobiernos locales destinan más del 60% de sus recursos a Salud y Educación, en tanto que son más eficientes en Administración y defensa, que el gobierno central.

Al parecer, según informa Cubadebate el gobierno quiere poner fin a los formalismos relacionados con la concepción, discusión y aprobación del plan y el presupuesto de los municipios. Dicen que se quiere construir de abajo hacia arriba, como expresión de la participación popular. Por eso, antes de que acabe 2022, “los presupuestos municipales deberán haber sido conciliados, incluyendo acciones hasta nivel de circunscripción”.

En este punto, el ministro Gil presentó el plan elaborado para la descentralización de competencias a esa instancia, la “hoja de ruta” en sus palabras, a partir de una encuesta destinada a conocer cuáles competencias las autoridades locales consideraban debía tener el municipio. Los resultados obtenidos son coincidentes con los que tienen quienes están desarrollando esa política a nivel nacional, como no podría ser de otro modo. Los encuestados incluyeron como áreas preferentes locales, los servicios comunales, la producción de alimentos, el comercio, la gastronomía y los servicios, el desarrollo local, el urbanismo y la planificación física, y la agricultura, incluyendo la facultad para establecer tributos. 

Lo mismo que ahora viene ocurriendo. La autonomía debe suponer capacidad para generar recursos propios y decidir cómo utilizarlos. De la referencia del ministro a la inflación o de lo dicho por Nancy Acosta, Cubadebate omitió cualquier apunte.