¿Se puede evitar una crisis alimentaria en Cuba?


Elías Amor Bravo, economista
Acaba de ser publicado un importante informe de CEPAL y FAO titulado “Cómo evitar que la crisis  del COVID19 se transforme  en una crisis alimentaria Acciones urgentes contra el hambre  en América Latina y el Caribe”[1], que merece atención en este blog por su contenido. En cierto modo, subraya los mismos contenidos de otro informe anterior del Programa Mundial de Alimentos, en que se trataban estas mismas cuestiones.

El informe señala que “la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID19) tiene efectos sobre las actividades del sistema alimentario (producción, transformación, distribución, comercio y consumo de alimentos) y sus resultados, sobre todo en términos de seguridad alimentaria y bienestar social. En dicho sentido, el informe formula una serie de  “recomendaciones de política para sostener la demanda y administrar el comercio de alimentos durante la emergencia y para evitar que su prolongación conduzca a una crisis alimentaria regional”. Recomendaciones que, de forma explícita, llegan a Cuba también.

La seguridad alimentaria de los países se analiza por medio de la relación entre las importaciones de alimentos y las exportaciones totales. Los valores altos de este índice señalan que la vulnerabilidad es alta, pues una gran proporción de los ingresos de las exportaciones se tiene que destinar a la compra de alimentos. El informe descubre que en el conjunto de la región, los países más vulnerables son los del Caribe. Por supuesto, Cuba, entre ellos, ocupando el puesto número 9 de 11. En todos ellos el valor de las importaciones es superior al 50% del valor de las exportaciones y, en 6, supera el 100%. En el caso concreto de Cuba el porcentaje se sitúa en un 81,4%. Por el contrario, en el extremo opuesto, la Argentina, el Brasil, México, Chile y Bolivia presentan valores inferiores al 5%.

Este rasgo, de una elevada vulnerabilidad de los países del Caribe con relación a la dependencia de las importaciones de alimentos, aumenta a resultas de que sus proveedores se concentran en los Estados Unidos y la Unión Europea, lo que supone un riesgo para la seguridad alimentaria si se producen disrupciones en las cadenas internacionales de distribución de alimentos, como ha estado ocurriendo en la crisis de la COVD19.

Los países del Caribe, y Cuba entre ellos, presentan el mayor grado de vulnerabilidad, dado que los porcentajes de su oferta nacional de alimentos son cercanos o superiores al 40% en el caso de las leches (36%), las carnes (44%), los azúcares (45%), el pescado (62%) y los cereales (83%). En el extremo opuesto, los países exportadores netos de alimentos presentan una dependencia de alrededor del 40% únicamente en el caso del pescado (36%) y los azúcares (40%). El menor nivel de dependencia de las importaciones se da en las verduras y frutas en todos los grupos de países.

El informe presta atención, igualmente, a otro factor de vulnerabilidad, utilizando como indicador la participación de las exportaciones agrícolas en el total, dependiendo de la diversificación de los mercados de destino y del grado en que hayan sido afectados por el COVID19.

Se observa que el elevado nivel de dependencia de las exportaciones agrícolas puede ser un factor atenuante frente a la debilidad del comercio internacional en otros sectores de la economía y aumentar la resiliencia de la seguridad alimentaria. En el caso de que ocurra un cierre de mercados, pueden destinarse alimentos no exportados a apoyar el consumo interno. No es este el caso concreto de Cuba, cuyo indicador alcanza un 25,2% situándose en la parte media inferior de los países, lejos de los primeros, Uruguay o Paraguay que superan el 64%.

El informe destaca, igualmente, que el saldo del valor de las exportaciones y las importaciones agrícolas establece una diferencia clara entre los países del Caribe y los países de América Latina.

En el Caribe, con la excepción de Guyana, todos los países son importadores netos de alimentos. En el caso concreto de Cuba, el saldo deficitario es el más elevado del conjunto de países del Caribe, con cerca de 2 mil millones de dólares al año. Comparado con República Dominicana, cuyo saldo es inferior, alrededor de 1 mil millones, la diferencia reside en que los dos países realizan un volumen de importaciones similar, pero Cuba exporta menos de la tercera parte de lo que hace República Dominicana. El problema de Cuba es el mismo de siempre, su competitividad exterior.

