La reforma de la propiedad de la tierra en Cuba ya no espera más

Elías Amor Bravo economista 

Sin duda alguna, el sector de la economía cubana peor gestionado por los dirigentes comunistas es el agropecuario. Las recetas comunistas, aplicadas desde los primeros momentos de la revolución, con la llamada “reforma agraria”, o la creación del nefasto INRA, provocaron el hundimiento de un sector que, antes de 1959, era competitivo y, producía suficiente para alimentar a la población y exportar excedentes.

Las reformas comunistas de la tierra llevaron a la situación actual, en que los dirigentes siguen desarrollando un marco legal tras otro, convencidos de que las leyes, las normas y las disposiciones administrativas pueden lograr el milagro de multiplicar la producción agropecuaria. Pero no lo consiguen.

Esto viene a cuento de dos artículos publicados en Granma que tratan de justificar la actividad legislativa del ministerio de la agricultura y que formalizan un balance de normas que, en ningún caso, han servido para aumentar la producción.

Los resultados están a la vista. El sector agropecuario viene disminuyendo su PIB desde hace tres años y parece que 2022 habrá cerrado con resultados igualmente desfavorables que cuestionan las normas y leyes adoptadas en materia agraria y ganadera, ya que no sirven para ordenar nada, y mucho menos, para estimular la producción y comercialización de los alimentos.

El fracaso de la política comunista aplicada al sector agropecuario tiene muchas razones y todas ellas son bien conocidas. Los dirigentes se entretienen en lo que llaman “perfeccionamiento de los procesos de producción y comercialización de los alimentos” sin ir al origen del problema, que se encuentra en las condiciones técnicas y jurídicas de la propiedad de la tierra y los medios de producción. Si se quiere adoptar políticas que eliminen trabas a los productores, que den estímulos a la actividad agrícola en el país, no queda otra que ir a la propiedad de la tierra.

No hace falta publicar una miríada de normas jurídicas, sino de ir al origen del problema que colapsa la producción agropecuaria en Cuba. No se trata de aplicar soluciones parciales que sirvan para “mover la tierra”, sino de escuchar y atender la voz de los guajiros cubanos, que se empeñan en sacar sus producciones en el surco con innumerables dificultades, siendo la principal, la disponibilidad de tierra y la dependencia de decisiones políticas comunistas para la viabilidad de sus explotaciones.

En esencia, los problemas de mala contratación con la base productiva, de impagos o de precios bajos que no sirven para comprar las cosechas a los campesinos y cooperativas, y muchos más que inciden en la falta de comida en las bodegas y mercados, tienen su origen en la concentración de la propiedad de la tierra en manos del estado y la debilidad del modelo de entrega de tierras, como solución de parche, a un problema estructural que exige soluciones de 180º. Aunque sea necesario modificar la constitución comunista de 2019.

Si no se regula dicho acceso a la propiedad privada, y se establecen las oportunas garantías jurídicas, lo que necesita una Ley básica de propiedad de la tierra, el resto de la actividad legislativa y normativa del ministerio de la agricultura será papel mojado y no ayudará a resolver los conflictos derivados del marco jurídico existente desde las confiscaciones de tierras de los años 60 del siglo pasado. Los vietnamitas fueron los últimos en dar la vuelta al marco de derechos de propiedad de la tierra con las reformas Doi Moi y pasaron en un lustro de hambrunas a ser el principal exportador de cereales de Asia.

¿En qué ha estado trabajando el minag en 2022? 

La enumeración de temas ofrece una idea de lo alejado que se encuentra el regulador de las necesidades del sector. Las famosas “63 medidas” que no han servido para dinamizar la agricultura y las “28 de la ganadería”, han sido un buen ejemplo de fracaso. De la actualización del Decreto 225/1997 De contravenciones personales de las regulaciones para el control y registro del ganado mayor y de las razas puras, mediante la aprobación del Decreto 70/2022, poco se ha sabido, salvo que está ahí.  

La Ley de Fomento y Desarrollo de la Ganadería, que actualiza una normativa de 1974, aprobada en la última sesión de la Asamblea nacional, lleva poco tiempo en vigor, pero se tienen serias dudas de que sirva para producir más (las reses siguen siendo propiedad del estado). Y la aprobación, por el Consejo de Estado y el consejo de ministros, respectivamente, del Decreto-Ley y Decreto reglamento, que instrumentan la política para la producción, desarrollo y uso de los biofertilizantes, los bioestimulantes y los bioplaguicidas de uso agrícola, o el nuevo proyecto de Decreto-Ley de las Cooperativas Agropecuarias.

También se destaca la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, de mayo de 2022, y el posterior plan de julio, que se califica como “paso decisivo no solo en el interés de la protección del derecho de toda persona a una alimentación sana y adecuada, sino también para fortalecer y perfeccionar los procesos que van desde la producción hasta el consumo de los alimentos, a partir de las capacidades endógenas de cada territorio”, pero el caso es que los problemas de alimentación no solo siguen, sino que se han visto agudizados por precios que van mucho más allá del poder de compra de salarios y pensiones.

De igual forma, se trabaja en la actualización de la Política del Plan Turquino, la elaboración de los decretos que instrumentarán las políticas de Extensión Agraria y la de Agroecología, que se encuentran en el Cronograma Legislativo para noviembre de 2023, y, como plato fuerte del presente año, está la elaboración de la Ley de Tierras.

Bueno que el régimen califique de “plato fuerte” a la norma que regule las tierras. Lástima, sin embargo, que esta Ley de Tierras se desplace al último de los proyectos que se pretenden acometer este año, siendo el más urgente y necesario. Aunque se conoce poco o nada de lo que se pretende con esta norma, su contenido podría ser esencial para cambiar el estado del sector agropecuario y facilitar un impulso al mismo, siempre que se dejen atrás las ideologías obsoletas que impiden a la economía funcionar más y mejor. Si se pierde la oportunidad de dar un giro de 180º al sector agrario, como ocurrió con la citada Ley ganadera, que dejó sin resolver la cuestión crucial de la propiedad de la cabaña de ganado, todo volverá a estar como siempre y los problemas seguirán sin ser resueltos.

La Ley de Tierras debe actuar, desde la perspectiva de un nuevo marco jurídico para los derechos de propiedad de la tierra en Cuba, como el núcleo de referencia de las políticas y marcos normativos del sector, aun cuando pueda ir en contra de lo dispuesto en la constitución comunista de 2019. Las constituciones nacen para ser modificadas, y la cubana podría iniciar dicho proceso.

El régimen reconoce que sus políticas agrícolas y normas jurídicas no significan comida inmediata en la mesa de los cubanos. Y lleva razón, a la vista de los fracasos, pero esto no se debe a que esas políticas sean incapaces de levantar trabas a los productores y dar estímulos y bonificaciones a la actividad agropecuaria y forestal, sino a que la tierra pase a ser propiedad de quien realmente la trabaja y la hace productiva.

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