El desastre de las nuevas normas presupuestarias del régimen

Elías Amor Bravo economista

La ausencia de seguridad jurídica es uno de los males principales de la economía comunista cubana. Ayer se volvió a dar un buen ejemplo de cómo el régimen hace y deshace a su antojo las mismas normas que publica y debería respetar. De modo que en la Gaceta oficial se publicaron ayer, sin previo aviso, un total de diez normas jurídicas complementarias a la Ley 164 del Presupuesto del Estado para el año 2024.

El ministro Regueiro, de finanzas y precios, informó a toro pasado de los cambios, sobre todo tributarios, y se limitó a decir que la implementación de medidas tributarias tenía como objetivo aumentar los ingresos del presupuesto del estado, apretando las clavijas a las entidades estatales y sobre todo, a los nuevos actores económicos, en un intento, una vez más, de mantener la economía controlada e inerte.

También se han fijado en los trabajadores contratados en los proyectos de desarrollo local, una vía que el régimen identifica con las divisas aprovechando el origen internacional de la financiación. Igualmente, se lanzan al pago de la contribución especial tributo que se paga para la protección a los trabajadores ante riesgos que transcurren en su vida laboral, y ante los casos de muerte y jubilación.

Se plantean igualmente acciones extractivas sobre el Impuesto sobre los ingresos personales, el impuesto para las gratificaciones, con un impacto en la devaluación del peso, al aplicar la tasa de 1 USD por 120 CUP, todo ello para lograr un alto nivel de tributación para los niveles de ingresos extraordinarios, y acentuar la progresividad del sistema extractivo de rentas.

No escapa tampoco de las medidas el Impuesto sobre los ingresos personales, con la obligatoria presentación de declaración jurada del sector agropecuario que pagan un 2% para en el impuesto sobre los ingresos personales, frente al tipo impositivo general del 5%, diferencia que no consigue, ni por asomo, estimular la producción agropecuaria.

No escapa de las medidas introducidas el impuesto por la ociosidad de tierras agrícolas y forestales en las provincias y municipios del país, en ese vano intento de poner a producir todas las tierras. Por mucho que Regueiro diga que este no es un tributo orientado a la recaudación, sino a influir en los tenentes de tierras para que hagan un uso eficiente de este recurso, lo cierto es que todo lo que pueda aportar ingresos al estado se ha puesto en marcha esta vez.

El paquete de medidas elimina de un plumazo las exenciones de impuestos a los actores económicos no estatales, dígase micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y cooperativas no agropecuarias (CNA), de seis meses y un año, en ocasión de su constitución.

Dos años después de la creación de las mipymes, los comunistas se lanzan para aumentar la recaudación poniendo el peligro la viabilidad de muchas de estas entidades que siguen siendo débiles.  

De este modo, los incentivos fiscales que se ofrecieron en un primer momento pasan a mejor vida, y el régimen cree que, con ello, podrá aumentar la actividad o sectores de la economía.  

También se aprobaron medidas para regular el procedimiento para operar los presupuestos provinciales dentro del perfeccionamiento en la gestión de los presupuestos locales otra medida que tiene el objetivo de potenciar los ingresos y lograr calidad y eficiencia de los gastos presupuestarios reforzando la responsabilidad de los titulares de presupuestos en la ejecución de gastos.

También resulta sorprendente la nueva resolución 302/2023 que reglamenta la colocación y emisión de los bonos soberanos de la República de Cuba para financiar la deuda pública en el año 2024, en relación con el programa de estabilización macroeconómica. Ambas iniciativas desconocidas en su composición dirigidas una supuesta reducción del déficit fiscal que se financia con la emisión de esos bonos.

Por último, la Resolución 309/2023 dentro de las nuevas medidas, estableció la metodología para normar el proceso presupuestario, la notificación, desagregación, programación, modificación y ejecución de los ingresos y gastos del Presupuesto del Estado.

Estas medidas que atentan contra la seguridad jurídica que demandan los actores económicos para poder funcionar tienen que ver con el supuesto objetivo de continuidad y desarrollo de los programas y políticas económicas y sociales, como garantía para el acceso a los servicios básicos de la población y la mejora de su calidad.

Lo cual es difícil ya que aumenta el carácter social del presupuesto, en detrimento de las inversiones productivas que son las que pueden dinamizar la economía lo cual supondrá que 2024 será una copia maltrecha de lo ocurrido en 2023.

En definitiva, medidas introducidas por sorpresa para recaudar más e imponer disciplina en los procesos de captación de recursos a favor del presupuesto.

Nada que ver ni con el bienestar del pueblo, ni con la justicia social, ni con el necesario desarrollo económico, sino con postulados marxistas y leninistas basados en el reparto de la riqueza que solo empobrecen más y más al pueblo cubano.