Retorno a la normalidad comunista: finanzas y precios

Elías Amor Bravo, economista

En la Mesa Redonda, Meisi Bolaños expuso las medidas de su departamento, en relación con el retorno a la normalidad de Finanzas y Precios, indicando además que se mantendrán durante las tres fases de recuperación de la COVID19.

No lo tiene fácil la ministra, sobre todo, cuando empieza afirmando que desde el comienzo de la crisis, Cuba fue uno de los países que concibió “el respaldo financiero para la sostenibilidad de la economía durante la pandemia”. Ya empezamos manipulando los datos. La ministra debería reconocer que no puede ser de otro modo, ya que el modelo económico y social atribuye al estado comunista más del 75% del PIB. Si en Cuba existiera un sector privado potente y competitivo como en el resto de países del mundo, el reparto de los costes de la crisis podría haber tenido un peso menosr sobre las arcas del estado y no sería necesario ese “respaldo financiero” de raíz totalitaria al que se refiere la ministra y con el que, tal vez, anda buscando un “apoyo popular” a algo que está obsoleto, y debe cambiar.

La ministra expuso en su intervención algunas de las medidas generales adoptadas por su departamento:

En primer lugar, el mantenimiento e incremento de las medidas para el ahorro energético. Un auténtico drama para la población, que ha recibido no pocas consignas al respecto, sobre la necesidad de “apagar la luz” en momentos en que la estancia en las casas, por el confinamiento, provoca una mayor necesidad de consumo de electricidad. Lo que la ministra no dijo es que ese aumento quedaría compensado con el descenso en los sectores de la industria y servicios (paralizados por la pandemia) por lo que todo tiene su origen en la menor llegada de petróleo procedente de Venezuela. Esto, por supuesto, ni se mencionó.

En segundo lugar, informó de la continuidad en vigor de las medidas de cobertura de las pérdidas producidas en el sistema empresarial, asociadas a la COVID-19. Aclarar que esto no representa nada nuevo, ya que se financia con cargo al estado. En concreto, la medida es solo aplicable a las empresas estatales que deberán cubrir las pérdidas con una “presunta reserva determinada por la empresa para casos de desastre”. ¿Alguien sabe qué es esto?¿Tal vez un suplemento de la cuenta de explotación que otorga el dueño, el estado? En cualquier caso, estas “reservas” en el caso de Cuba deben salir del mismo sitio, el presupuesto estatal, y las cuentas públicas no se pueden dedicar a todo. La ministra en cierto modo lo reconoció al señalar que si las “reservas” no son suficientes, las empresas solicitarían al sistema de finanzas una evaluación y ayuda. Es decir, más dinero del estado.

En tercer lugar, y pese a que las empresas están paralizadas, la ministra indicó que se “mantiene la evaluación en el sector empresarial en casos excepcionales del aplazamiento del pago de los impuestos, sin intereses moratorios”. Dicho en otro modo, que estas ayudas, que deberían extenderse a todas las empresas, estatales y no estatales, se aplicarán solo a quienes superen unos determinados criterios que, en el caso de Cuba, como no puede ser de otro modo, acabarán siendo “políticos”. Tiempo al tiempo.

En cuarto, la ministra anunció que se mantiene vigente la bonificación del impuesto sobre utilidad del 25%. La pregunta es la misma, ¿a quién se pretende engañar? ¿de qué utilidades habla la ministra? ¿es consciente la ministra que este año, por sus características, las empresas no van a obtener beneficios y la mayoría entrarán en pérdidas? ¿A quién se quiere convencer con ese mensaje de  las “bonificaciones” sobre algo que no va a existir? La realidad es que las deterioradas empresas estatales cubanas van a tardar largo tiempo en recuperar niveles de utilidad precedentes y que esta bonificación acabara siendo banal.

En quinto lugar anunció que “la contención del gasto en el sistema empresarial también estará vigente según el nivel de actividad afectado” lo que indica, una vez más, un tratamiento asimétrico y diferenciado de los ajustes presupuestarios que se tendrán que realizar para que el déficit estatal no se encarame a cifras insostenibles. Como siempre, los criterios políticos determinarán dónde se contendrá el gasto empresarial, y ya se verán las consecuencias que se derivan de ello.

