Mi posición sobre el editorial del NY Times sobre el embargo

Elías Amor Bravo, economista

El editorial del NY Times a favor de que EEUU ponga fin, unilteralmente, al embargo al régimen castrista nos lleva una vez más al origen de esa política y las consecuencias de la misma.

Tal vez convenga recordar que el embargo arranca de las confiscaciones masivas a propiedades y empresas de ciudadanos de Estados Unidos entre 1959 y 1960 por el régimen castrista. El mismo que sigue dirigiendo los intereses de la Isla, y que nunca pagó las correspondientes indemnizaciones, pese a las reclamaciones producidas desde el primer momento. La propiedad privada es inviolable. Y hace muy bien Estados Unidos de mantener activa la defensa de los derechos de sus ciudadanos hasta que no se produzca la debida compensación que, aun cuando llegue tarde para muchos, no se debe aceptar otra opción. No es cierto que el origen del embargo sea el intento de expulsar a Fidel Castro del poder.

Tampoco se puede considerar que sea un fracaso. Como ha llovido mucho desde entonces, el régimen castrista ha transformado ese diferendo entre los dos países en una campaña mediática de suculentos beneficios propagandistas que, sin embargo, Estados Unidos ha resistido de manera ejemplar. Ojalá otros países del mundo se emplearan con la misma energía en la defensa de los derechos de propiedad de sus ciudadanos. Y ahora, aparece el editorial del NY Times cargado de una serie de inexactitudes, al menos en el trasfondo económico de la cuestión.

¿Realmente puede suponer un triunfo para Obama suprimir el embargo? ¿Recompensará la opinión pública al presidente, por ejemplo, en las midterm que están a la vuelta de la esquina, por ese cambio en la política hacia el régimen castrista? ¿Ayuda realmente Obama al pueblo cubano al poner fin al embargo?

El artículo constata que las reformas introducidas por Raúl Castro no obedecen a un compromiso claro del régimen con la mejora de las condiciones de vida de la población cubana, sino a la necesidad interesada de sobrevivir a un colapso financiero en caso de interrupción de la financiación procedente de Venezuela.

Es decir, Raúl Castro hace reformas a desgana, impulsa actuaciones puntuales que, en modo alguno, van en la dirección de proporcionar a la economía cubana un necesario acercamiento al resto del mundo. Permitir a los ciudadanos que se empleen en el sector privado o que vendan propiedades como casas y automóviles, no deja de ser una mano de pintura muy superficial a un edificio que se está cayendo por la base.

Además, estas actuaciones, que no se pueden considerar reformas, se llevan a cabo desde la cúpula del régimen, bajo directo control del estado, ejército y partido, sin negociación o diálogo social alguno, ni mucho menos, incorporando las posiciones distintas que existen sobre la misma, como por ejemplo, las que defienden Estado de Sats o FLAMUR, entre otros grupos disidentes en la Isla. No es cierto, como dice el editorial, que existan “líderes en la isla que han tomado pasos importantes para liberalizar y diversificar una economía que históricamente ha tenido controles rígidos”.

Por lo que respecta a las inversiones extranjeras, los movimientos producidos en la Asamblea Nacional no pasan de ser una maniobra al margen de la constitución de 1992, que puede crear no pocos problemas a los inversores. Mientras que la propiedad siga estando al servicio del estado, y no se reformen las bases del sistema estalinista, arriegar capitales en Cuba es un mal negocio que solo puede dar sufrimiento.

No es cierto que exista ansia entre los inversores internacionales por realizar sus operaciones en Cuba, mientras no se aseguren los problemas de seguridad jurídica, transparencia y atractivo de los sectores en que invertir. Cuestiones que, aparentemente no preocupan a los responsables de la inversión extranjera, cuyo único objetivo es conseguir que las empresas que se instalen en la Isla acaben contratando a los recomendados por el partido único. Buen ejemplo.

Cualquier actuación al margen de la economía no escapa de esta visión sesgada a favor de ganar tiempo. Así, por ejemplo, la flexibilidad de las restricciones de viaje para los cubanos se ha gestionado con el fin último de aumentar los ingresos por remesas que, actualmente, se han convertido en uno de los puntales de una economía que ve como sus registros van siendo cada vez menores.

