Los comunistas cubanos luchan contra la inflación matando moscas a cañonazos

Elías Amor Bravo economista

Los comunistas cubanos no quieren aceptar que la lucha contra la inflación la están perdiendo. Básicamente porque no acometen las medidas realmente necesarias y eficientes, y a cambio, se pierden en una tarea de enfrentamiento que forma parte de “un sistema, engranado y eficaz, que labora a tiempo completo contra las ilegalidades e indisciplinas”.

Este es el error. Simplificar la lucha contra la inflación a las ilegalidades e indisciplinas es una tarea absurda, que carece de sentido y que provoca, por otra parte, un mayor número de infracciones que el régimen tiene que afrontar, disponiendo de más recursos que incrementan el gasto público improductivo. Y así van pasando los días, sin que se reduzca la inflación y con la amenaza permanente sobre los actores económicos, incapaces de determinar si van a ser víctimas de la represión del día a día.

Es fácil entender que esta vía no es la adecuada. En otros países del mundo, el gobierno no emprende acciones contra ilegalidades e indisciplinas. ¿Qué es, acaso que no las hay? Por supuesto que sí, pero allí donde el mercado asigna recursos en base a oferta y demanda, el ajuste lo realizan los demandantes con absoluta libertad. Si entran en un establecimiento y observan precios altos para los productos que precisa, cruzan la calle y acuden al de enfrente, donde encontrarán precios menores, y si no se dan un paseo con la familia a un gran área comercial de la periferia, donde los precios serán mucho más bajos. ¿Qué diferencia con Cuba? No solo economía de mercado, también libertad de elección del consumidor, que es el centro del sistema económico, y no la empresa estatal socialista.

En ningún país del mundo, se practica el combate al alza desmedida de los precios con instrumentos de control, y si acaso ocurre, se materializa en períodos de tiempos muy cortos u para determinados productos estratégicos. Y nada más. Los comunistas creen que la sistematicidad, efectividad y eficacia de los responsables gubernamentales o administrativos en la lucha contra la inflación es superior a la del mercado, como instrumento de asignación de recursos. Se equivocan una vez más. El represor vela por el cumplimiento de la norma que él intenta que se cumpla, de forma coercitiva, pero con esa actuación no da solución al problema y lo que acaba ocurriendo es que el comportamiento de las autoridades queda en entredicho y pierden el apoyo popular.

La inflación provocada por la tarea ordenamiento, responsabilidad directa del régimen, se ha convertido en el principal problema para los cubanos y nadie tiene la menor duda de ello. Los dirigentes locales asumen ahora sus nuevas responsabilidades y se dan cuenta de que solo saben actuar con represión y control. Y lo peor es que alguien les ha dicho que pueden llegar a ganar la batalla final utilizando esa vía precaria y errónea, de modo que la propaganda comunista se las ve y desea para convencer a la población de lo que será un fracaso. Ya lo es.

Es una lucha que atenta a los principios económicos básicos, ley de oferta y demanda, o libertad de elección, que están conculcados en el régimen comunista cubano. Pero además, es una lucha ineficiente y costosa que moviliza a todo tipo de funcionarios, como inspectores, supervisores, policías, dependientes de los poderes locales que, al concentrarse en estas actividades, dejan de prestar sus servicios en otras. Gasto y más gasto, para nada, porque la inflación sigue ahí, y los vendedores no pueden acatar las disposiciones oficiales porque si lo hacen pierden dinero y lo mejor es quedarse en casa disfrutando de la vida. De modo que las autoridades se entretienen con las inspecciones y los controles y se desviven por ofrecer datos relativos al número de inspecciones, de lo que llaman violaciones, de multas, etc. todo para justificar el despilfarro de recursos en una tarea que, de antemano, no va a resolver la inflación.

Este es el tipo de actuaciones que gustan al régimen y que ha paralizado a la economía cubana en los últimos 64 años. Desplegar acciones de enfrentamiento a un problema cuya responsabilidad no se reconoce, y lanzarse con todo el aparato represivo contra todo lo que se mueva, es propio del castrismo y muestra su peor rostro, el que ha llevado a la economía cubana a la actual situación de crisis terminal, que está provocando una elevada insatisfacción en la población.

Poco importa que todo esto no funcione. Si los operativos de conjunto con los inspectores municipales y representantes de la policía nacional revolucionaria no dan resultado y al final se acaban denunciando supuestos poco relevantes, como pizarras informativas desactualizadas, venta de productos vencidos, no portar los documentos que acreditan al trabajador por cuenta propia, violación de proyectos, ilicitud de la mercancía y trabajadores ilegales, lo que lejos de resolver el problema de la inflación, lo tensa más aun por la vía de la reducción de oferta de aquellos comerciantes sancionados que no podrán volver a operar.

Desde la propaganda oficial se han apresurado a declarar que las acciones represivas de control de precios no han sido diseñadas para eliminar a aquellos actores económicos que legalmente ejercen la comercialización. Pero no cabe duda que por el camino algunos han sido víctimas de las medidas represivas, y se extiende el mensaje de que pagan justos por pecadores. El régimen pretende enfrentar a los ilegales y a aquellos quienes ofertan disímiles productos y/o servicios con precios desmedidos, sobredimensionados, pero en esa batalla se ajustan cuentas, hay delaciones falsas, en definitiva, lo mismo de siempre, aquello que hace que la economía y la sociedad cubana sean un fracaso.

Y para acabar de rizar el rizo, las autoridades vuelven a reivindicar en el más puro estilo de la teoría marxista, la denominada ficha de coste, que según dicen, debe incorporar todos los elementos que intervienen en el precio, y que debe servir para facilitar el control determinando cuando un precio es abusivo y cuando no. Una vez más, los marxistas ajustando la economía a precios de coste sin tener en cuenta el mercado y la oferta y demanda. No quieren reconocer lo equivocado y parcial de sus planteamientos, y así les va. Queriendo complacer a unos a costa de otros, y al final ni unos ni otros. Con lo fácil que es dejar al mercado que funcione.

Lo peor de esta historia no ha llegado aún. Los dirigentes territoriales no se conforman solo con la lucha contra los precios abusivos. Depuradas responsabilidades, quieren apostar por otra fórmula fracasada, la  concertación de precios. Se creen que por este medio, denunciado por los agricultores independientes y los arrendatarios de tierras como una fórmula confiscatoria, pueden lograr precios asequibles y ajustados a la realidad de los productores para la población. Se equivocan. Concertar precios en las condiciones que se realiza esta actividad en la economía cubana, desde un poder estatal absoluto y un productor muchas veces precario, no asegura un resultado eficiente, sino que muchos productores dejarán de hacerlo, con lo que la oferta volverá a caer.