La importación libre de aranceles: ¿de temporal a permanente?

Elías Amor Bravo economista

No hay día que los comunistas cubanos no sorprendan al resto del mundo con las cosas que dicen y las políticas económicas que aplican. En un artículo del diario oficial del régimen, Granma, titulado “Al amparo de la importación libre de aranceles, entre el 70% y el 80% de los viajeros transitó por el canal verde”, encontramos una interpretación hilarante de esta medida adoptada hace unos meses por el régimen y prorrogada hasta el 30 de junio de 2022. Si, es exactamente lo mismo que las tiendas en MLC, que nacieron de forma temporal y han acabado consolidándose en el comercio de la isla.

Las autoridades insisten en que la libre importación de mercancías por los viajeros que llegan a la isla en avión es una medida que tiene como objetivo, “reducir los costos e incidir en la disminución de los precios de comercialización”. Esto es reconocer que el sistema comercial comunista dirigido y controlado por el estado, con sus distintos instrumentos mayoristas y minoristas, es incapaz de conseguir ese mismo objetivo.

Por lo tanto, la conclusión es inmediata, ¿por qué motivo no se procede a la privatización de las estructuras comerciales en la Isla? No hay que perder tiempo. Ni se le pasa por la cabeza a los comunistas ceder esta parcela económica a los actores privados. Prefieren el espectáculo ridículo que contemplan con lástima los pocos turistas que llegan a la isla en los mismos aviones, con cubanos que cargan varias maletas y paquetes con todo tipo de artículos para realizar su venta en el país.

Los comunistas dicen que la medida de la importación es autorizada porque no tiene carácter comercial y se limita a alimentos, productos de aseo y medicamentos, sin límites en valor y cantidades, y libres del pago de los aranceles de aduana. Ni ellos se lo creen. La comercialización de estos productos está recuperando los niveles de actividad de los mercados informales ante la inactividad y parsimonia de las bodegas.

Además, las autoridades dicen que se autorizó esta disposición a fin de que los diferentes actores de la economía nacional, las empresas estatales y las entidades autorizadas a prestar el servicio de importación a las formas de gestión no estatal, pudieran obtener los insumos que precisan salvando de este modo las limitaciones en las ofertas de alimentos y otros productos en el país, como consecuencia, “cómo no, siempre está aquí para ser responsable de todos los males” del recrudecimiento del bloqueo del gobierno de Estados Unidos contra Cuba. Curioso. La mayoría de los viajeros vienen en vuelos procedentes de Estados Unidos.

Ni siquiera es una acción de política comercial con el objetivo de frenar la escala de los precios en la Isla, que en octubre crecían a un 66,3% con respecto al mismo período del año anterior. La inflación requiere otro tipo de medidas internas que no se aplican.

Regueiro Ale, viceministro primero de Finanzas y Precios insistió en el carácter temporal de la medida, pero desde su aprobación el pasado julio, y hasta el próximo mes de junio de 2022, llevará casi un año en vigor. Otro tanto decía el ministro de economía Gil de las tiendas en MLC y ahí siguen generando penosas desigualdades sociales y económicas entre cubanos que solo tienen pesos y los que reciben remesas en MLC del exterior. 

Atribuir esta decisión de libre importación de productos a la situación de crisis que enfrenta el país, o al embargo, no es otra cosa que esconder el hecho de que detrás de este movimiento comercial el régimen extiende, sin apenas costes, sus garras para apropiarse de divisas que van a parar a las vacías arcas del estado ante la situación de parálisis del turismo. Los comunistas cubanos no dan puntada sin hilo. Cualquier medida que se sale del guion marxista leninista tiene como objetivo beneficiar al régimen. Sigan la pista y verán.

Y los argumentos que se ofrecen en Granma para justificar la medida son igualmente falsos. No es cierto que este procedimiento haya significado reducción alguna de los costes de producción para las entidades importadoras de productos alimenticios y de aseo, porque la rebaja de los costes arancelarios no es suficiente para hacer frente a unos precios también más elevados que se están encontrando los cubanos que se dedican a estas actividades. En Estados Unidos, la inflación se sitúa en un 6,8% y en otros países de América Latina a donde se dirigen los compradores, los precios de los productos han subido, si cabe, más. La inflación general provoca que este negocio no sea tan rentable para el viajero como antes. No tardaremos en los próximos meses en ver como algunos tiran la toalla.

No parece que, en el caso de las entidades autorizadas a prestar el servicio de importación a las formas de gestión no estatal, por la importación de insumos y materias primas que realicen para el ejercicio de sus actividades, esta medida haya mejorado los niveles de contratación del sector. Los datos de la economía cubana no confirman una recuperación de la crisis de 2020, en forma de rebote. De hecho, si en el tercer trimestre se cerrase el ejercicio, la economía cubana habría experimentado una caída del 1,3% en el PIB de 2021.

El único beneficio que se obtiene de la aplicación de esta medida es la reducción del pago de aranceles de las materias primas que se incorporan a los procesos que realizan las entidades del comercio exterior que prestan servicios a estos actores económicos según las especialidades y requerimientos (modelo Malmierca) de modo que se estimula mucho más la importación que la exportación, en contra de los planes del régimen. Un ejemplo más que evidente de contradicción de medidas económicas del régimen.

Este “sacrificio fiscal” al que se refirió Regueiro en el artículo de Granma, es el precio que debe pagar el régimen para facilitar la actividad importadora que es incapaz de garantizar con los instrumentos intervencionistas del estado. Las autoridades afirman que lo más importante en estos momentos es estimular que puedan llegar al país las mercancías, como los alimentos, productos de aseo y medicamentos, para reducir los costos y disminuir los precios de comercialización. En suma, aumentar la oferta de bienes y servicios. Pero en realidad, el sistema que se está propiciando es inexistente en el resto del mundo, y viene a confirmar que, sin la participación de los agentes privados, el régimen comunista es inoperante. Se mueve en MLC y genera no pocas distorsiones sobre una oferta nacional de bienes y servicios que debería ser el objetivo prioritario. 

De modo que un procedimiento que se estableció para atender necesidades muy concretas de alimentos, aseo y medicamentos, ha alcanzado unas dimensiones de cierto nivel. Un directivo de la Aduana General de la República, señaló que un 70% y un 80 % de los pasajeros que llegaron a la Isla, desde julio transitó por el canal verde, porcentaje que no solo pone de manifiesto el conocimiento que tiene la población sobre el requisito de que dichos productos estén diferenciados del resto de otra naturaleza, sino de la popularidad de la medida, que ha servido para que mucha gente haya podido obtener unos ingresos complementarios para atender necesidades que el estado comunista, con su distribución comercial, es incapaz de atender.

Una última cuestión. Por mucho que los dirigentes afirmen que la posibilidad de continuidad o suspensión de esta medida depende de “un monitoreo de los impactos en el país de esta disposición, de las opiniones de la población y de los indicadores de recuperación de nuestra economía”, lo más probable es que, ante un 2022 que no abriga expectativas de mejora para la economía cubana, se mantenga el procedimiento sine die. Lo que supone, en definitiva, reconocer que el sector privado puede funcionar mucho mejor que el estatal en la distribución comercial.