Más precios topados: problemas a la vista

Elías M. Amor Bravo, economista

 

Alguien, en la dirección central de la economía castrista, ha llegado a la conclusión que para “aumentar de manera gradual la capacidad de compra del peso cubano” no hay medidas más adecuadas que topar los precios de los alimentos. Gran error.

Esta decisión, que después analizaremos con detalle, parece ser respuesta a la posición más reaccionaria del VII Congreso del Partido único, cuando se planteó en relación con el comportamiento de los precios de los productos agropecuarios, la necesidad de aplazar las reformas hacia una mayor liberalización de los mercados por un intervencionismo estatal directo en la distribución. Dicho de otro modo, después de los experimentos de Mayabeque e Isla de Pinos, el régimen da marcha atrás. Lo ha venido haciendo desde 1959. Nada nuevo bajo el sol. Los principales dañados, como siempre, los cubanos. Veamos por que.

El propio régimen ha reconocido cuál es el motivo por el que aumentan los precios en Cuba: “el factor primordial en el crecimiento de los precios reside en un nivel de producción que no satisface la demanda”. Para adentrarse después en que los “avances en esta materia están condicionados por factores objetivos y subjetivos” sin especificar muy bien cuáles. A partir de ello, se concluye que “no podemos quedarnos con los brazos cruzados ante la irritación de los ciudadanos por el manejo inescrupuloso de los precios por parte de intermediarios que solo piensan en ganar cada vez más” y como conclusión, los precios se topan.

Después de culpar a los intermediarios de un problema estructural de la economía, que es la baja producción, que tiene su origen en las instituciones existentes, inadecuadas para el funcionamiento eficiente, el régimen, el sector más duro, el que menos confianza tiene en la libertad económica, anuncia este conjunto de medidas de fijación de precios, cuyo objetivo es “incrementar el acopio de productos agropecuarios de alta demanda y su comercialización a la población a precios máximos establecidos”.

Primera falsedad. Que con esta actuación se consiga la “protección al consumidor y a los productores agropecuarios, pues asegura estabilidad en los niveles de precios”. Falso. Ni protege ni asegura nada. A los consumidores les permite dar rienda suelta a una demanda contenida que termina siendo racionada por la escasez. A los productores, les obliga a malvender sus cosechas, no obtener la rentabilidad esperada de su trabajo y esfuerzo, y al año siguiente, casi seguro abandonar. 

Existe abundante literatura científica en la Economía que cuestiona este tipo de medidas por sus graves consecuencias sobre aquellos a los que se pretende proteger y defender. En vez de ello, lo que se tiene que hacer es crear un marco jurídico para que la actividad económica de producción, comercialización y venta se desarrolle libremente, poniendo en juego oferta y demanda en absoluta libertad bajo las señales de los precios. Esa es la única receta que funciona. Lo demás es perder el tiempo.

Nunca ha sido bueno dirigir una economía con regulaciones y disposiciones publicadas en una Gaceta, como la Oficial de la República de Cuba. Aquí ahora, las Resoluciones 157-C y 162 del 2016, del Ministerio de Finanzas y Precios, vuelven a trasladar efectos negativos sobre el comportamiento de los agentes económicos, y previsiblemente, ni van a conseguir que se mantengan precios máximos de venta a la población de productos agrícolas seleccionados. Lo normal es que en unas pocas semanas, los productos escaseen y los cubanos vuelvan a padecer privaciones. Tiempo al tiempo.

Tampoco está claro que estos precios máximos se vayan a establecer a los productos de primera calidad, de acuerdo con las regulaciones vigentes. Conforme los mercados se vacíen a resultas de una mayor demanda que oferta, los consumidores no tendrán más remedio que pagar precios más elevados por lo que quede en los anaqueles de las bodegas. Al final, este tipo de procesos de fijación de precios acaba siendo incompatible con la discriminación en términos de distinta calidad.

Alguien se ha cubierto en salud, cuando se establece que “los precios tienen en consideración las épocas de cada cultivo: la óptima, donde los rendimientos son superiores; y fuera de esta, en que disminuyen”. Esto es absolutamente normal y en una economía de varias cosechas anuales en la agricultura, como la cubana, no se debería producir si la distribución comercial, los intermediarios, esos profesionales que se consideran los “enemigos” del régimen, tuvieran capacidad para almacenar y conservar en frío los productos. En tales condiciones, la oferta se mantendría sin tensiones durante el año.

Excluir los mercados de oferta y demanda de la política de precios fijos es otro grave error, porque pretender que los vendedores de estos mercados no vayan a reaccionar a la política de precios del estado, es arriesgado. Al final, lo que puede acabar ocurriendo es que los mer­cados agropecuarios estatales e incluso los más pequeños, de los trabajadores por cuenta propia, terminen vaciándose en poco tiempo, y en tales condiciones a los consumidores no les quedará más remedio que aprovisionarse a precios más altos en los mercados de oferta y demanda. Todo el coste económico destinado a subvencionar la compra de alimentos tirado a la basura una vez más.

El último error, la decisión adoptada de fijar, para el resto de los productos agrícolas que se acopian por empresas estatales, con precios no centralizados, márgenes comerciales no superiores al 40%. Otro grave error que producirá la desaparición de numerosos productos porque su coste de producción será superior al precio, desanimando el cultivo. Más ineficiencia, imposible.

Enredado en estas cosas el Ministerio de Finanzas y Precios castrista da una de cal y otra de arena, e impone su ideología al funcionamiento de la economía. Mal consejo. Con este tipo de medidas de precios topados, las consecuencias son bien conocidas por los cubanos: escasez y racionamiento, colas, necesidad de recurrir a la economía sumergida o la "bolsa negra", florecimiento de los especuladores que no intermediarios, y al final, precios que aumentan de forma desorbitada, además de un gasto público en aumento para subvencionar los productos, que se podría destinar a otros fines, como por ejemplo, las inversiones públicas en infraestructuras. 

Descontrol económico, déficit y efectos contrarios a los buscados. Así lleva la economía de planificación central estalinista del régimen castrista 57 años. Acabarán lamentándose de lo que han hecho.