Las "nuevas normas" para el sector privado: ¿sirven de algo?

Elias Amor Bravo, economista

La prensa estatal comunista se ha hecho eco de las nuevas normas que se presupone, van a ampliar el espacio dedicado en la economía cubana a “los actores no estatales”. No hay forma de que estos comunistas llamen a las cosas por su nombre, sector privado. Allá ellos.

En esencia, se trata de un decreto ley que modifica a otros tres, y que se han publicado en la Gaceta Oficial. Los comunistas siguen anclados en la creencia, equivocada porque hay pruebas de sobra, de que pueden cambiar la economía cubana a golpe de normas publicadas en la Gaceta. No es así. Para aquellos que quieran saber cómo funciona la política económica, primero hay que tener en cuenta que las funciones de una economía surgen de forma espontánea a partir de los intereses de los actores involucrados, y después, se atiende a la regulación en su caso. 

Pero empezar la construcción de una casa por el tejado no es una buena decisión, y los comunistas cubanos siguen con las mismas de siempre, publicando normas con las que pretenden influir en la economía, pero que, al carecer de respaldo en el mundo real, acaban siendo inútiles.   

Esta vez, lo vamos a comprobar con el Decreto-Ley 133 modificativo de los decretos leyes 88 “sobre las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas”, 89 “de las Cooperativas No Agropecuaria” y el 90 “sobre el ejercicio del Trabajo por Cuenta Propia”, tres normas que aspiran a incrementar el espacio de actuación de los actores económicos no estatales, es decir, el sector privado, llamemos a las cosas por su nombre.

La presidenta del Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales, organismo de nueva creación, Lázara Mercedes López Acea, fue la encargada de informar del paquete normativo en rueda de prensa, confirmando que estas Resoluciones respaldan, con sus modificaciones, los cambios económicos y sociales promovidos por el régimen, de forma especial, los que tienen que ver con el funcionamiento de los actores económicos no estatales, a la vez que promueve, permite y facilita su desarrollo en la economía del país desde el nivel municipal.

¿De qué cambios estamos hablando?

Citó en primer lugar, la reducción de los requisitos y trámites para la creación de las formas de gestión no estatal ya sea las mipymes, las empresas privadas con más de cien trabajadores, las Cooperativas No Agropecuarias (CNA) y los Trabajadores por Cuenta Propia (TCP). Un reconocimiento por parte del régimen de que los requisitos y trámites son excesivos y frenan la actividad.

Esta puede ser una medida correcta si se implementa de forma igualmente correcta, pero los que se relacionan con la compleja administración burocrática castrista saben que eso es imposible. De modo que habrá que esperar para poder realizar una valoración de esta reducción de trámites en el desarrollo de la economía.

En segundo lugar, hizo referencia al reconocimiento de las contrataciones de más de cien trabajadores para el ejercicio de la modalidad de empresa privada. Vamos a ver, ¿por qué cien y no doscientos o trescientos? ¿A quién se le ocurrió esa cifra y por qué? A los castristas les ha entrado una especie de obsesión con el tamaño empresarial según la cual el régimen parece apostar por un tamaño de empresa medio y grande, en tanto que se desinteresa de lo que ha sido, hasta la fecha, la base de la economía, los TCP o las mipyme, entre otros.

Ciertamente, esta apuesta del régimen comunista por el tamaño empresarial medio grande, en vez de dar ayudas a los TCP y las mipyme para que prosigan sus avances hacia la consolidación tiene que ver con unas preferencias políticas que, en absoluto, se corresponden con la historia de la economía cubana, donde salvo contadas excepciones, la organización empresarial era de dimensión pequeña.

En tercer lugar, con las nuevas normas, se permite que una persona natural cubana residente en el país o en el exterior pueda ser socia de una empresa privada, ya sea una Mipyme o una entidad con más de cien trabajadores. El caso es atraer capital del exterior como sea. 

Pero esto tiene complejidades jurídicas porque la institución de la participación en el capital de las empresas por medio de fórmulas asociativas es una novedad, y hay quienes creen que esta es una apuesta del régimen por el capitalismo. Desde luego, es un cambio que se puede considerar significativo con respecto al escenario actual, donde este tipo de participaciones está proscrito.

