Los impagos son consecuencia del modelo económico comunista

Elías Amor Bravo economista

Arranca el año 2023, y una de las primeras noticias económicas en estos días es el tema de los impagos, al que se dedica un artículo en Granma titulado, “De impagos y otras deficiencias: una cadena que «cuesta» romper”. Y cierto, es una sensación de déjà vu, porque este asunto es repetitivo, viejo y vuelve a presentarse de año en año, sin que los dirigentes sean capaces de resolverlo. 

No conviene olvidar, además, que esta cadena de impagos tiene lugar dentro del ámbito de la economía estatal, que es mayoritaria por su participación en el total, de modo que los impagos son responsabilidad directa del régimen. Que se olviden del embargo/bloqueo.

El caso es que, al cierre de septiembre de 2022, se mantenían saldos vencidos en el comercio de más de 603 millones de pesos. Este dato podría aumentar en algo más al cierre de año, encontrando así una cifra de un volumen elevado que tiene repercusiones muy negativa en el funcionamiento de la economía.

Los impagos son un mal por muchas razones. 

Primero, porque afecta a numerosas empresas estatales cubanas y entidades del sector estatal, y al proceso de producción de bienes y servicios, incidiendo en la disponibilidad de liquidez financiera de los organismos para asumir los compromisos o adquirir aquello que precisan. Este escenario genera no pocas ineficiencias y hechos delictivos.

Segundo, los impagos porque se producen por numerosas causas, y todas ellas tienen su origen en el modelo económico obsoleto que rige el país. 

El incumplimiento de una absurda legislación en materia de contratación económica o su deficiente concertación por lógico desinterés; la deficiente contabilización de las operaciones, por lo mismo; la no realización de conciliaciones; y lo que se considera decisivo, "la falta de dinero para asumir los pagos en los tiempos pactados y la inadecuada utilización de las pasarelas y medios de pago electrónico". En un país en el que existe un abultado crecimiento de la liquidez, con participaciones en el PIB en el entorno del 60% para la definición básica del dinero, no se entiende esta falta de papel para las transacciones. Es evidente que la demanda para transacciones insatisfecha es otro incentivo para la inflación.

Desde el régimen, se ha intentado dar solución al problema “actualizando las normas jurídicas que viabilizan la implementación de nuevas acciones económicas y financieras en el comercio, uno de los sectores que acumula mayores cadenas de impagos”, pero el resultado sigue siendo el mismo y no cambia la cadena de impagos.

La máxima responsable, que no la única, de este desastre económico que se arrastra de año en año, la ministra de comercio, Betsy Díaz informó que, durante los meses de octubre y noviembre, como parte del control concurrente instrumentado por los auditores internos, se evaluó el cumplimiento de la Resolución 24/2022, que establecía nuevas medidas para el saneamiento financiero, lo que puso de manifiesto la existencia “de fisuras, condicionadas por el dejar de hacer”. Lo que cabría interpretar como un abandono por parte de las autoridades y el reconocimiento de que no se sabe qué hacer, o que aquello que se dispone no se cumple. Las dos cosas valen en este caso.

De nada sirve promover los pagos por canales electrónicos[1], las conciliaciones de las deudas, la asignación de financiamientos para honrar los adeudos del presupuesto por conceptos de subsidios, delimitar las responsabilidades en los diferentes niveles de dirección y perfeccionar el sistema de control de las cuentas por cobrar y pagar, si no existe previamente una base real para las transacciones. 

O. dicho de otro modo, la mayor parte de las operaciones entre empresas y entidades de la economía cubana no responden a decisiones económicas eficientes y ajustadas a precio, sino que tienen un sustrato en la obediencia a consignas y mandatos políticos, de difícil ejecución. Esa separación entre hechos económicos reales e inducidos por el modelo está en el origen de la cadena de impagos. Que hagan la prueba y que dejen libertad a los actores económicos para comprar y pagar.

