Los controles de precios no van a ayudar

Elías Amor Bravo, economista

No hace muchos días, el régimen castrista anunció aumentos de salarios a los trabajadores del sector presupuestado y de las pensiones para los jubilados, como parte de una política de corte populista, dirigida a recuperar el poder adquisitivo de la población, una de las principales quejas que se escuchan en la isla.

Y al mismo tiempo, viendo el descontrol interno que la decisión iba a suponer, promovió un control de precios para un determinado conjunto de bienes y servicios a la población, en un desesperado intento por frenar la espiral inflacionista que ello podría suponer.

El último espacio televisivo de la Mesa redonda de Randy Alonso, se ha dedicado a esta cuestión, teniendo como protagonista a la ministra de finanzas y precios, entre otros.

Allí se han dicho muchas cosas. Algunas no tienen desperdicio.

La señora Bolaños, titular del ministerio responsable del desaguisado, volvió a justificar las medidas de control calificándolas como “necesarias para sostener en el tiempo no solo tal aumento, sino también la capacidad de compra creada en más de un millón 400 mil cubanos que laboran en el sector presupuestado”.

Al parecer la ministra cree que esto es posible y que, además, puede tener efectos muy positivos para la población, que va a “tener mayores ingresos para poder adquirir los bienes que necesitan las personas para su satisfacción personal y la de su familia”.

Parece que la ministra tiene claro que el precio se determina en función de la relación y del equilibrio entre la oferta y la demanda, pero comete un error al pensar que los controles de precios pueden servir para “generar más bienes y servicios, a fin de que no se produzcan efectos como la inflación”.

Todo lo contrario, ministra. Al topar los precios, muchas empresas y agentes económicos dejarán de producir y de prestar los servicios porque verán que ya no son rentables, al cambiar las condiciones técnicas y productivas de la oferta, como consecuencia del aumento de salarios. Una vez que se vacíen los mercados, tras el impacto inicial del aumento de salarios, no llegarán reposiciones y los anaqueles se vaciarán.

Cualquier alza de costes, en este caso, los salarios, obliga a los actores económicos, si desean actuar de forma eficiencia, tanto del sistema empresarial estatal y las formas de gestión no estatal, a incrementar los precios. Esa decisión es tan inevitable, como racional. Es la que exige el mercado para que oferta y demanda puedan nuevamente alcanzar un equilibrio.

Otro error de la ministra Bolaños. Creer que “no ha existido un incremento de los costos para la conformación de los productos que justifique un aumento de precios”. Los incrementos salariales, decididos de forma discrecional por los gobiernos, que no se corresponden con aumentos similares de la productividad de los factores, generan tensiones a nivel macroeconómico sobre los costes unitarios de producción, que se dispersan rápidamente por toda la economía. Aparece lo que llaman los economistas, las tensiones inflacionistas, que generan expectativas de mayores aumentos de costes y precios.

Este proceso no se controla con ningún "Observatorio de precios". Esto es perder el tiempo con más organismos burocráticos que no resuelven el problema. Además, ¿de verdad se puede confiar en la información que suministra el índice de precios al consumo que labora el régimen castrista actualmente? ¿Cómo se puede tener en cuenta este indicador cuando en Cuba casi el 30% de la canasta de bienes es suministrada por el régimen a la población a precios subsidiados? No es una crítica a los profesionales de la ONEI, como se puede entender, es una crítica al modelo económico existente, que no es compatible ni con el índice de precios al consumo, tal y como lo conocemos.

La ministra debe saber que el monitoreo de precios no sirve cuando se trata de medir expectativas de inflación, que es el problema actual de la economía, y que irá a más. Para anticipar cuál va a ser el comportamiento de los precios no hace falta "Observatorio" alguno. Los precios van a aumentar porque las expectativas de los agentes así lo creen. Y en caso contrario, es decir, si no aumentan aparecerá la escasez y como consecuencia, el racionamiento.

Además, no se debe hablar de “incrementos no justificados de precios en una economía, ni tampoco precios abusivos”. En una economía donde oferta y demanda equilibran los precios, esos desniveles se corrigen automáticamente porque los agentes operan con señales e información suficiente para alcanzar el equilibrio. Si los precios son altos, la gente deja de comprar, si son abusivos, el mercado rechaza al productor. Nadie tiene que venir a salvar a nadie. La gente es mucho más racional que los burócratas planificadores.

Otro error ¿Qué sentido tiene asignar a los consejos de la administración locales y a las OSDEs una serie de mecanismos de control para regular los precios de los bienes y servicios ofertados por las formas no estatales y los Trabajadores por Cuenta Propia (TCP),a partir de las condiciones económicas de cada territorio, la capacidad de ingreso de la población, y las características en que se desenvuelve la actividad?  

Pienso que esta forma de proceder supone perder de vista que para luchar contra las tensiones inflacionistas, por la vía del aumento de la oferta, lo que se debe alcanzar son dimensiones eficientes de la escala de operaciones de las empresas y los mercados, y no fragmentarlos y dividirlos, como se hace en Cuba, apostando por los “territorios” en vez de la unidad de mercado de la nación.

Y qué decir del “incentivo a la delación, el espionaje y el chivateo de la población con sus quejas y denuncias al ministerio para que intervenga”. Vergonzoso estimular desde el gobierno estas prácticas antisociales. Acaso ¿no sería más razonable y eficiente que estas quejas de los consumidores se hicieran llegar directamente a las empresas y los productores, y que fueran estos los que dieran respuestas acordes, sin la intervención del aparato estatal? En todo caso, los órganos de la administración están para dar servicio a los agentes económicos, no para reprimirlos y acosarlos con la PNR, la fiscalía o los CDRs. ¿Dónde se ha visto esto?

La propia ministra reconoció en la Mesa redonda, que muchos TCP han tenido una reacción positiva, cuando se les ha explicado “la necesidad de regular los precios en beneficio no solo de los trabajadores pertenecientes al sector presupuestado, sino de la familia cubana en general”. ¿Cómo no lo van a hacer? Pues claro que si. Los TCP dependen de los clientes, y su viabilidad está en función de proporcionar un buen servicio a los que compran sus productos y servicios. Ellos, y no ustedes, son los que pueden liderar una economía y proporcionar el mayor bienestar y poder adquisitivo de toda la población.