La bancarización es represión económica en Cuba

Elías Amor Bravo economista

¿A quién beneficia la bancarización de la economía cubana? Esta pregunta ha estado dando vueltas desde que el régimen, utilizando una entidad a su servicio, el Banco Central de Cuba, ha anunciado medidas que pretenden reducir la circulación de dinero en efectivo y lograr que los actores económicos utilicen más los servicios electrónicos bancarios.

Para ello, se ha publicado en la Gaceta Oficial No. 55 Extraordinaria, del 2 de agosto de 2023, una resolución que establece las normas bancarias relativas a límites para los cobros y pagos en efectivo en moneda nacional, su depósito, extracción y tenencia, y otras cuestiones que no deben pasar inadvertidas. Una de ellas es la eventual amenaza de la confiscación a aquellos que no cumplan lo establecido en la norma. La otra es la autorización para sacar efectivo de los cajeros, pero solo para determinadas necesidades muy concretas, como salarios, cuentas de ahorro, pensiones y otros haberes personales.

El resto de la resolución es pura artillería pesada del Banco Central de Cuba para, según dicen, favorecer el proceso de bancarización en el país. Y aun cuando se resalta que el objetivo es, en principio, “mantener la igualdad para todos los actores de la economía nacional”, lo cierto es que las medidas adoptadas tienen claros efectos asimétricos en función del tamaño o sector de especialización de los actores económicos, entre otros. De modo que cabe esperar que aparezcan problemas para aplicar las nuevas normas, y que tampoco se logre el eventual reordenamiento de los flujos bancarios.

El régimen señala en el preámbulo de la resolución que el incremento del uso del dinero en efectivo en las transacciones económicas y financieras desde 2021 ha provocado un retroceso de los niveles de bancarización e inclusión financiera en el país. Alguna reflexión debe llevar a una conclusión inicial: el responsable de esa expansión monetaria es el régimen con su gasto público desenfrenado, y no precisamente los actores económicos a los que va injustamente a aplicar el ajuste.

Por ello, debería ser el régimen quien diera ejemplo y actuase para corregir los elevados costes asociados a la emisión, transporte, procesamiento y almacenaje del dinero. De hecho, la demanda creciente de dinero en el número de cajeros automáticos para la extracción del efectivo es responsabilidad directa de la inflación rampante que existe en la economía y que obliga a esas múltiples extracciones de efectivo para afrontar precios que suben en espiral.

El régimen comunista crea los problemas, pero aplica las medidas de ajuste a los otros. Así cualquiera. El incremento de la bancarización de las operaciones financieras, a través de los canales electrónicos de pago no pretende mejorar el servicio para los actores económicos ni tampoco atender sus necesidades crecientes de efectivo. Tan solo hace recaer el ajuste del control monetario sobre la parte más débil y traslada un mensaje: aquí se obedece, siempre, al precio que sea.

La resolución hace recaer su presión sobre todos los actores económicos, desde las empresas estatales; las organizaciones superiores de dirección empresarial; las unidades presupuestadas; las cooperativas no agropecuarias; las cooperativas agropecuarias; hasta los productores agropecuarios; los pequeños agricultores individuales; los pescadores comerciales; las micro, pequeñas y medianas empresas; los proyectos de desarrollo local; incluyendo a los trabajadores por cuenta propia; los artistas y creadores; las modalidades de la inversión extranjera y las formas asociativas creadas al amparo de la Ley de Asociaciones. Nadie escapa.

Asimismo, es aplicable a personas naturales o jurídicas no comprendidas en lo anterior, si estas realizan actividades comerciales y de servicios legalmente autorizadas. Es decir, las mipymes también están en el blanco de las medidas, por si alguien le quedaba alguna duda de la acción coercitiva.

Al régimen le ha entrado prisa con el proceso de impulso a las operaciones bancarias electrónicas. A pesar del bajo o nulo grado de desarrollo de estas, porque los cubanos formalizan en efectivo la mayor parte de las transacciones en la economía formal e informal, desde el Banco Central se quiere que este proceso se sustente, cuanto antes, en la digitalización de las operaciones del sistema bancario dentro de su proceso de modernización tecnológica.

Los dirigentes comunistas están convencidos de que la disposición publicada en la Gaceta va a acelerar el proceso de bancarización de las operaciones, entre ellas, todas las relaciones de cobro y pago de los actores económicos que se sustentan en los métodos de pago del banco y deben ser la base de las transacciones electrónicas. Se equivocan. Es la eterna manía obsesiva del castrismo de que una economía puede funcionar a golpe de publicación de normas en la gaceta oficial. Una idea errónea. Lo normal es observar qué sucede en la realidad y si se tiene que regular, hacerlo interfiriendo de la menor forma posible en esos procesos. Justo lo contrario del castrismo, que lleva 64 años creyendo que una economía se puede controlar y dirigir.

Ante el desastre de funcionamiento de la red de cajeros automáticos del país, un servicio que los dirigentes reconocen que no es eficiente, se establece que los equipos solo dispensarán a las tarjetas de personas naturales asociadas a salario, cuentas de ahorro, pensiones y otros haberes personales. Es decir, los mismos supuestos excepcionales. El control será máximo. Se advierte que cuando se detecte una tarjeta de otro tipo, se realizará la devolución de esta y el cliente deberá dirigirse a una sucursal bancaria.