Los comunistas esperan que la nueva norma, la referida Resolución 24 sirva para algo. No lo parece. La obligatoriedad del pago mediante medios electrónicos en el momento de la entrega, para las empresas minoristas a las comercializadoras mayoristas, por la compra de productos alimenticios y no alimenticios liberados; así como los cigarros, tabacos y fósforos, son tan solo una imposición más que coarta la libre elección de los actores económicos.

La norma establece los pagos contra entrega para la totalidad de las compras que realizan las unidades de gastronomía, incluidas las perfeccionadas, que ascienden a más de 660, utilizando con prioridad los canales electrónicos establecidos. Otra medida coercitiva, y cabría preguntarse por qué no se extiende a todas las unidades de gastronomía y se establece esta diferencia.

Además, instaurar el cobro mediante el código QR en todos los establecimientos minoristas del comercio, exceptuando las zonas de silencio, cae de nuevo en el terreno de las imposiciones a los actores económicos, y esta medida, por muchos motivos, no será bien recibida por aquellos que mantienen su decisión de funcionar con papel moneda.

No resulta extraño que todavía el porciento de ventas que se realizan por esta vía, sobre todo en las bodegas, sea muy pequeño. La gente utiliza el papel y no tiene confianza en el sistema bancario estatal, por mucho que el régimen intente bancarizar la economía. El papel seguirá siendo durante años el medio de pago de la población. 

De igual modo, el uso de la carta de crédito local para el cobro de las empresas mayoristas a las minoristas por los productos de la canasta familiar normada tampoco es una solución si se piensa que el origen de los impagos no está relacionado con este tipo de operaciones. La canasta es tan reducida y de tan poco valor que no cuenta en este saldo de impagos. La entrada de los bancos en estas operaciones no hace más que complicar y burocratizar los trámites, muy en línea con el cerrojo y las trabas de la economía del modelo.

Los territorios con más saldos vencidos son Artemisa, Sancti Spíritus, Camagüey, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo, precisamente aquellos con más actividad económica. Hay una estrecha relación con la cadena de impagos, lo que debería orientar las decisiones del régimen en este ámbito tanto en términos cuantitativos como cualitativos.

Los impagos se han visto igualmente afectados por el aumento de la inflación. No solo por mayores precios, sino porque las estimaciones iniciales del plan se han quedado desfasadas con los datos reales ya en los primeros meses del año, pero conforme avanzaba el ejercicio las diferencias iban siendo superiores en un 40% a las previsiones. La necesidad de subsidiar el Presupuesto del Estado para pagar más por lo mismo, o una cantidad idéntica por mucho menos, ha estado igualmente detrás de la tensión en la cadena de impagos.

Otro aspecto que se cita es la deficiente conciliación de las empresas minoristas y el grupo empresarial, con las direcciones municipales y provinciales de finanzas. La organización comunista territorial carece de preparación para asumir nuevas funciones derivadas del traspaso de competencias, lo que se ha visto en los retrasos del Grupo de Alimentos a la hora de presentar las solicitudes de financiación por compensación al Ministerio de Finanzas y Precios, resultante del incremento de precios de productos alimenticios importados. Las autoridades confían que el plan que se ha diseñado para esta problemática, de resultados. Ya se verá.

El régimen quiere intensificar el uso del dinero electrónico, porque piensa que ello puede ayudar a resolver los impagos, entendiendo que las cifras registradas indican que las “operaciones efectuadas por esta vía se quedan muy por debajo de las potencialidades reales”. No es la solución, si previamente las transacciones no obedecen a principios básicos de racionalidad económica y mercantil. Los impagos y las deudas que generan, con efectos paralizantes en los procesos productivos, son una consecuencia más del modelo económico obsoleto que existe en la economía cubana. Su erradicación es condición necesaria, que no suficiente para resolver un problema que dura demasiado tiempo y que amenaza con eternizarse.

 

  

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[1] Los canales electrónicos no funcionan, a través de ellos solo se cobró 534 millones de pesos, el 1,3% de las ventas minoristas; de ellos 88 millones con el uso del QR en las bodegas.