La guerra de los Castro contra los paladares

Elías Amor Bravo, economista

Los observadores y analistas se han hecho eco de la decisión del régimen castrista de prohibir temporalmente nuevas licencias de apertura de pequeños restaurantes en La Habana bajo la gestión de los trabajadores por cuenta propia. Al mismo tiempo, se ha advertido a los que ya operan de más estrictos controles, iniciando un proceso de citaciones en las que se instruye a los afectados sobre presuntas violaciones de la normativa, entre las que se encuentran “evadir impuestos, comprar suministros en el mercado negro u operar clubes y bares ilegales”.

La limitación de oferta en cualquier mercado es una política pública que tiene efectos muy negativos sobre la población e incluso contrarios a los que se persiguen. Incluso en aquellas economías, como la castrista, en la que el mercado asigna solamente una parte de los bienes y servicios, correspondiendo al estado un papel muy destacado en la asignación.

Esta decisión del régimen, absolutamente inesperada, no guarda relación con las informaciones que circulan relativas al incremento de turistas y viajeros que suponen un mercado en crecimiento cuyas necesidades de alimentación se hace preciso atender. La “guerra” del régimen castrista contra los paladares no es nueva. Periódicamente, en la isla cada vez que aflora alguna actividad económica privada boyante, se adoptan medidas reaccionarias, de corte estalinista, para demostrar quién tiene el mando de la economía. Lo sucedido con los “paladares” habaneros no es más que un episodio más.

Sus efectos inmediatos serán:

1.- Freno a una de las posibles vías de emancipación económica abiertas por los llamados Lineamientos.

2.- Límite a una oferta gastronómica que tiene aceptación popular lo que incrementará los precios de aquellos que sigan operando en el mercado.

3.- Beneficio de manera directa a una oferta (estatal y de los hoteles) que tenía dificultades para competir con los pequeños restaurantes.

4.- Límite al crecimiento de la oferta de productos agroalimentarios destinados a los emprendedores, y con ello, la tensión sobre los precios de consumo.

5.- Límite a la entrada de “mulas” con bienes intermedios destinados a los pequeños restaurantes que tenían dificultades para aprovisionarse en los mercados domésticos.

6.- Frustración de expectativas y proyectos personales.

7.- Refuerzo del control político administrativo de la actividad económica.

8.- Límite a la creación de empleo en estos establecimientos.

9.- Freno a la evolución del sector hacia la especialización, la diversificación y la mejora de productividad.

10.- Disminución de la recaudación tributaria

La principal diferencia de la actual campaña contra los paladares, de otras anteriores,se encuentra en que el régimen ha sofisticado la lucha contra la iniciativa privada en Cuba. Y así, las reuniones en las que se cita a los dueños de los paladares, participan desde representantes del Poder Popular de La Habana a varias instituciones del estado, como la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) y la eterna seguridad del estado. Además, como han declarado algunos de los citados a las reuniones, se les comunica que los paladares son importantes para la economía y que las irregularidades no sólo se encuentran en los negocios privados, sino también en los estatales. No obstante, hasta la fecha, el grueso de la presión administrativa ha recaído en los primeros.

Veamos cuáles son los problemas tan graves para el régimen. Por ejemplo, el uso del parqueo público para acomodar a los clientes de las paladares, algo que podría resolverse mediante el alquiler de dichos espacios; la compra de mercancía en el mercado negro, una actividad que es necesaria porque en los mercados oficiales hay permanente escasez; y otros más graves, como la violación de impuestos o el lavado de dinero e incluso la prostitución y la droga, en suma, aspectos que vienen de atrás en el tiempo desde la época del llamado “período especial” y que se han convertido en estructurales por la propia dinámica del régimen.

Las leyes castristas obligan a los restaurantes privados a no exceder de 50 asientos, como máxima capacidad, y están obligados a comprar los insumos en tiendas estatales, pese a la permanente escasez de los mismos y el alto precio de los productos. A pesar de las dificultades que existen para una gestión normal de estos establecimientos, La Habana ha visto florecer y prosperar un gran número de paladares en los últimos años. Negocios que han competido con los restaurantes estatales y los radicados en los hoteles por su capacidad para ofrecer una relación calidad precio aceptada por los clientes. 

Algunos analistas creen que el endurecimiento de la política del régimen hacia los paladares es un ejemplo de cómo Raúl Castro está priorizando determinados gastos en detrimento de otros, y a diferencia del llamado “período especial”, cuando los apagones y las restricciones crearon un gran malestar en la población, ahora se pretende que sea la actividad económica, privada y estatal, la que pague el coste del ajuste a un escenario muy difícil para la economía castrista como el actual, en el que disminuye el petróleo de Venezuela, no se pagan otra vez los créditos y escasea el numerario y la liquidez. Y así y todo, inasequibles al desaliento, se lanzan a anunciar la unificación monetaria para 2017. Tremendo.