Apuntes negativos para el colectivismo local a la baja en Cuba

Elías Amor Bravo economista

Los dirigentes comunistas han decidido atacar los presupuestos locales en Cuba y eso puede traer consecuencias muy negativas a corto y medio plazo. Al parecer, la decisión está tomada, y la explicó el primer ministro Marrero en su rendición de cuenta en la Asamblea Nacional de Gibara, en Holguín, donde afirmó que “el presupuesto local se convertirá en la base fundamental para la sostenibilidad y el desarrollo de los municipios”  insistió que “su análisis y aprobación dejen de ser una formalidad y una simple referencia”.

Traduzcan por favor a lenguaje coloquial. El régimen ha detectado una oportunidad con la administración de los presupuestos locales para atender la enorme brecha del déficit del presupuesto central, y ante un escenario cada vez más complejo para gestionar la economía, se ha decidido que los presupuestos de los municipios se tienen que poner a disposición de las necesidades crecientes del gobierno central. Es decir, como no hay dinero suficiente en las arcas del estado para financiar las necesidades del gobierno central, la apropiación de los recursos municipales es una huida adelante que va a dejar a los gobiernos locales en una situación muy complicada para atender a sus ciudadanos.

Con cifras es más que evidente. En 2020, la administración del presupuesto del estado central arrojó un déficit de 17.545 millones de pesos. En los gobiernos locales, ese déficit fue casi siete veces inferior, y se situó en -2.932 millones de pesos. Pero la clave está en observar la evolución de ambos balances presupuestarios en los últimos cinco años. En dicho período, los gobiernos locales cerraron sus presupuestos con superávit a una media de 4.500 millones de pesos por ejercicio. El gobierno central, en cambio, cerró con una media de 11.000 millones de pesos, pero de déficit, además, en aumento de forma espectacular.

Desde esta perspectiva, los gobiernos locales han realizado una correcta definición de las prioridades para atender y resolver las necesidades de los ciudadanos y han sido más eficientes y responsables en la gestión del dinero de todos. Hay muchas diferencias significativas, como una mayor recaudación de ingresos de actividad no presupuestada en los gobiernos locales y una cierta estabilidad en la evolución de los gastos. Y por ello, el gobierno central ha encendido la luz de alarma.

Ahora, Marrero, con el respaldada del cónclave comunista del pasado mes de mayo, pretende trasladar los problemas acumulados del gobierno central a los gobiernos locales, con esa apropiación de los superávits obtenidos por estos, que han sido capaces de mostrar que en Cuba se puede y se debe, realizar una gestión eficiente y ordenada del presupuesto. El descontrol y la irresponsabilidad de la gestión realizada por el gobierno central se pretende trasladar a los locales, cuando se trata de administraciones distintas, con funciones diferentes y que deberían adoptar reglas de disciplina similares, sin favorecer esa injerencia que no lleva a ningún sitio bueno.

El gobierno central ha encontrado dos argumentos para apropiarse de esos superávits locales. De un lado, el tema de los barrios, que pasa por ser un experimento que no dará los resultados buscados y que, por el contrario, va a generar situaciones de agravio comparativo conforme los residentes de unas zonas observen que sus condiciones mejoran más que los de otras. Enfrentando a cubanos no se va a ningún sitio. El otro argumento, es el desarrollo local, que el gobierno central ha observado que puede incluso ayudar a recibir inversiones del exterior, en forma de donativos o subsidios, que es la forma preferida de captar recursos del gobierno comunista, y no quiere perder la oportunidad de introducir su poder en esos proyectos locales. Por si no fuera poco todo ello, el gobierno de Marrero ha incorporado estos dos ejes municipales en el tantas veces citado Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030, que pasa por ser una especie de arca de Noé en la que cabe de todo.

Y para ganarse el apoyo local, el gobierno alude a un supuesto “proceso escalonado que permitirá la descentralización de competencias hacia los municipios, de modo que estos, con la autonomía necesaria, se fortalezcan como instancia fundamental”. Lo siento, pero es difícil de entender que se pueda tener más autonomía sin capacidad de control y de gestión de los ingresos propios. Los comunistas cubanos se están embarcando en una peligrosa operación que puede tener consecuencias muy negativas.

Para empezar, porque los presupuestos del gobierno central no tienen que ver con los locales. Los primeros definen un escenario financiero de la economía, dado el peso abrumador del estado en la propiedad de los medios de producción, y con ese escenario se procede a realizar una distribución de la renta nacional con criterios políticos derivados de un plan anual que lejos de cumplirse, fracasa de forma sistemática en sus previsiones. El presupuesto central atiende a campos como la economía, la cultura, pensiones, la industria, administración burocrática, seguridad, defensa nacional, y al funcionamiento de los órganos y organismos del Estado. Además, el presupuesto estatal es el único que posee capacidad legal para endeudarse.

Por el contrario, los presupuestos locales destinan sus recursos a las actividades socioculturales a la población, como son educación preescolar, primaria y media, salud pública, asistencia social, servicios comunales, actividades culturales, deportivas y recreativas, y las de funcionamiento de los órganos locales de gobierno. También se incluye los presupuestos de los municipios y el de subordinación provincial. Una parte destacada de los presupuestos locales se financia con ingresos cedidos a partir de la recaudación total realizada por el presupuesto del Estado. Y aquí es donde está la cuestión. En vez de reducir esa participación, lo que tendría consecuencias negativas y políticas, el gobierno central se plantea una injerencia directa en los presupuestos que, a la larga, significa una subordinación que se traducirá en déficits crecientes que romperán la mayor eficiencia de los gobiernos locales.

¿Qué cabe esperar de todo esto? Pues que a las diferencias económicas individuales que ya están creciendo, como consecuencia de la tenencia de divisas por parte de distintos sectores de la población se añadirán las diferencias locales, provocadas por aquellos municipios con más recursos que otros, acostumbrados a proporcionar mejores servicios a sus ciudadanos, y que ahora, con la injerencia del estado, se verán obligados a forzar una igualdad a la baja. De todo ello, no pueden haber más que problemas y todos tienen su origen en esa necesidad enfermiza del régimen de establecer objetivos igualitarios a la baja que no estimulan ni favorecen el bienestar de la población porque al final acaban creando condiciones negativas para todos. Son más de 60 años con lo mismo, y no aprenden.