Amenazan riesgos el plan de la economía en Cuba

Elías Amor Bravo economista 

Plan de la economía, ¿pa qué?

Parafraseando a Fidel Castro en su referencia a las elecciones democráticas, nada más hacerse con el poder tras el golpe revolucionario de 1959, se podría decir lo mismo. 64 años después, Cuba, su economía, nunca ha necesitado el plan ni nada parecido. El récord de fracasos de este instrumento comunista para intervenir en la vida económica es más que evidente.

Por eso que, a estas alturas de la historia, que el ministro Gil, responsable del plan, salga diciendo en la reunión de balance de su ministerio que “el país necesita una adecuada articulación entre el desarrollo territorial y la proyección del plan de la economía” no deja de ser una majadería impertinente más, que ni él se la cree.

En este punto, conviene preguntarse por qué el susodicho plan no ha funcionado en la economía cubana. Hay razones teóricas y prácticas de sobra.

Primero, el plan nunca ha servido para fortalecer las capacidades de gestión de los gobiernos y de las empresas de la economía. Se ha limitado a poner por escrito en el papel lo que se tiene que hacer y todos a obedecer, todo ello con una visión jerárquica de raíz comunista. Es un instrumento coercitivo que resta capacidad de decisión y gestión.

Segundo, la visión simplista de conducir la economía de una determinada situación a otra que se considera ideal por el planificador (y que quizás, lo más probable, no lo sea para los agentes que intervienen en el proceso) no es suficiente, por mucho talento, inteligencia y voluntarismo que se ponga. El plan económico no depende solo de buenas voluntades y de la supuesta sabiduría superior de unos planificadores, sino de hechos concretos.

Tercero, un buen ejemplo de ese voluntarismo inútil son las llamadas “indicaciones del gobierno para iniciar el proceso de elaboración del plan de la economía y el presupuesto del estado” que se publican cada año y que acaban siendo un documento engorroso de difícil digestión para propios y ajenos. Un documento que, además, se ha ido haciendo más extenso y complejo cada año, dedicando más tiempo y recursos a su elaboración y seguimiento.

Cuarto, creer que, desde el gobierno, en solitario, es posible dar respuesta a los problemas de la población. El gobierno llega hasta donde llega, y esa capacidad de resolver todo lo que se ponga por delante es más que cuestionable. Un exceso de confianza en lo estatal provoca lo que ha ocurrido en Cuba, la más absoluta parálisis de la economía.

A resultas de lo expuesto, los actores económicos, la sociedad en general, acaban perdiendo la confianza en el plan, porque ven que se incumple de forma sistemática. Los elementos de seriedad, responsabilidad y profundidad que deben acompañar la ejecución del plan, quedan aparcados en cuanto se resuelven los datos y se observa, una vez más, la distancia entre el PIB real y el planificado. Y así, de año en año.   

Uno de los errores más graves de la economía de planificación central comunista cubana es no querer ceder en lo que denominan “sus principios”, ni aceptar negociación alguna que rebaje la presión de esa camisa de fuerza sobre los agentes económicos. Escudándose en el bloqueo, los comunistas rechazan cualquier demanda de flexibilidad y ello empeora más aún la ejecución del plan.

Por ejemplo, los cubanos observan que el plan no sirve para resolver la crisis alimentaria que vive el país, porque la situación de escasez es cada vez peor. Y que las recetas del gobierno, basadas en la intervención en la economía, no dan resultado, como las célebres 63 medidas de la agricultura. En todos los ámbitos de la economía donde el plan define lo que se tiene que hacer, los resultados son decepcionantes, pero el nivel más alto del desastre se encuentra en el sector agroalimentario, donde no se acaba de encontrar una solución porque el régimen no quiere ir al origen del problema. Ahora electricidad, gasolina, servicios básicos se van sumando al desastre.

Y resultados similares se obtienen en otras actuaciones, como inversión extranjera o turismo. En el primer caso, la Ley 118 planificó 3.000 millones anuales de dólares de inversión. En 8 años, no se ha logrado esa cifra en términos acumulados. El plan del turismo, tras la pandemia, ha sido un desastre, pero ya antes de que estallase la crisis del COVID-19 cada año el plan era superior a las realizaciones. El régimen sigue construyendo los hoteles planificados, pero los turistas no llegan y la tasa de ocupación no pasa del 17%.

Las dos últimas ideas de los planificadores han sido sorprendentes. De un lado, involucrar a los trabajadores de los organismos y entidades en la elaboración del plan, precisamente en algo en lo que cada vez creen menos. Y la otra, no menos ocurrente, articular el plan con el desarrollo territorial de los municipios y provincias, lo que equivale a “n” planes más que habrá que elaborar, aplicar y que también serán un fracaso. 

Que las personas opinen y se analicen sus propuestas y que el plan se discuta otra vez en los colectivos de trabajadores, tropieza con un inconveniente. Hay trabajadores que piensan que es mucho mejor que perder el tiempo con esas majaderías, ir a pasear con su familia a la playa y disfrutar del tiempo de ocio al máximo. Los comunistas quieren que la gente siempre esté disponible para sus ideologías a cambio de nada. 

E ignoran que hay algo que se llama motivación, que no solo depende de chantajear con alimentos, medicamentos, servicios de transporte, salud, educación, cultura, deporte, seguridad y atención social, servicios comunales, abasto de agua, tratamiento de residuales, electricidad y otros, para los que asisten a las reuniones.

La articulación de la planificación anual con las estrategias de desarrollo municipal es otra de las líneas de trabajo en la cual trabaja el ministerio de Gil. El objetivo es integrar el plan del presupuesto en las asambleas municipales del Poder Popular, desde su elaboración hasta su aprobación, en función de la autonomía municipal.

El instrumento del plan a nivel territorial serán los proyectos de desarrollo local que, hasta la fecha, habían tenido una existencia hasta cierto punto independiente de las directrices centrales. Se pretende que no sean solo las empresas estatales las que asuman este papel, sino que también entren los nuevos actores económicos. Otra forma de someterlos a control.

El problema de esta descentralización territorial es que se acabarán creando cubanos de primera y segunda, en función de los recursos, capacidades y el dinamismo local de las distintas zonas. Las autoridades advierten que el proceso ha sido estudiado para evitar cometer errores similares a lo sucedido en otros países, pero ya se verá. Advertidos están.

El ministro Gil se ha lanzado a una estrategia peligrosa, sin previamente fortalecer las capacidades de gestión de los gobiernos y de las empresas, para lograr que los municipios cubanos tengan un sistema de planificación estatal propio. Ni siquiera ha finalizado el proceso de determinación de las competencias a descentralizar de conjunto con los organismos de la Administración Central del Estado, las organizaciones superiores de dirección empresarial, las provincias y los municipios. Es decir, se quiere territorializar el plan cuando todavía está todo por hacer. Más o menos lo mismo que cuando la tarea ordenamiento.