¿Regular por decreto la producción de alimentos? No, gracias

Elías Amor Bravo, economista

Hay un país del mundo cuyos dirigentes se afanan, una y otra vez, en regular el funcionamiento de la economía a golpe de decretos leyes y reglamentos. Ese país se llama Cuba y de nuevo, un reportaje en Cubadebate viene a plantear esa forma obsesiva de intervenir en la economía y no dejar libertad a los agentes económicos. El resultado se conoce desde hace 61 años: una economía atrasada, ineficiente e improductiva. Ahora le ha tocado el turno a la producción industrial de alimentos y bebidas, un sector fundamental para la soberanía alimentaria.

El viceministro de la Industria Alimentaria ha dicho que la normativa aplicada pretende ser “el respaldo legal de la política en cuestión, con el Decreto no 22 "De la producción industrial de alimentos y bebidas" y las resoluciones complementarias del Ministro de la Industria Alimentaria, la 106 –Reglamento del Decreto–, la 107 –que crea el Registro– y la 108, que dispone el Reglamento de dicho Registro. Por si todo lo anterior no fuera suficiente, hay que añadir la Resolución No. 434 del Ministerio de Justicia, del Registro Nacional de Productores de Alimentos y Bebidas.

En suma, mucho papeleo burocrático, pero nada que sirva para producir más y mejor para atender las necesidades de los consumidores.

La política de la industria de alimentación ha sido un fracaso más. Los dirigentes están más empeñados en establecer regulaciones para no perder la gestión y control de la producción industrial en este ámbito y en contar con un registro para incluir a todos esos productores que de favorecer el despliegue de la oferta para que no falten productos en los mercados y si sobran, que se puedan exportar. Lo peor de todo es que creen que ese despliegue burocrático puede servir para algo, pero se equivocan. Las normas del gobierno funcionan solo cuando previamente existe una base sólida para la actividad productiva promovida y liderada por los agentes económicos. El error es construir la casa empezando por el techo.

Un buen ejemplo son las normas relativas a normalización, metrología, calidad y acreditación y sobre inocuidad alimentaria que han sido aprobadas que siendo importantes, se tropiezan con una incapacidad por parte de las empresas para alcanzar los estándares prefijados y otorgan al regulador un poder para controlar y determinar qué se produce y cómo, lo que suele generar cortes periódicos en los suministros.

Otro ejemplo es la obsesión con las minindustrias y las microindustrias. ¿Qué lleva al gobierno comunista a volcarse con estas unidades y no facilitar que las empresas sean escalables y alcancen los rendimientos crecientes de su producción vía inversiones y mejora técnica? Básicamente, la idea del desarrollo local, de atender necesidades muy limitadas para que las empresas no crezcan y sean fácilmente controlables y ello, una vez más, provoca rupturas de los suministros.

El Ministerio tiene una posición de superioridad jerárquica con respecto a los agentes económicos, estatales y privados, no solo como rector de la política y las regulaciones, sino que se encarga de autorizar la inscripción en el registro de productores y alimentos, es decir, quién puede convertirse en productor y quien no. No existe libertad de empresa.

El Ministerio agranda su poder frente a los productores al tener todas las competencias para “conceder, renovar, modificar o cancelar las licencias para la producción industrial de alimentos y bebidas, así como la licencia especial para la producción de rones de exportación”.

Y si ese poder no es suficiente, la nueva norma concede facultades importantes para la inspección, el control y la fiscalización de las actuaciones implementadas, así como poder para efectuar requisas por otros actores facultados en nuestra economía, incluyendo los laboratorios para los controles oficiales por la Oficina Nacional de Acreditación de la República de Cuba.

Por el mismo motivo ¿qué se puede decir del nuevo Régimen Contravencional que se establece en las normas? Pues que las autoridades ahora van a poder imponer multas y la facultad de paralizar el proceso productivo, en función de las violaciones detectadas y de las posibles infracciones, incluyendo la suspensión, cancelación o limitación de la vigencia de la licencia otorgada.

Curiosamente, el Decreto prevé igualmente las vías a disposición de los productores para canalizar sus insatisfacciones respecto a alguna medida aplicada, o plantear reclamaciones en general, con los plazos para resolver. No deja de ser curioso, porque puede ser difícil para cualquier productor protestar contra quien tiene todo el poder y lo que es peor, lo puede dejar fuera de juego. Tal vez una cierta independencia del gobierno para ese órgano de reclamaciones habría sido positiva.