Los comercios que ofrezcan venta de bienes y servicios deben incorporar la posibilidad de canales de pago electrónico, ya sea por las pasarelas Transfermóvil, EnZona o los Puntos de Terminales de Venta. ¿A ver cuántas bodegas de la canasta normada incorporan estos procesos digitales para el pago? Ante la alarma creciente de la población, las autoridades se han visto obligadas a declarar que el efectivo no dejará de existir, pero que se promueve el uso de los pagos electrónicos y se insiste en el “principio revolucionario” de que nadie quedará desamparado ante el conocimiento de que no todos pueden acceder a estos mecanismos.

En la economía de mercado, este tipo de iniciativas suele ir acompañado de incentivos o regalos a los usuarios para movilizar y recompensar su cambio de comportamiento. En el castrismo, nada. Y tan solo se insiste que, al tratarse de operaciones más seguras y rápidas “deben ser también un beneficio para la población, por lo que se está estudiando seguir avanzando en los niveles de bonificación, que emiten los bancos, un trabajo que es también de conjunto con los comercios”. ¿Beneficios para quién y para qué?

En realidad, el dinero de plástico en Cuba se encuentra muy retrasado con respecto a otros países. La media de 1,4 tarjetas por habitante, cuando en otros países, como República Dominicana hay medias de 4,5, indica que las operaciones con medios electrónicos no superan los 200 millones anuales, un nivel que se considera bajo para el nivel de transacciones del conjunto de la economía. Detrás de este deficiente resultado está la escasa confianza de los cubanos en el sistema bancario, del que tienen pésimas referencias históricas, y su limitado atractivo para el fomento del ahorro y la venta de servicios de inversión, como hipotecas o planes de pensiones, prohibidas por el régimen comunista.

Y lo cierto es que, aunque los dirigentes declaran que Cuba se rige en sus prácticas bancarias por las normas internacionales y participa de todos los acuerdos y convenciones, la realidad es que hay un gran trecho del dicho al hecho. Por ejemplo, la banca es toda de propiedad estatal, y los bancos están al servicio del régimen, bajo el cumplimiento de un presunto principio de legalidad, que tiende a difuminarse en determinados contextos y operaciones. No existe la competencia entre los bancos y todos siguen procedimientos similares. La atención al cliente deja mucho que desear. Por ejemplo, la lectura de la sentencia del tribunal de Londres denunció la extraña operatoria bancaria cubana. La sentencia de la juez permitió conocer que la responsabilidad de Cuba en las gestiones realizadas en la inversión de deuda internacional deja mucho que desear.  

Por otra parte, sorprende que los plazos de aplicación de la norma se acorten de forma innecesaria. Cierto que cuando no estén creadas las condiciones, la norma reconoce un plazo de hasta 6 meses para que se continúen haciendo extracciones en efectivo en pesos cubanos para efectuar pagos a trabajadores por concepto de salarios, primas, gratificaciones y otras retribuciones, siempre y cuando no se cuente con la nómina domiciliada. Un plazo muy reducido que llevará a algunos actores a preferir otras vías informales. Lo mismo que el límite máximo de 5.000 pesos cubanos por operación para los cobros y pagos en efectivo, una cifra que parece sacada de la chistera sin demasiado análisis. De hecho, se señala que si estas operaciones superan la cifra de 5.000 pesos cubanos se deben realizar mediante los instrumentos de pagos y títulos de crédito distintos del efectivo, sobre todo por los canales electrónicos de pago.

Además, los ingresos en efectivo en pesos cubanos que reciban los sujetos de la resolución, como regla, se depositan en su cuenta corriente, a más tardar al siguiente día hábil bancario a la fecha de su recepción; en el caso de las formas de gestión no estatal, el depósito se realiza en la cuenta reconocida con propósitos fiscales, mientras que las extracciones de efectivo para el pago de salarios, subsidios y otras prestaciones de la seguridad social y prestaciones a estudiantes, se realizan como máximo, con 3 días hábiles de antelación a la fecha establecida para el pago. Diferencias de plazo que no se entienden y que no hacen otra cosa que aumentar la lógica desconfianza de los cubanos en los bancos.

Algunos actores económicos se han sentido presos de un “corralito” financiero de mal gusto, a destiempo. Mal, muy mal debe estar la situación financiera del régimen para que, de la noche a la mañana, con nocturnidad y alevosía, las autoridades den un volantazo inesperado a su sistema bancario, cuyas consecuencias pueden ser nefastas para la economía.

Y para dejar claro que se está jugando serio en este tema, la norma comunista advierte que los presidentes de bancos, o la persona en quien estos deleguen por escrito, deciden la suspensión de los servicios bancarios o el cierre de la cuenta a los clientes, “cuando de forma reiterada estos incumplan lo dispuesto en las secciones Tercera y Cuarta de esta Resolución”. Medidas excepcionales que están de más y crean la lógica alarma, preocupación e incertidumbre entre los actores económicos. Una vez más, la arbitrariedad como centro de las decisiones en el castrismo:  el concepto de “forma reiterada", qué no está definido de forma adecuada, y plantea no pocas dudas, qué se entiende por ello, cuántas veces, de qué manera.

Es decir, que de broma nada de nada, la resolución lanza una amenaza en toda regla a navegantes. Hay que alistarse obligatoriamente para cumplir lo establecido, por muy irracional e ineficiente que sea. O en caso contrario, estar dispuesto a perder todo el dinero que se tiene en el banco. Hay que destacar aquí que este es un supuesto de confiscación de bienes ajeno a lo establecido en la constitución comunista de 2019 y en la ley expropiaciones de 2022 ¿Dónde está la utilidad pública o el interés social en estas maniobras de suspensión o cierre de servicios bancarios por parte de las autoridades bancarias? El castrismo mostrando su peor rostro una vez más. La bancarización acaba siendo represión económica.