En sexto lugar, se amplía el tamaño del agujero del presupuesto, al anunciar que los “gastos en que incurran determinadas empresas por las tareas asignadas para enfrentar la COVID19, serán resarcidos siempre que la empresa sea de capital 100% cubano”. Un ejemplo más que evidente que el sector no estatal, salvo algunas cooperativas, queda fuera de este sistema, pero como novedad se podrá aprovechar estas ayudas por las empresas gestionadas por el capital extranjero. En cualquier caso, estas ayudas se dirigirán hacia el ineficiente sector empresarial interno, que pertenecen al estado comunista.

En séptimo, la ministra hizo una referencia a la permanencia de la “atención diferenciada a los contribuyentes que son adultos mayores, una medida que continuará funcionando para la posteridad”. Las bajas pensiones que cobran los jubilados cubanos suponen que esta medida tenga un claro contenido demagógico y de escaso alcance económico. El uso de medios electrónicos por este sector social limita la vigencia de este tipo de medidas.

La ministra igualmente expuso las medidas de carácter tributario y presupuestario:

En primer lugar, se mantiene la exención en el pago del impuesto sobre los ingresos personales ni la contribución especial a la seguridad social, en las garantías salariales a los trabajadores durante la 1ra y 2da fase. No hace falta que se insista en la fuerte reducción de ingresos para el estado que tiene esta medida. Por eso, los tributos volverán en la 3ra fase, en la que ya no se pagan garantías salariales. 

Junto a ello, la financiación del presupuesto a las entidades (como el turismo, la cultura) de la garantía salarial continuará en la 1ra fase y se suspenderá a partir de la 2da y 3ra fase cuando ya será asumido por la entidad a la que pertenecen. Este diseño financiero se considera ineficiente, porque se debería repartir en cada una de las fases, pero como en Cuba todo tiene su origen en el presupuesto estatal, lo único que merece ser destacado es la enorme presión que estos gastos van a ejercer sobre las cuentas públicas y la economía nacional.

En segundo lugar, y con referencia al sector no estatal y trabajadores por cuenta propia, se anuncia el aplazamiento del pago del impuesto sobre el ingreso personal en la 1ra fase, en tanto que en la 2da y 3ra se vuelven a reestablecer los pagos aplazados y corrientes, y se establece una bonificación del 5% para quien realice el pago en los primeros 60 días (realmente muy escasa para un pronto pago). 

De igual modo, se dará un plazo de hasta 6 meses a partir de la activación de estos pagos para que las personas naturales puedan pagar sus obligaciones tributarias que deberán efectuarse en todo caso, ya que no hay exoneración de impuestos, sino aplazamientos. Es evidente que la necesidad de recaudar ingresos se convierte en una urgencia para el estado, pero con esta medida no tendrá éxito, porque el sistema socio laboral no va a reaccionar de forma inmediata a la salida de la crisis. Cabe suponer un descenso de los ingresos.

En tercero, una medida que hará entrar en déficit a los consejos de Administración municipales, que son, en general, el ámbito estatal más eficiente en la economía cubana. Pues bien, a los consejos se les obliga a reducir hasta un 50% las cuotas tributarias de las actividades por cuenta propia afectadas por la COVID19 durante la 1ra y 2da fase, y se reiniciará una etapa de evaluación de dichas actividades por las afectaciones de cada etapa. En la 3ra fase habrá una adecuación de las cuotas tributarias de los trabajadores por cuenta propia en determinadas actividades. Este tipo de decisiones, aplicadas de forma general y uniforme, tienden al fracaso, ya que ni todo el territorio nacional es homogéneo, ni la estructura económica del trabajo por cuenta propia presenta las mismas características operativas.

Por último, no por ello menos importante, la ministra abordó el tema de los precios que, según explicó, “ha sido un tema puntual donde se ha escuchado mucho a la población”. No ha debido entender entonces el barullo porque las medidas adoptadas tienen poco que ver con lo que quiere la gente.

Tal y como anticipamos, en su momento, a resultas de los aumentos salariales en el sector estatal del pasado año, el gobierno comunista acudió a medidas de topar precios con el objetivo, según dijo la ministra, de “garantizar la capacidad adquisitiva de los trabajadores”. 

