La justicia con los expropiados del régimen comunista cubano llegará este 2023

Elías Amor Bravo economista

El régimen comunista cubano se tiene que ir preparando para lo que viene este año. Apenas acaba de empezar y ya ha caído el primer golpe de los muchos que podrán llegar conforme pasen los meses. Me refiero a la decisión de una juez federal de Florida que, con base en el título III de la Ley Helms Burton, ha ordenado a cuatro líneas de cruceros que incluyeron a Cuba en sus itinerarios, pagar más de 400 millones de dólares por presuntos daños a la empresa estadounidense, Havana Docks, que tenía la concesión para explotar algunos de los muelles del puerto de La Habana, antes del triunfo de la Revolución.

Poco a poco la justicia avanza y con ello resarce los derechos legítimos. Dos consideraciones iniciales a esta noticia que ha provocado la ira de los comunistas cubanos. Primera, que la historia acaba haciendo justicia con las acciones que pisotean los derechos de cualquier individuo o persona jurídica. Y segunda, que el régimen de La Habana tiene que ir cambiando el discurso, porque debe asumir que el cumplimiento de las leyes, por mucho que no les gusten, es la clave de cualquier acción de gobierno legítima.

Para La Habana, la decisión de esta juez es una “villanía más” en la lista de las que Estados Unidos lanza hacia Cuba, en uno de los años, reconocidos como de los más duros de la historia de la llamada “revolución”. Pero es que van a venir más, y ya pueden ir cambiando el nombre y asumiendo que la única responsabilidad de que se restablezcan derechos pisoteados por el mismo régimen que sigue en el poder en Cuba, es solo suya y de nadie más.

Estamos ante una decisión judicial impecable que establece que las cuatro compañías de cruceros Carnival, MSC S.A., Royal Caribbean y Norwegian, que utilizan las instalaciones portuarias de La Habana, cometieron “actos de tráfico” que están perfectamente tipificados en el título III de la Ley Helms Burton, para que nadie se llame a engaño. 

Utilizar las instalaciones portuarias que habían sido confiscadas por el régimen comunista cubano cae dentro de esa categoría tipificada en la Ley. Además, la decisión judicial estableció que realizaron unas prácticas de “turismo prohibido”, al conducir a viajeros estadounidenses a Cuba y usar las instalaciones portuarias de La Habana.

Y aquí tenemos a los dirigentes comunistas cubanos que se despiertan a una realidad que acabará haciendo justicia, porque no es posible levantar un régimen político con propaganda y mentiras anunciando la llegada de la justicia, cuando al mismo tiempo se cometen, desde el poder, actos vandálicos y delictivos contra los derechos de propiedad, que son permanentes y nunca caducan cuando se ejercen por sus legítimos propietarios. 

¿Qué más da que no fuera Fidel Castro, sino su régimen el que ordenara las confiscaciones y nacionalizaciones, si es el mismo de entonces que ahora? Si la soberanía del régimen en aquel momento pasaba por hacerse con los derechos de propiedad privada, pues ha llegado el tiempo de restaurar los derechos e impedir que dichas prácticas se mantengan sin castigo.

Remover la historia no es lo que conviene hacer, sino mirar al futuro sabiendo que se cometieron tropelías que se tienen que compensar para que el sistema económico pueda continuar funcionando. Y lo peor es tergiversar los hechos. La actuación confiscatoria de la revolución fue tan rápida con los intereses económicos de los ciudadanos de Estados Unidos en Cuba, que este país no tuvo tiempo de reaccionar. 

No es cierto que nunca se quisiera negociar la cuestión de las propiedades nacionalizadas, ni tampoco lo es que prohibieran a las empresas afectadas negociar. La presión social y las algaradas de aquel momento eran tan alarmantes que muchos directivos tuvieron que escapar del país en el primer vuelo, dejando todo atrás.

Después cuando se negociaron algunos procedimientos de la comisión de reclamaciones, fueron tantas las solicitudes de compensación, el régimen reconoce solo 5.911 pero fueron cuatro o cinco veces más (ya que muchas fueron eliminadas sobre la marcha) y otras tantas ni siquiera constan en los archivos y los procesos establecidos por el régimen revolucionario fueron tan lentos y engorrosos que, enseguida dieron lugar a protestas de los afectados.  