Tampoco es cierto que en la mente de las autoridades del régimen haya preocupación alguna por un post embargo. Desde hace muchos años, el único embargo que atenaza a los cubanos se encuentra en su modelo económico: ausencia de propiedad privada y de mercado como instrumento de asignación. Si realmente los cambios se gestionan de forma lenta, aceptando los reveses, es porque en vez de liberalizar la economía y mejorar su eficacia, lo que se pretende es mantener todo el proceso bajo control político del aparato militar y de seguridad del estado.

También es falso que la generación de cubanos que defienden el embargo está desapareciendo. Yo me considero miembro de la tercera generación del exilio, y considero un deber moral mantener y defender un punto de vista que entiendo no debe cambiar, mientras el régimen que dirige la Isla desde 1959 no adopte las medidas oportunas para solventar un conflicto que, insisto, fue únicamente creado por su ambicioso plan revolucionario de trastocar las históricas relaciones de amistad y economía entre Cuba y Estados Unidos, entre Cuba y el resto del mundo. Por supuesto que me gustaría que volvieran a existir relaciones diplomáticas, pero nunca a cualquier precio. En ello, honrar la memoria de quiénes nos precedieron es fundamental.

Cuba y Estados Unidos pueden recorrer un gran camino, juntos. En un futuro democrático y libre lo harán. Ya lo demostraron en los primeros 50 años de existencia de la República y los dos obtuvieron grandes ventajas de esa colaboración. No deja de ser curioso que la unificación de las familias cubanas en nuestro tiempo, la tan deseada reconciliación nacional tras la ruptura de lazos provocada por el régimen de los Castro, se esté produciendo realmente en Miami. Allí, cubanos de todas las ideologías se pueden expresar con absoluta libertad y defender sus posiciones. En Cuba, eso sigue siendo imposible.

Incluso en las condiciones actuales, Estados Unidos ha beneficiado directamente a un régimen que no pierde ocasión para denunciar al “imperio satánico que lo esclaviza”, según palabras de algún representante exterior de Cuba. Estados Unidos facilita granos y carne a la Isla para paliar la periódica escasez de la improductiva agricultura de base estalinista que impera en la Isla; ha facilitado el envío de remesas y autorizado a cubanos radicados en Estados Unidos a viajar a la isla. También ha estimulado el desarrollo de la telefonía celular y del internet en la isla.

La última conclusión que se puede obtener es que cambiar la política hacia el régimen castrista no supone beneficios para el pueblo cubano, y sí un espaldarazo al sistema de poder. Es lo que checos, húngaros, polacos y otros países ex comunistas de la Unión Europea no pueden comprender, cuando valoran el clima de entendimiento planteado desde Bruselas con las autoridades de La Habana. La conclusión es evidente: la política europea no ha conseguido mejorar las condiciones de vida de los cubanos. Todo lo contrario. Ha permitido al régimen castrista disponer de una base de legitimación internacional desde la que continúa lanzando mensajes que alientan el enfrentamiento y el odio. Nada positivo.

El ejemplo de que en La Habana tampoco están por facilitar el cambio de política se encuentra en la detención de Alan Gross, que se pretende identificar con la “Red avispa” que fue detenida, juzgada y condenada por tribunales democráticos e independientes del poder político por organizar actividades delictivas contra sus coterráneos residentes en Florida. Si de gestos de buena voluntad se trata, y teniendo en cuenta que la libertad de los cubanos y el respeto a sus derechos humanos es inamovible, existe un espacio para iniciar un deshielo, que ronda lo humanitario. Ni la regulación de flujos migratorios, ni las operaciones marítimas o las iniciativas de seguridad de infraestructura petrolera en el Caribe van a entrara a formar parte de una agenda política que requiere un complejo desarrollo legislativo y que nunca ha sido una prioridad de la Administración. Por último, si realmente el NY Times cree que la mejora de las relaciones de Estados Unidos con otros países de América Latina debe pasar por impulsar un nuevo escenario con el régimen castrista, entonces apaga y vámonos.