Privatización de la gastronomía: oportunidades y amenazas

Elías Amor Bravo, economista

La noticia tiene calado. Varios medios de la prensa independiente cubana se han hecho eco de informaciones procedentes de agencias, según las cuales, el régimen cubano quiere llevar a cabo una amplia privatización de miles de restaurantes y locales gastronómicos, para eliminar del presupuesto estatal las pérdidas ocasionadas por estos establecimientos en la actualidad.

Si se confirma la noticia, y parece que las fuentes están bien documentadas, este sería un paso decisivo hacia la necesaria trasmisión de la propiedad del sector estatal al privado, lo que se podría interpretar como el retorno a la ortodoxia económica y la base de las reformas estructurales que necesita la economía. Proceso que se debe extender al conjunto de actividades económicas. En cierto modo, se trata de volver a poner el contador a cero en aquel año fatídico, de mal recuerdo, 1968, en que la llamada “ofensiva revolucionaria” acabó con los restos de propiedad privada que sobrevivieron a las nacionalizaciones y confiscaciones iniciadas en 1959.

Según las fuentes consultadas, el plan ha quedado integrado formando parte de las medidas de la denominada “tarea ordenamiento” para ser implementado en los próximos meses. Los que han divulgado esta información señalan, citando fuentes del gobierno, que “la medida se ve como una señal de que el país se está moviendo hacia un socialismo de mercado con un aumento de las empresas privadas, como Vietnam o China”.

No conviene formular expectativas de este calibre tan pronto. Una cosa es la privatización de un sector, lo que implica que la titularidad de los derechos pasa a personas físicas o jurídicas privadas, y otra bien distinta es transferir la gestión a los agentes privados, reteniendo el estado los derechos de propiedad. 

Esta segunda opción es la que se empleó en la tierra, con los arrendamientos de Raúl Castro, y son bien conocidos sus efectos: el sector agropecuario cubano continúa lastrado por su escasa productividad y no consigue producir alimentos para toda la población. La razón es sencilla de explicar, ya que una cosa es ceder la tierra para la gestión a los agentes privados, y otra bien distinta es que el campesino sea el propietario del activo y lo adapte en función de sus prioridades. Los factores que explican el éxito económico, como la motivación, el empeño, la dedicación y los frutos del trabajo, son bien distintos en cada caso.

El modelo de cesión de la gestión a los agentes privados ha funcionado al régimen comunista cubano en los hoteles o la minería, incluso en la gestión de remesas (Fincimex) por citar algunos ejemplos, pero es difícil que se pueda extender al conjunto de la economía. De hecho, las licencias para el trabajo por cuenta propia que más han aumentado, en número y producción, han sido aquellas en las que el estado se ha apartado de la titularidad, dejando a los privados como sujetos de derechos y responsables de sus negocios.

Además, la “tarea ordenamiento” llega probablemente en el que es el peor momento de la coyuntura económica de la isla en los últimos cinco años¹, que han sido realmente malos. Pero a finales de 2020, la economía cubana, según diversos indicadores no oficiales, se encuentra al borde del colapso, acusando las consecuencias de la grave crisis del covid19, y por otro lado, de la quiebra del modelo social comunista, obsoleto e incapaz de ofrecer soluciones para la mejora de la economía. Frente a estos factores, las acusaciones del régimen a las sanciones del gobierno de EEUU son una burla cruel destinada a justificar la absoluta incompetencia de las autoridades para lidiar ante una crisis económica que amenaza con provocar un estallido social.

Por ello, las expectativas de la “tarea ordenamiento” deben ser situadas al nivel que merecen y no conviene creer, como dijo Murillo en Mesa Redonda que van a ser la poción mágica que resuelva los problemas de la economía.

Por el contrario, es más que probable que la devaluación del CUP, cuando quede como única moneda de curso legal, acompañada de las elevaciones de salarios (sin su correlato con la productividad) y la eliminación de los subsidios, acaben provocando una situación en la que, los actuales males y dificultades, se incrementen de forma exponencial. Lo peor es que el margen, interno y externo, que le queda a las autoridades para hacer frente a este escenario crítico, es muy reducido y tal vez no se quieran dar cuenta de ello.