Luego, para colmo, el régimen lejos de reconocer sus ataques y desprecio más absoluto a la propiedad privada de los primeros momentos de fervor revolucionario dictó la Ley 851, complementaria a la Ley Fundamental de 1959, que establecía el principio de expropiación forzosa por causa de utilidad pública, mediante el cuál se hizo con la propiedad de los cubanos en varias fases que llegaron hasta 1968 con la llamada ofensiva revolucionaria.

No conviene olvidar que toda la legislación confiscatoria de derechos de propiedad surgió de una absoluta falta de legitimidad, solo basada en la decisión revolucionaria de legislar dando al proceso en marcha el carácter de constituyente, cuando no lo tuvo jamás.  Por esta vía ilegal e ilegítima, se destruyó el capital productivo privado de la nación y se anularon o dilataron en el tiempo los procesos de compensación de la ingente propiedad nacionalizada. 

Para ganar tiempo, los comunistas idearon unos bonos de la república, bonos basura carentes de solvencia y certidumbre (se irían pagando durante 30 años a un interés del 2% anual, una burla financiera), emitidos por el régimen que no eran del interés de los expropiados como medio de pago. 

Al mismo tiempo se nombraron unos peritos para valorar los bienes confiscados que, desde el primer momento, no tuvieron más remedio que obedecer las consignas comunistas. Ni siquiera el fondo creado en el Banco Nacional de Cuba, denominado Fondo para el pago de expropiaciones de bienes y empresas de nacionales de los Estados Unidos de Norteamérica, contribuyó a dar una solución a un conflicto que dura casi 63 años.

¿La razón? Muy simple. Aquel fondo, inexistente en el momento de su creación, debería financiarse todos los años con el 25% de las divisas extranjeras que correspondía a las compras de azúcar que cada año realizaba Estados Unidos a Cuba. Es decir, el régimen pretendía que Estados Unidos, tras las tropelías cometidas contra sus nacionales, siguiera pagando por la cosecha de azúcar. 

Era imposible porque desde el primer momento, Estados Unidos dejó de comprar el "oro blanco cubano", poniendo fin a unas favorables relaciones económicas durante más de 30 años. Y los comunistas culpan a su vecino del norte de hacer impracticable con aquella decisión, las compensaciones por las confiscaciones. Es demasiado rizar el rizo.

La sanción a los cruceros decretada por la juez de Florida traslada al régimen de La Habana dos mensajes. Primero que el contencioso no ha muerto y que sigue presente hasta que se compense a los miles de ciudadanos y empresas por el robo de sus derechos de propiedad. La justicia soberana está para cumplir dicha misión. Y segundo, que la multa traslada a los potenciales inversores del régimen cubano con quién tienen que hablar y acordar cualquier decisión económica que tenga futuro en una Cuba democrática.

Y claro, como no podría ser de otro modo, a los comunistas cubanos solo queda el derecho al pataleo. De forma demagógica, la prensa estatal comunista se pregunta cómo es posible que, en el país de la libertad, se reconozca la existencia de un “turismo prohibido” y otro “autorizado” y, cuestionan con ello la libertad de viajar. Argumentos insensatos. Lo primero que tienen que entender en La Habana es que los gobiernos de todos los países mantienen restricciones o recomendaciones a los nacionales para que no viajen a determinados países, y los motivos suelen ser de todo tipo. No es extraño que Estados Unidos pretenda que sus ciudadanos viajen seguros al exterior.

El régimen comunista de La Habana es inseguro, por naturaleza, porque no respeta la división de poderes, y todas las decisiones son políticas y pasan por el régimen de partido único. ¿Qué seguridad tiene quien viaja a un país así? Además, durante más de cuatro décadas, ¿Qué cubanos realmente podían viajar al exterior y a dónde? Ninguno. Eran los años de la guerra fría, cuando el régimen de La Habana prohibía la salida y los cubanos huían como podían de la isla cárcel. Conviene recordar que la libertad de salida llegó hace pocos años, con Raúl Castro.