Volver con pasaporte caducado, pagar 30 $ por PCR y traer más de 100 kgs de equipaje: exprimiendo a la diáspora, capítulo I

Elías Amor Bravo, economista 

No cabe duda que el régimen comunista de La Habana se está preparando para lo que considera un entorno muy complejo, en el que cualquier dinero procedente del exterior resulta necesario para evitar la bancarrota nacional. La economía cubana está colapsada y no hay forma de promover la actividad económica interna, porque el gobierno no quiere impulsar una profunda reestructuración del sistema que permita superar el modelo actual. Ya se ha sabido que el gobierno solicitó la suspensión de pagos del préstamo al Club de París, y este tipo de actuaciones a nivel internacional no son bien acogidas. Y tampoco, son relajantes para quien se ve obligado a tomarlas.

De modo, que varias informaciones han salido a la palestra y todas ellas interrelacionadas.

La primera, en una nota oficial el ministerio de exteriores, ha señalado que como consecuencia del negativo impacto socio-económico derivado de la actual crisis sanitaria a nivel mundial, especialmente en lo relacionado con el cierre de fronteras y la suspensión de vuelos, “se ha decidido que los ciudadanos cubanos residentes en el territorio nacional que se encuentran en el exterior al momento de este anuncio, puedan retornar a Cuba, de manera excepcional, con su pasaporte vencido y sin prorrogar.” La decisión del ministerio se mantendrá vigente hasta nuevo aviso y, según las autoridades, es la respuesta a una demanda de muchos cubanos que declaran no haber podido regresar antes a la isla por motivos ajenos a su voluntad. ¿Razones humanitarias del régimen?

Al parecer, este argumento es el que ofrece el ministerio, señalando que la decisión, que no tiene precedente en 61 años, “contribuye a facilitar la entrada al país de aquellos connacionales que, a causa de la pandemia, se han visto imposibilitados de regresar a sus lugares de residencia habitual.” Las autoridades quieren aprovechar el incremento de las posibilidades de viaje tras el restablecimiento de las operaciones aéreas regulares y la apertura de los aeropuertos. ¿Cuánta gente volverá en estas condiciones? 

Es evidente que se busca como sea la recaudar divisas, con cada uno de estos viajeros. No conviene olvidar que, con datos de 2019, pese a las prohibiciones de la administración Trump, los cubanos residentes en el exterior, la mayoría en EEUU, constituyeron el segundo segmento por número de viajeros, más de 623.972, el 14.5% del total, en las entradas de turistas en Cuba. No es extraño que el régimen comunista, agobiado por la escasez de divisas, les ponga una alfombra roja, y todo tipo de facilidades para que vuelvan y lo hagan cargados de divisas.

Una de cal y otra de arena. El comunicado del ministerio señala que, en el “caso de los ciudadanos cubanos que residen de forma permanente en el exterior, deberán viajar con su pasaporte válido y vigente” (que como es sabido tiene una duración de 6 años, prorrogándose por períodos de 2 años) de manera que a este segmento de la diáspora, el régimen no le exime de realizar los trámites necesarios en los consulados más cercanos a sus lugares de residencia. 

De ese modo, el régimen exige a los cubanos residentes en el exterior, de forma permanente, que formalicen la solicitud o renovación del pasaporte de forma obligatoria y presencial en los consulados de zona. Y además, se establece que cualquier solicitud de un nuevo pasaporte se debe realizar al menos con dos meses de antelación respecto a la fecha del viaje, y también es posible hasta con 6 meses de antelación a la fecha de vencimiento.

Ese tratamiento diferencial a dos colectivos de cubanos, los que han salido hace poco y los que viven años en el extranjero, no se justifica por cuanto todos somos cubanos. Los países que tienen una emigración elevada, como España, cuidan con esmero a sus connacionales residentes en el exterior. El régimen cubano no.

No cabe la menor duda que dicho trato desigual obedece a razones políticas e ideológicas que las autoridades comunistas habrán meditado oportunamente. En todo caso, las diferencias son rechazables. No se puede justificar tratar de forma diferente a la diáspora de los nacionales de un país. Es contrario a los derechos y la condición humana.

Tantos problemas para unos, contrastan con las facilidades para otros. Recordar que hace unos meses, el ministerio había publicado notas autorizando a las prórrogas de estancia de los cubanos residentes en el exterior. La última, en octubre pasado, señalaba que los cubanos con prórrogas de estancia aprobadas o a quienes se vencía el plazo de 24 meses a partir del 19 de marzo de 2020, podrían permanecer en el exterior hasta el 12 de octubre de 2021, conservando su condición de residente en el territorio nacional.

El caso es ganar divisas como sea. Las arcas del estado comunista están vacías y la economía colapsada. Y entonces, ¿qué se le ocurre a los dirigentes? Pues recaudar de los viajeros que vengan de fuera. Y la solución ha sido inmediata.