Por eso, la privatización de los restaurantes, si se llevase a cabo de forma correcta, podría ser un balón de oxígeno o una tabla de salvación para el gobierno en la actual coyuntura. Si se propicia la privatización de más de 7.000 restaurantes administrados por el gobierno (solo en La Habana son 1.800) cuyos derechos son estatales, el gobierno no solo se desprenderá de negocios con los que pierde dinero porque no están bien gestionados (el estado no se debe dedicar a servir pizzas o cocacolas) sino que gracias a la gestión y titularidad privada más eficiente y rentable, podría incrementar la recaudación tributaria con estos restaurantes. 

De hecho, con las reformas raulistas 258 restaurantes habaneros pasaron a ser cooperativas y empresas privadas mediante un sistema de arrendamiento similar al de la tierra (con cierta polémica sobre los procesos empleados²). Sin embargo, estos establecimientos, a diferencia de los de la gastronomía estatal, en un 60% mejoraron su servicio e incrementaron los salarios entre un 600% y un 800%.

El efecto riqueza que se puede producir en el país al pasar a estas empresas estatales a la propiedad privada reduce la necesidad de otorgar subsidios y al mismo tiempo, incrementa la recaudación de impuestos al margen de los ingresos derivados de la venta. Que los restaurantes pasen a ser propiedad privada y se gestionen por empresarios privados, y no por políticos locales comunistas, supondrá una mayor interrelación con el terreno económico y un ejercicio de competitividad, calidad y atención al servicio. 

Y si no, que lo pregunten a los peluqueros o a los titulares de los restaurantes privados que se han abierto en los últimos años. Visto desde esta perspectiva, el sector privado no solo funciona mejor que el estatal sino que es más eficiente. En tales condiciones, las advertencias del ministro Gil no tienen justificación, cuando dice a los restaurantes que pasarán al sector privado que "tienen que ser eficientes, cubriendo los gastos con ingresos, pagando oportunamente a proveedores, vinculando el salario a los resultados económicos y desterrando ilegalidades y el desvío de recursos". Si se aplicara a los estatales esas mismas advertencias, otro gallo cantaría.

El problema es que no se sabe bien cómo se realizará esa privatización. Las fuentes señalan que la idea es que, al menos de momento, tan solo una pequeña minoría de los restaurantes del estado formen nuevas empresas estatales, no subsidiadas y separadas del control que ejercen los políticos locales, en tanto que el resto de empresas pase a manos privadas. Al respecto, según la Agencia Cubana de Noticias, la experiencia de Camagüey puede servir de orientación. Allí se ha creado una empresa estatal local de restaurantes en la provincia que retendrá los derechos y la titularidad del 15% de los 486 restaurantes del gobierno en el territorio.

El resto, un 85%, pasará a manos privadas, pero no se han ofrecido más detalles del proceso. Parece evidente que el estado comunista no quiere que todo el sector se privatice, y esa es una pésima idea, porque empezarán a surgir las diferencias y se mantendrá una protección vía subsidios, que entorpecerá el sentido de la competencia. Ya se sabe, el régimen cubano nunca hace bien las cosas.

Notas

1La economía cubana con el derrumbe de -8% en 2020, estimado por CEPAL, pierde el crecimiento acumulado entre 2016 y 2019 que fue solo un 5%.

2Uno de los ejemplos de la capital cubana es el restaurante El Biky, en la esquina de San Lázaro e Infanta, que resurgió del deterioro tras ser convertido en una cooperativa. Sus gestores ganaron una licitación por diez años, arrendaron el local y recibieron un crédito bancario de 15 millones de pesos cubanos para la remodelación, pero siempre se ha especulado sobre una posible conexión de los administradores del local con el poder político (citado de 14 y medio)