No resulta extraña la obsesiva dedicación del Ministerio al Registro de productores de alimentos y bebidas que estará bajo su competencia, siendo el Director de Calidad y Tecnologías la autoridad competente para emitir, modificar, renovar, suspender, cancelar y limitar la vigencia o validez de las licencias. Su poder será desmesurado. El Registro es objeto de un nuevo reglamento que define y perfila el poder burocrático frente a los agentes económicos.

Al respecto se vende la idea de un registro moderno que nace informático y digital, de procesos ágiles y con vocación de eficiencia, al amparo de la nueva normativa para las nuevas inscripciones y las resoluciones oficiales expedidas por la administración que incluyen un permiso provisional de un año de duración, como otra novedad. Un asunto controvertido si se tiene en cuenta que en Cuba la penetración de las nuevas tecnologías digitales sigue siendo escasa.

En todo caso el proceso de aprobación de solicitudes sigue siendo complicado, burocrático y devuelve a la experiencia administrativa más rancia y obsoleta, que no atiende a los nuevos procedimientos de gestión pública que existen en otros países de mundo. La concesión de licencias deja todo el poder al estado y su vigencia de cinco años implica que nada esta seguro o confirmado, y que el titular del permiso provisional o de cualquiera de las licencias que se otorgan, queda a merced de la voluntad de las autoridades comunistas para continuar con su negocio, con las consecuencias conocidas de ello.

En particular, el ron cubano que se pretenda comercializar en el extranjero debe seguir de forma obligatoria un proceso conducente a una licencia especial, además de cumplir con los requisitos de un registro específico de productores de ron para la exportación. Este tratamiento diferencial para el ron exportable es el resultado de una decisión del burócrata que no se comprende bien, ¿por qué unos productos si y otros no?

Pues bien, parece que la justificación, una vez más, cae en lo sorprendente. Los dirigentes quieren que el ron exportable asegure una calidad y garantía tradicionales y de alto nivel, acompañado de buen sabor, de la excelente y esmerada factura de la bebida. La pregunta inmediata es ¿por qué no se aplican estos mismos criterios para los alimentos que se producen para el mercado interior, es decir, para los cubanos? ¿a qué viene tratar mejor a los extranjeros que a los cubanos? ¿hasta cuando?

Si se quiere apostar por la calidad de la denominación de origen Cuba, hay que hacerlo con todos los productos que se obtengan en el país. Por mucho que las autoridades digan que con el ron no se aplica una modalidad elitista de propiedad industrial, en el fondo, ellos mismos acreditan lo que les importa atender a la demanda nacional.

Con respecto a la inclusión de nuevos productos en la cartera de oportunidades para su atracción por la inversión extranjera, los dirigentes defienden que se haga no solo con el ron cubano sino con otras producciones, en cualquiera de sus gamas o de sus presentaciones. Están hablando, una vez más, de una licencia especial para estas actividades.

En contra de lo que creen las autoridades, estas medidas no van a servir para que los emprendedores privados, “las formas no estatales” participen de forma activa en la cadena de valor de la producción industrial de alimentos, ni por la vía de los proyectos locales como de las mini y microindustrias, ni por medio de cualquier otra fórmula. Este paquete normativo solo podrá beneficiar a determinadas empresas estatales, por supuesto que no a todas, creando penosas asimetrías que mantenidas en el tiempo no harán otra cosa que agrandar la brecha tecnológica, productiva, digital, etc, que existe entre las mismas.

Y lo que es más importante. No cabe esperar mejora alguna de la producción de alimentos y de su calidad con destino al mercado interno. Perdidos en identificar equilibrios imposibles entre metas productivas y responsabilidad social, en lograr el máximo respaldo a determinadas empresas e industrias estatales, y olvidando las necesidades del sector emprendedor privado, las medidas contenidas en los decretos leyes y reglamentos, no sirven para conseguir que los cubanos vean como mejora la oferta de productos alimenticios. Dentro de poco tiempo, se podrá comprobar. Este sector no esta bien preparado para los efectos de la tarea ordenamiento y lo pasará muy mal. Las medidas que realmente son necesarias, no están en los reglamentos.