Ni corto ni perezoso. El gobierno cubano ha anunciado la imposición de una "tasa sanitaria" de 30 dólares, o su equivalente en cualquier otra divisa, para sufragar el coste derivado de los protocolos establecidos en aeropuertos. Este coste de la tarifa sanitaria por covid19, difícil de justificar, se cobrará a todos los viajeros que lleguen a Cuba, vengan de donde vengan y sean quienes sean. A ver si lo cumplen.

En un principio la medida iba a entrar en vigor el 1 de diciembre de 2020, en plenas temporada alta del turismo en el Caribe. Sin embargo, las autoridades la han adoptado de forma inmediata, “con el objetivo de cubrir los costos de los protocolos implementados". Está por ver si no actuará como un freno a muchos viajeros. Otros países de la zona que compiten en la misma temporada con Cuba, no han dicho nada al respecto. La tasa se ha extendido no solo a los que llegan al territorio nacional por los aeropuertos, sino también por los puertos y marinas internacionales. La tasa se ha escamoteado como unos “servicios de Control Sanitario Internacional que realizan las autoridades de Salud Pública", ni más ni menos.

El servicio que se presta por medio de la tasa impuesta a los viajeros, no solo incluye la realización de la prueba PCR, sino que también los costes del resto de los protocolos sanitarios establecidos en frontera, de los que se sabe más bien poco, tan solo la experiencia nefasta de un grupo de viajeros rusos llegados a la isla con covid19 y que han publicado en instagram las instantáneas de los lugares en que han sido recluidos para la cuarentena. 

Los protocolos son excesivos: recibir a los turistas internacionales y entregarles una "tarjeta de advertencia" o "tarjeta roja", que obliga a todo viajero a presentarse en un centro de salud o un equipo médico antes de 48 horas tras realizar una prueba PCR, sino también el aislamiento durante cinco días en su alojamiento, y además, cobrar los 30 dólares no parece ser la mejor estrategia para una cierta normalidad de la actividad. Ya veremos en qué acaba todo.

De momento, quedan eximidos del pago de la tasa los tripulantes de naves o aeronaves cuya estancia en el territorio nacional sea inferior a 24 horas, como si ello no fuera a provocar el disparo de brotes de la pandemia.

Siete meses ha estado cerrado el aeropuerto internacional de Rancho Boyeros que concentra la mayor parte de los viajeros que llegan a la isla. Un largo período en el que el régimen se ha quedado sin divisas, y que ahora ansia recuperar. Las medidas de precaución son lógicas, porque la pandemia sigue avanzando por la isla sin que las medidas de control le pongan freno. La apuesta es muy elevada y si sale mal, las cosas no van a ir bien.

De forma simultánea, el gobierno ha anunciado, a través de su dirección de aduanas, que se eliminan los límites de equipaje en los aeropuertos cubanos. Es decir, la limitación actualde, hasta 2 piezas de equipaje acompañante de 32 kg cada uno, queda sin efecto para todos los aeropuertos del país. En consecuencia, vuelven las regulaciones habituales, que establecen, para el caso de los cubanos residentes en la isla, un máximo de 125 kilogramos de equipaje. Asimismo, 10 kilogramos de equipaje de mano que permiten la mayoría de las aerolíneas.

De modo que vuelve el espectáculo de aviones cargados en sus bodegas de todo tipo de mercancías y artículos, en lo que algunos analistas califican como el retorno de las “mulas” con dinero en efectivo y al mismo tiempo, mayor volumen de carga, procedente sobre todo del aeropuerto internacional de Miami, de donde procede la mayor parte de viajeros de la comunidad cubana residente en el exterior. 

Ya ha habido alguna organización de aviación civil que ha emitido comunicados a los pilotos alertando del grave peligro derivado de los excesos de carga a lo largo de una ruta de vuelo, por muy corta que sea en tiempo. El peligro está ahí, pero a las autoridades de La Habana no parece preocuparles demasiado. Se trata de conseguir lo que por otras vías resulta imposible para evitar el colapso del país. Una vez más, la diáspora a salvar a un régimen que es incapaz de abrir espacios para que la economía sea productiva.

Es lo que tiene acostumbrarse a vivir del exterior. La culpa fue de Fidel Castro y sus acuerdos con la URSS, que trasladaron a Cuba desde 1960 a 1991 el mayor volumen de financiación que se haya producido entre dos países a lo largo de la historia. Luego vino el petróleo de Venezuela, a trancas y barrancas, y ahora en 2020, la diáspora aparece como el sostén de una economía improductiva como consecuencia del modelo social comunista que precisamente ha expulsado a esos 2 millones de cubanos de su patria. Cierto, la historia está llena de contradicciones. Esta es una de las más flagrantes.


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