También se observa que la vulnerabilidad alimentaria aumenta cuando se trata de países de bajos ingresos y altos niveles de malnutrición, como Haití. El nivel de ingresos de Cuba, uno de los más bajos de la región, condiciona su posición en el conjunto de países. En la clasificación realizada por el informe de CEPAL y FAO, Cuba forma parte de un gripo de países caracterizados por nivel medio del indicador de porcentaje de exportaciones agrícolas sobre la exportación total, y nivel alto del indicador importaciones agrícolas como porcentaje de las importaciones totales. En dicho grupo se encuentran, Barbados, Dominica, El Salvador y Jamaica. Una posición nada favorable en la que la seguridad alimentaria se puede ver afectada por la disrupción de las cadenas de suministro de alimentos.

Para atender esta problemática y reforzar la seguridad alimentaria, el informe aporta diez medidas que persiguen tres objetivos:

En primer lugar, que todos los hogares, especialmente aquellos en condición de pobreza extrema y de inseguridad alimentaria severa, accedan a una alimentación suficiente y nutritiva. Un informe reciente del Observatorio subraya la problemática existente en Cuba en esta materia.

Este objetivo se pretende conseguir reforzando el ingreso básico de emergencia propuesto por la CEPAL con un bono contra el hambre, reforzando los programas de alimentación escolar para garantizar la alimentación de niñas y niños y adolescentes y dando apoyo con subsidios monetarios o con donaciones de alimentos provenientes de las empresas y los Gobiernos a las iniciativas de asistencia alimentaria de las organizaciones de la sociedad civil. Cabría preguntarse si alguna de estas iniciativas se está implementando en la Cuba social comunista donde las tensiones inflacionistas, las colas, la escasez y el racionamiento están provocando estragos en la población durante el confinamiento. 

En segundo lugar, que todas las empresas y actores del sistema alimentario puedan realizar sus tareas sin interrupciones. Este objetivo supone, otorgar apoyo financiero (crédito y subsidios productivos) a las empresas agropecuarias, orientado principalmente a la agricultura familiar;  ajustar los protocolos de sanidad y salud en la producción, el transporte y los mercados mayoristas y minoristas;  expandir y garantizar el funcionamiento de los programas de apoyo a la producción de autoconsumo; así como asegurar el financiamiento, la asistencia técnica y el acceso a insumos y mano de obra a los agricultores y los pescadores artesanales.  En Cuba, el campo, productor de alimentos, se encuentra inmerso en una crisis de improductividad que las autoridades creen que se puede resolver con las “arengas de Machado Ventura” o mensajes equívocos relativos a programas que han mostrado su escasa utilidad. Nada que ver con lo que proponen CEPAL y FAO.

El tercero y último, que los países cuenten con alimentos suficientes para garantizar el abasto a precios razonables. Para lograr este objetivo se precisa establecer o mantener mecanismos ágiles de consulta y coordinación público-privada entre todos los actores del sistema alimentario, abarcando la producción, el abastecimiento, la distribución y el acceso a alimentos; también Impedir que los mercados mayoristas y minoristas y las agroindustrias se cierren o disminuyan sus operaciones; y por último, continuar con las políticas que han mantenido abierto el comercio mundial de alimentos, en particular evitando medidas proteccionistas que aumenten el precio de los alimentos. No hace falta insistir lo alejada que se encuentra actualmente Cuba de este tipo de recomendaciones, sobre todo en lo que respecta a la colaboración público y privada, y la garantía de abast de alimentos. La supresión de la venta online puede tener mucho que ver con estas dificultades.

El informe llega en un buen momento y su lectura debería ser obligatoria para que las autoridades comunistas de Cuba vean y concluyan que allí donde se abre camino el neoliberalismo, nadie se cruza de  brazos, y están trabajando, y duro, para superar una crisis alimentaria que en Cuba por sus especiales características, puede llegar a ser realmente muy grave. De hecho, ya lo está siendo.



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