La industria que realmente Cuba necesita

Elías Amor Bravo economista

Una vez más, los comunistas cubanos han vuelto a dar sentido a esa perniciosa superstición que tienen, consistente en creer que pueden promover y potenciar el desarrollo económico de la nación a golpe de decretazos en la Gaceta Oficial. La última ha sido la publicación en la Gaceta Oficial Número 142 Ordinaria de 9 de diciembre de 2021 del Decreto 59 sobre el Desarrollo Industrial, acompañado de la Resolución 95 estableciendo, nada más y nada menos que las “prioridades de trabajo para cada tipo de industria”.

Además esta nueva regulación se cimenta en tres motores que los comunistas quieren implementar en la industria cubana, a saber, “el desarrollo innovador, la sustitución de importaciones y la orientación a la exportación” y están convencidos, o al menos eso dice una nota en Granma que divulga la noticia, que podrán aplicar estas medidas y conseguir con ello potenciar la industria nacional.

¿A qué les suena todo esto? Si, ya lo se. Han respondido casi de forma unánime. Pues, ni más ni menos que las "63 medidas" para el sector agropecuario, de las que tanto hablan, pero que no han servido para aumentar la producción de alimentos, básicamente, porque los productores agrícolas y ganaderos no han tenido el menor interés de dedicarles ni un minuto. Saben, por experiencia, que son patrañas y majaderías comunistas, parches que se niegan a resolver los problemas de fondo del sector, que no es otro que “la tierra para quien la trabaja”.

Como hay que entretenerse con algo, ahora los dirigentes comunistas quieren “potenciar la industria” y han empezado a bombardear con normas y regulaciones. La primera vio la luz en octubre de 2020, cuando se publicó la actual Política de Desarrollo Industrial, heredera de aquellos planteamientos alejados de la realidad que llevaron al Che Guevara, entonces ministro de las industrias en plena revolución, a adueñarse de todo el capital privado industrial que existía en la nación, dejando a sus legítimos propietarios en la más absoluta miseria, o en la urgente necesidad de huir del país para evitar males mayores. Este fue el origen de ese “trabajo integral e intersectorial de muchos años” como dice Granma, para disponer de una “guía de acción a los tipos de industrias y a sus actores, por el papel decisivo que desempeñan en la economía cubana”.

Y ahí ha estado la guía desde octubre de 2020, durmiendo en ese letargo temporal que caracteriza a la economía castrista, hasta que, de pronto, algún burócrata abrió un cajón, se la encontró y preguntó si había que hacer algo. Y de ese modo, surgieron las disposiciones antes citadas, que se concretan en el decretazo mágico con el que se pretende “potenciar la industria” en Cuba,

El responsable de todo esto es, ni más ni menos, que el viceministro de Industrias, que como hacen todos los dirigentes comunistas cubanos, se justificó diciendo que estas medidas están relacionadas con la Estrategia económico-social del país, la conceptualización del modelo económico, los Lineamientos, y, cómo no, “con las ideas, conceptos y directrices del 8º Congreso del Partido”, exactamente lo mismo que con el desastre provocado por la Tarea Ordenamiento, cuyo desenlace es bien conocido de todos, aunque el ministro de economía lo niegue una y otra vez.

El que ahora los comunistas cubanos se centren en la industria no es nada extraño. Ellos lo justifican por la obediencia ciega a las órdenes del partido, pero siempre hay una carta en la manga, que es el bloqueo. El impacto del bloqueo económico, comercial y financiero del Gobierno de Estados Unidos contra la Isla tiene como consecuencias la obsolescencia tecnológica en el sector (como si solo existiera un proveedor de bienes intermedios y tecnología para la industria cubana en más de 200 países del mundo). Sinceramente, es reconocer a Estados Unidos una importancia que no tiene. 

La otra justificación la han ido a buscar en la situación financiera que atraviesa el país, de la que es el régimen el único responsable, porque no paga sus deudas a los acreedores internacionales del Club de París, y eso lo aleja de los mercados financieros. Hay que aprender qué es lo primero, y necesario, antes de hablar de cosas que no se conocen.

Entonces, ¿de dónde viene esta preocupación por la industria? Vayan ustedes a las estadísticas de la ONEI y entren en el apartado de Industria Manufacturera. Pasen y vean. El índice de producción industrial que mide un agregado de la producción física de la industria cubana en 2020 (último dato disponible) se había quedado en un 51,8, con respecto a la base 100 de 1989. Es decir, en los 31 años que transcurren entre 1989 y 2020 la industria cubana se ha dejado la mitad de su producción, que en el caso de los bienes de equipo, maquinaria, inversión ha llevado el índice a solo 4,1, perdiendo el 95,9% de la producción. 

¿Para qué seguir? Cualquier analista internacional de la economía cubana se percata que el país ha perdido de forma dramática su industria, y no digamos la azucarera, cuya destrucción fue resultado de una decisión personal del mismo Fidel Castro. El seguimiento estadístico de las producciones físicas de la industria cubana, del que se disponen datos hasta octubre de este año, viene a confirmar ese desastre productivo, en el que las empresas estatales que concentran el 100% de la producción del sector se han visto, además, comprometidas en graves situaciones de insolvencia por las disparatadas medidas de la Tarea Ordenamiento. Tal vez por eso, alguien ha dicho basta, y tratemos de evitar el cierre total.

