Otro fracaso a la vista del régimen: la territorialización del poder en Cuba

Elías Amor Bravo economista

Bien, ya no se trata de un anuncio suelto o de una frase propagandística sacada de contexto. Los comunistas cubanos dicen tener un plan para transformar la realidad de las provincias y los territorios en 2023. 

Lo que pretenden, según dijo Díaz Canel, es “sacudir la inercia, desterrar el burocratismo y la autocomplacencia, y a un mayor involucramiento popular en todo”. La pregunta es de nuevo la misma, pero, ¿Cómo van a conseguir estos objetivos en los territorios si el estado ha sido incapaz en 64 años de lograrlo? Que lo expliquen.

Empezó siendo una iniciativa sin ton ni son, y al parecer ha tomado cuerpo el deseo del régimen comunista de traspasar poderes del gobierno central a los territoriales, y ello, con el objetivo de “enfrentar los desafíos y retos del nuevo año con una manera diferente de hacer, y con soluciones propias de cada lugar”. De pronto, es como si en Cuba hubiera surgido una demanda "nacionalista" o localista similar a la que existe en otros países y el gobierno central quisiera dar respuesta a la misma. Nada de eso.

¿Qué quiere decir en lenguaje sencillo? Pues básicamente dos cosas.

Primero, que el gasto puede aumentar a nivel territorial, sin que ello suponga un descenso equivalente en el estado, donde habrá resistencias a perder esas competencias que se pretenden trasvasar al nivel local. Y ello, por supuesto solo puede significar que los gobiernos territoriales pasen de una situación de superávit fiscal a otra de déficit fiscal estructural que aumentará el endeudamiento y la crisis estructural global del modelo.

Segundo, que, fruto de ese traspaso de poder a los territorios, aparezcan desigualdades en la provisión de bienes y servicios públicos, con la aparición de cubanos de primera y segunda en función de su residencia local o de la estructura económica que cuenten en sus zonas.

Nada de esto es bueno, desde luego. Una nueva “tarea ordenamiento” a la vista que va a trastocar el poder, en la medida que asignará a los dirigentes locales comunistas parte de las decisiones que, hasta ahora, se tomaban en los palacios de La Habana.

La decisión, además, como otras tantas que han provocado daños irreparables en la nación, no parece contar con el apoyo de los dirigentes y autoridades locales, que o bien no se fían o no acaban de entender cómo pueden ejecutar realmente esas nuevas funciones. Estas dudas e incertidumbres han quedado patentes en los intercambios que han mantenido las máximas autoridades de todas las provincias de Cuba con los dirigentes del estado.

Al margen de lo expuesto, que es bastante grave, Díaz Canel señaló “que se busca una transformación en la actitud y una comprensión del momento que vive el país, de la necesidad de revertir la situación en el menor tiempo posible, y que mucho depende de la manera en que los cuadros enfrenten las tareas en todos los ámbitos de dirección”.

El problema es el mismo. Esas recetas de cambio que se piden para las autoridades locales deberían aplicarse a los ministerios de Díaz Canel donde no hay una sola política en este momento que dé los réditos esperados. Y hay que tener algo claro de inmediato, las carencias y presiones, la complejidad de la vida cotidiana, los apagones, incluso el embargo/bloqueo, no se van a resolver por medio de este traspaso de poder a los territorios. 

Ya verán, lo más probable es que todo este asunto acabe en un nuevo fiasco del régimen que lo único que va a conseguir es aumentar la distancia que tienen los ciudadanos de sus dirigentes. No conviene olvidar que los bienes y servicios que se proveen a nivel local son los que tienen una mayor incidencia en la vida de los ciudadanos, de modo que trasladar practicas que no han funcionado en el nivel estatal, es otro gran error.

¿Qué sería necesario para que esta transformación del poder central al territorial funcione? 

Lo primero, es corregir excesos en el derroche actual de gastos y gestión de programas mal diseñados y despilfarradores. Es decir, antes de promover traspaso alguno de competencias, el estado debe cuadrar sus cuentas, o corregir el déficit y el endeudamiento que atenaza a la economía. 

Segundo, traspasar funciones que no supongan duplicidades, lo que implica una cesión real de poderes administrativos que fije las condiciones de un nuevo estado descentralizado, capaz de desatar las verdaderas potencialidades, las reservas productivas que propicien el incentivo y que ponga final a los lastres generados por el estado central en 64 años.

Este nuevo diseño del poder puede arrancar si se ejecuta de forma correcta con esos principios, pero tenemos dudas que el régimen comunista lo consiga. Y desde luego, que un plan como éste no se hace para superar la crisis que vive el país. La urgencia de los problemas de la economía no se resuelve con planes que buscan cambios de largo plazo. Algo hay que hacer, pero la transformación de la estructura administrativa del estado no se encuentra entre las políticas que sirven para dar de comer a la gente, construir viviendas o resolver los apagones.

Lo que Díaz Canel califica como  “transformación revolucionaria, estudiando los problemas y analizando las contradicciones, comparando, tomando en cuenta los criterios de la población y de expertos, siempre asumiendo en cada decisión un enfoque anticapitalista, que prevalezca siempre la lógica de emancipación socialista” se antoja un experimento más que resultará en un fracaso, porque en Cuba no hay tradición administrativa de esa territorialidad del estado, ni demandas "nacionalistas", y el momento elegido para hacerlo, como ya se ha destacado, no es el más propicio para embarcarse en este tipo de operaciones de alto riesgo.

Se tiene la sensación de que el régimen no sabe por dónde orientar sus pasos en este nuevo año y puestos a hacer cosas, de perdidos al río. Tocan todas las teclas posibles, pero la música sigue sin sonar bien. Se va a lo accesorio, sin entrar de lleno en los problemas reales que golpean a los cubanos, todo ello para buscar una justificación y autocomplacencia, que raya en la más absoluta irresponsabilidad. El tiempo de las aventuras y los experimentos absurdos de Fidel Castro ya quedó atrás en la historia, y los tiempos requieren de otro tipo de decisiones que mejoren de forma rápida y sostenible la vida de los cubanos.

La apuesta por las “soluciones locales” en la que se han embarcado los dirigentes comunistas recuerda mucho al énfasis que pusieron en la tarea ordenamiento, que parecía que iba a ser la solución a todos los problemas y acabó siendo una auténtica desgracia en su aplicación. Visto lo ocurrido, más que “valentía y confianza en lo que debe hacerse” hay mucha irresponsabilidad que no se sabe a dónde va a llegar.

Dicho de otro modo, que nadie se crea que por arte de magia o por deseo de Díaz Canel “desarrollando los municipios se desarrollan las provincias, y desarrollando las provincias se desarrolla el país”. Nada asegura esta correlación, sino que puede acarrear otros y más complicados problemas que los existentes en el país con más gasto, déficit y endeudamiento y desigualdades e injusticias entre cubanos de primera y segunda clase en función de la residencia en el territorio. La revolución no necesita que la ataquen; se daña ella sola haciendo estas cosas. Sus 64 años le están obligando a pagar un alto precio.