Conocido es que este tipo de medidas distorsionan el funcionamiento de los precios en función de demanda y oferta, de modo que en vez de aumentar la capacidad adquisitiva, lo que acaban provocando es desabastecimiento estructural de mercancías, que es lo que acabó ocurriendo. Más aún, cuando, según la ministra, “por determinadas razones ha sido necesarias” sin detallar cuáles, se tuvo que “mantener las medidas regulatorias de los precios”.

Una vez más, el ministerio de Bolaños ha querido actuar en sustitución del mercado, interviniendo en la formación de precios. Hay que advertir que el diseño planteado en esta ocasión, va a ocasionar muchos más problemas en las próximas semanas y meses.

¿A quién se le puede ocurrir partir de un diseño, en la primera fase, según el cual las producciones locales tendrán establecidos los precios mayoristas por las administraciones locales para garantizar la producción de alimentos, el incentivo de las minindustrias y del desarrollo local?¿Por qué acudir a mercados locales cuando se podrían obtener los beneficios de las economías de escala del mercado nacional? 

Si el precio mayorista se establece en función de producciones locales, siempre será más elevado, porque se atiende a menor cantidad de consumidores, que si el precio se establece a nivel regional o nacional, permitiendo a los productores aumentar la oferta. Decisiones de este calibre solo pueden estar justificadas por motivos ideológicos de diseño de un sistema económico y social obsoleto.

Mayor preocupación provoca el anuncio de la ministra que durante la segunda fase se “presentará la actualización de la política de precios del país” conectada con la política fiscal que lleve a la eficiencia, hecho con el cual entraríamos en la 3ra fase. ¿Precios relacionados con la política fiscal?¿Dónde se ha estipulado esta relación perversa? 

Los precios dependen de la demanda y oferta, de las expectativas de productores y demandantes, de sus gustos, preferencias, de sus niveles de ingreso, pero las consideraciones de la política fiscal, ¿en qué lugar se incluyen? Además, la ministra debería saber que el objetivo de eficiencia no se puede lograr con la política fiscal, que está para otras cosas (equidad, distribución, etc), pero la eficiencia va por otro camino distinto. A lo mejor estamos ante otra “potencial premio nobel de economía”. Vaya usted a saber.

En todo caso este diseño de precios, mayoristas formados a nivel local y minoristas regulados e intervenidos, va a suponer muchos problemas para los cubanos. No se tiene en cuenta el proceso de formación de precios del productor lo que incide en su rentabilidad, y lo que es peor, se sigue limitando el derecho a la libre elección de los consumidores, lo que acarrea desajustes estructurales entre oferta y demanda. El mayorista no puede establecer precios sin información del mercado minorista y viceversa. La interacción de los mercados es esencial para el logro de eficiencia en la asignación de recursos. Por medio de estas decisiones, el ministerio entorpece los procesos naturales de la economía. Si los precios minoristas de regulan y "congelan" de manera indefinida, los productores dejarán de tener interés en dedicarse a los mismos, y el racionamiento será obligatorio.

El resto de la intervención se dedicó a hablar de las multas, que lógicamente se mantienen dentro de la lógica castrista de “orden y disciplina”. También se refirió a las medidas relacionadas con el seguro y los trámites presenciales para los mismos. De igua modo, se habló de la supresión del cobro presencial de los servicios de electricidad, agua y gas de forma, tarea que volverá a partir de la 2da fase. Es increíble que en Cuba todavía estos servicios no se paguen en cuenta bancaria. Por último habló de incentivos para que los contribuyentes paguen sus impuestos a la ONAT por vía online y al respecto indicó que se potenciará la recepción y respuesta a las quejas y consultas de la población a través de la vía digital.

A modo de resumen, el plan de medidas propuesto por la ministra en materia de Finanzas y precios supone que el régimen de La Habana ha aprovechado la crisis del COVID19 para reforzar el control comunista de la economía, a la vez que se somete al trabajo por cuenta propia a más dependencia del estado y eliminando cualquier elemento de liberalización de la economía, tan necesarios. Un retorno a la normalidad comuniista que no es lo que necesita la economía cubana.