La tarea ordenamiento y la responsabilidad fiscal

Elías Amor Bravo, economista

Las escasas informaciones ofrecidas hasta la fecha por las autoridades del régimen castrista sobre la evolución de los gastos públicos para afrontar la crisis provocada por el coronavirus provocan no poca incertidumbre. Una expansión excesiva del gasto puede conducir a un incremento del déficit que se acabe trasladando sobre el voraz ritmo de crecimiento de la deuda pública cubana, un asunto especialmente complicado que algunos analistas y observadores consideran una de las amenazas más graves de la economía.

Ciertamente, el crecimiento de la deuda cubana en los últimos años no es una noticias nueva, pero el temor en este momento reside en que la crisis provocada por el COVID19 no solo agrave el problema, sino que amenace por convertirlo en un mal crónico de pronóstico reservado y difícil solución. Y lo cierto es que el régimen no está recibiendo, al menos de momento, señales en el sentido de la necesidad de prestar atención urgente al crecimiento de la deuda. 

Y si recibe señales, no les hace caso. Este extremo y los riesgos que entraña en forma de costes financieros crecientes y de una dependencia excesiva de los mercados internacionales ya se ha encontrado con el episodio reciente de impago por el gobierno de La Habana de sus compromisos con el Club de París, sin que de momento se hayan adoptado las medidas habituales asociadas a los default sobrevenidos. Otros países no obtienen un trato similar de sus acreedores.

Alguien debería aclarar al régimen cubano que para lograr la sostenibilidad fiscal a medio plazo de la economía, no se puede ir por libre, y que si se quiere apoyo económico internacional para evitar el colapso inminente de la economía cubana, se requiere una cierta disciplina en la gestión de las políticas fiscales y un control prioritario del déficit y la deuda acumulada. Lo cierto es que en la Estrategia con la que el gobierno cubano pretende acometer la recuperación tras el COVID19 se plantea un conjunto de actuaciones pero ninguna de ellas guarda relación con el control de los gastos, del déficit y la deuda. Tan solo alguna referencia suelta y muy genérica en el capítulo XV relativo al Sistema financiero. Mal asunto.

Sin datos oficiales desde 2016, cuando se publicaron los últimos relativos al peso de la deuda cubana en el PIB, no es difícil concluir que, tras años de déficits consecutivos y abultados, el nivel de la deuda pública cubana podrá disparar su peso sobre el conjunto de la economía en una magnitud difícil de controlar con las políticas de compra de bonos soberanos por el Banco Central.

De hecho, las autoridades han anunciado un mercado de deuda pública para los agentes privados, pero hasta la fecha no se ha avanzado en su concreción. El salto cuantitativo en el nivel de deuda, del que no se disponen de informaciones oficiales actualizados, con origen en la elevada factura que por la crisis, va acompañado, además, de la decisión del régimen de implementar, a corto plazo, la llamada “tarea ordenamiento” con la que se van a tomar decisiones que tendrán un impacto notable sobre el estado de la economía.

Algunas estimaciones apuntan a que los aumentos de salarios, la reducción de subsidios y la devaluación “alta” del CUP van a tener un efecto muy negativo sobre el tamaño del déficit y la deuda, incrementando todavía más su nivel, probablemente hacia una cifra insostenible a medio plazo que exigirá ajustes mucho más intensos.

Las autoridades parecen ignorar lo que significa embarcarse en una operación de alto riesgo, como la puesta en valor de la economía cubana a nivel internacional con una sola moneda de curso legal que tendrá que respaldar un cambio con el resto de divisas del mundo. Una auténtica bomba de relojería que posiblemente estallará cuando el gobierno, o sus empresas estatales, no puedan atender las obligaciones crediticias a sus respectivos vencimientos, generando un escenario de caos con graves amenazas en términos de incertidumbre, deterioro económico y pérdida de la escasa credibilidad que aún conserva la economía cubana.

A ello hay que añadir que la Estrategia no va al corazón de los problemas de la economía, tan solo plantea parches superficiales dentro del modelo social comunista para ganar tiempo. La necesaria y urgente flexibilidad que necesita la economía cubana exige tomar medidas drásticas con relación al marco jurídico de derechos de propiedad y la asignación de recursos vía mercado y, con todo, ello también entraña riesgos.

Hay que reconocer este punto, pero frente a la parálisis que acerca la economía al colapso y a un estallido social, cabe arriesgar e implementar medidas que pongan límite a la dependencia financiera de la economia, por medio del ajuste de los gastos y el reequilibrio de las cuentas públicas.