De modo que por ello, los dirigentes comunistas publican el decreto y la resolución, porque piensan que con estas disposiciones en la Gaceta podrán lograr la “transformación de la industria y modernizarla de forma gradual, en función de la demanda de los sectores estratégicos, así como priorizar las inversiones de los productos de mayor impacto e incorporar tecnologías”. El término "gradual" se está imponiendo en el discurso de los responsables económicos del régimen, para ganar tiempo, pero la economía cubana no está para gradualidades y exige acciones decididas.

Por eso, desde aquí, decimos que se olviden, que así no se hacen las cosas. La regulación económica eficiente se basa en estudiar con detalle el funcionamiento de una realidad, y una vez que se entienden las interrelaciones que se generan por medio del comportamiento de los actores económicos, se publican unas normas que, lejos de intervenir, dirigir o decir cómo se tienen que hacer las cosas, lo que buscan es crear un entorno de certidumbre, estabilidad, y que sea predecible, a fin de que las decisiones adoptadas por los agentes sean las más eficientes y correctas. 

Los comunistas cubanos lo que han hecho es investigar cómo se puede “solucionar las brechas que se identificaron con el trabajo previo, tales como las de impacto en el Producto Interno Bruto” y eso, sinceramente, no sirve. La respuesta es simple, una cosa es la estructura, que es lo que se tiene que reformar por inútil, obsoleta e improductiva, y otra bien diferente es la coyuntura, que parece ser el objetivo del decretazo. Y ese no es el camino correcto. Los males de la industria no se arreglan con manos de pintura.

Para lograr “el desarrollo innovador, la sustitución de importaciones y la orientación a la exportación, así como el necesario vínculo con la academia para la preparación y superación del capital humano” hay que dejar a las empresas industriales absoluta libertad para que decidan sobre estas cuestiones. No hace falta texto jurídico alguno para que un empresario, orientado por satisfacer las necesidades de sus clientes y el móvil del beneficio y la rentabilidad sostenible de su empresa, adopte las decisiones más adecuadas para lograr los objetivos anteriores.

En cuanto a los objetivos más generales de “desarrollo industrial, contribuir al incremento de la soberanía industrial, reducir las brechas que obstaculizan el desarrollo, el incremento de la riqueza nacional y la sostenibilidad”, todo esto está muy bien, pero antes se tienen que practicar algunos ajustes en el texto de la constitución comunista de 2019 si se pretende lograr esos objetivos. 

La solución es clara. En concreto, si los dirigentes comunistas quieren realmente “separar las funciones estatales de las empresariales, y la función rectora del Ministerio de Industrias” la solución es fácil: privatizar las empresas, alejarlas de las decisiones de la burocracia y permitir que operen en condiciones de libertad económica, orientadas por el móvil del beneficio, el mercado, la oferta y demanda. Este cambio en las estructuras, de ser aplicado, podría cambiar en menos de un lustro el panorama desolador de la industria cubana.

De hecho, llama la atención que el decretazo aborde algunas cuestiones relativas al tipo de propiedad y el nivel de subordinación, identificando las responsabilidades de cada uno, pero se queda corto, no llega al final necesario de un proceso de transformaciones que pasan por la normalización de la economía cubana con respecto a los estándares internacionales de los que ha estado alejada durante más de seis décadas.

Privatizar la industria nacional cubana es un paso necesario, aunque no suficiente, para que el sector vuelva a crecer, generar empleo y riqueza. Hay futuro en la industria cubana si las cosas se hacen bien. En el país que se creó la balsa camión, que recorrió las portadas de la prensa de todo el mundo, hay creatividad, talento e intuición, valores muy solicitados en la producción industrial, porque conectan con el I+D que hace que las industrias sean competitivas. 

Privatizando las empresas industriales se puede resolver otros problemas que siguen sin solución como atraer la inversión extranjera, que, al tomar posiciones en la economía, podrá transferir, know how, tecnología, clientes y bienes de equipo, así como también la financiación que necesitan las empresas para su crecimiento y desarrollo. 

Las empresas privadas, con absoluta independencia del poder político, podrán priorizar sus actividades industriales estratégicas en función de las rentabilidades esperadas, elegir los proyectos que se traduzcan en mayor valor añadido, productividad y competitividad; incrementar las exportaciones participando en las cadenas productivas globales y reducir la dependencia de las importaciones, al surgir empresas nacionales que atiendan esas demandas internas no satisfechas. 

Y todo ello se puede lograr sin decretos ni resoluciones. Tan solo orientando a las empresas a la propiedad privada, el mercado y la libertad para satisfacer las necesidades de sus clientes con precios competitivos que permitan ganar dinero. Así de fácil. Cuba ya lo hizo antes de 1959 y con gran éxito, y seguro que lo podrá volver a hacer.