Se trata esta participación en las sociedades, de un asunto que, igualmente, habrá que esperar a su desarrollo jurídico, para constatar si tiene valor de activo patrimonial y se adscribe a los conceptos relacionados con la propiedad privada de la constitución comunista de 2019, que tendrá que ser modificada para incluir estos títulos accionariales.

En cuarto lugar, la nueva normativa aumenta las actividades que pueden desarrollar las empresas, y así, en adelante podrán incorporar otras producciones y servicios para los cuales dispongan de condiciones, sin abandonar la actividad principal que será, en todo caso, la que identifique a la empresa frente al aparato del régimen. La cuestión una vez más es que habrá que esperar para comprobar como se autoriza la incorporación de esos servicios y producciones complementarios.

En quinto lugar, hay cambios está relacionado con el comercio exterior, y aquí simplemente se adopta una decisión que era esperada, ya que aportaba muy poco a las partes involucradas. Se permite a los actores económicos no estatales realizar directamente operaciones de importación y exportación, siempre que cuenten con la autorización correspondiente del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera. Al final es lo mismo de siempre. Sin esa autorización, no hay nada que hacer, convirtiéndose en un obstáculo para el desarrollo normal de la actividad.

A continuación, el viceministro de la agricultura, Maury Hechavarría Bermúdez fue el encargado de informar que las transformaciones incluyen cambios en la gestión y uso de la tierra, con el propósito de incrementar la producción de alimentos. Desde hace tiempo, el régimen comunista tiene una obsesión con los alimentos, comprobando de año en año, que el sector agropecuario sigue siendo improductivo, ineficiente e incapaz de atender las necesidades de consumo de la población.

Esa obsesión ha ido en aumento conforme la recaudación de divisas se iba complicando y no se podían realizar las enormes importaciones de alimentos que realiza la Isla. Se han ensayado múltiples reformas y medidas, pero por desgracia, las limitaciones del modelo marxista leninista impiden acudir al origen del problema, que es el marco jurídico de los derechos de propiedad en la tierra.

Desde las reformas raulistas, la doctrina oficial es que la propiedad de la tierra debe seguir estando en manos del estado, y por ello, el margen está en las cesiones y la posibilidad de entregar tierras en usufructo a los campesinos. La fórmula, a la vista de los resultados, no ha servido para producir más alimentos.

Pues bien, inasequibles al desaliento, los comunistas han ideado una modificación que califican de importante, y que consiste en aplicar la entrega de tierras en usufructo, no solo a campesinos, sino a mipymes y empresas privadas, algo que hasta ahora no estaba autorizado para esas formas de gestión. Los experimentos se tienen que realizar con sentido común, y si algo no funciona para la base del sistema, la pregunta es ¿va a funcionar para los que no tienen experiencia en el sector agropecuario? ¿Por qué no se extiende la entrega de tierras a los TCP, por ejemplo? Para qué seguir, el problema está en que la tierra sigue estando en manos de quién no debe estar y no se hacen las reformas estructurales necesarias para que la tierra vuelva a ser propiedad privada. Los maquillajes no funcionan en el sector agropecuario.

De igual modo, el anuncio de que se establecerá un límite único para la extensión de tierra a entregar y la superficie dependerá de las características y necesidades del proyecto presentado, es una medida que llega tarde y además, contribuye a la confusión, ¿A quien van a aplicar ese límite único, a los que ya tienen tierras o a los que supuestamente vayan a solicitar por vez primera? ¿Además, qué proyectos van a merecer ese apoyo y con qué criterios se van a valorar?

Y como no hay dos sin tres, van a acabar discutiendo sobre la duración del periodo de usufructo, que ahora no será de carácter general e igual para todos, sino que será acordado entre las partes y podrá prorrogarse por igual periodo. Lo asombroso es que hayan tardado más de un cuarto de siglo en darse cuenta de que este mecanismo, lo mismo que la agilidad de trámites o la entidad de la competencia de aprobación, puede ser útil en determinados casos y producciones, pero volvemos a la misma cuestión de siempre, mientras no exista propiedad privada de la tierra hay poco que hacer.

A continuación, la viceministra del comercio interior, Inalvis Smith anunció como una gran medida la formalización del vendedor ambulante, como modalidad dentro del trabajo por cuenta propia. Parece mentira que esto no existiera ya.

El vendedor ambulante podrá dedicarse a la actividad comercial sin un establecimiento permanente, de manera habitual u ocasional, y el objetivo de la reforma es establecer un procedimiento simplificado para su autorización e identificación, incluido un carné asociado a la actividad que se desempeña. No hace falta ser un experto en economía para darse cuenta de que este vendedor ambulante puede acabar siendo una competencia molesta de aquellos TCP que se dedican a la venta de alimentos, limpieza, ropas y otros productos que entran al país por medio de las importaciones no comerciales. De momento, el régimen ha mantenido esta actividad, esencial para paliar situaciones de crisis en determinadas zonas, pero es muy probable que, con el vendedor ambulante, vayan viendo la posibilidad de ir cerrando pequeños negocios de TCP.

Igualmente, algunas de las transformaciones en el comercio, la gastronomía y los servicios van dirigidas a la captación de inversión extranjera, fomentando una mayor participación en este tipo de proyectos de las formas de gestión no estatal. Y como en el caso de la agricultura, se destacó que se trata solamente de un cambio en la gestión administrativa que no implica transferir la propiedad de los inmuebles estatales, que continuarán bajo propiedad del estado.

Seguidamente, Cristina Lara, directora nacional de Medicamentos y Tecnologías Médicas del Ministerio de Salud Pública, fue la encargada de anunciar las primeras farmacias gestionadas por una forma no estatal, y abierta al público. Una medida más que se puede interpretar como un ataque directo a los TCP que se dedican a la venta de medicamentos que traen del exterior como importaciones no comerciales.

De hecho, llama la atención la rapidez con la que se han presentado los proyectos a esta iniciativa, un total de 36 proyectos, en proceso de constitución y otros 14 aval para continuar los trámites. Lo siento, pero esto es un indicador muy claro de que alguien sabía algo de que estas farmacias iban a ser autorizadas, y lo sabían desde hace tiempo.

Los dirigentes están dispuestos a implementar una nueva distribución farmacéutica, y anuncian que se abre la posibilidad de que formas de gestión no estatal administren farmacias comunitarias y comercialicen medicamentos y otros productos para la salud. Y aun cuando la actividad estará sometida a regulaciones específicas y los establecimientos deberán cumplir requisitos para el almacenamiento y expendio de medicamentos y contar con personal profesional responsable de la actividad técnica, este tipo de decisiones se encuentran presentes en otros países donde la actividad farmacéutica se desarrolla por actores privados. Finalmente, estas farmacias no podrán comercializar medicamentos de uso hospitalario ni productos clasificados como drogas o incluidos en otros listados sujetos a restricciones y deberán estar registrados por la autoridad reguladora cubana.

Además, Cira Piñeiro Alonso, viceministra primera de Educación, dijo que la Resolución 30/2026 comprende el procedimiento para establecer la actuación de los repasadores, una actividad privada de atención y control de las actividades de los actores económicos no estatales: cuidado de niños, clases de idioma, servicios de repaso, taquigrafía y mecanografía. Servicios que tienen un impacto significativo en el IPC de la economía cubana y que mes tras mes, registran un aumento significativo.

Los requisitos para el ejercicio de esas actividades serán nivel medio superior o superior, excepto en el cuidado de niños, donde podrán autorizarse personas sin esa calificación siempre que cumplan los restantes requisitos. En las actividades relacionadas con niños, adolescentes y jóvenes será obligatorio presentar certificaciones de salud y cumplir condiciones específicas de seguridad.

Finalmente, Yenet Arencibia, directora general de Políticas Económicas del Banco Central de Cuba, informó que la Resolución 98/2026 implementa un nuevo procedimiento para los aportes dinerarios destinados a constituir empresas privadas, aquellas con más de cien trabajadores y se permite que los socios realicen su aporte inicial tanto en pesos cubanos como en las divisas admitidas en el país.

Igualmente, se elimina la necesidad de acudir inicialmente de manera presencial a una sucursal bancaria pues desde la plataforma destinada a los actores económicos podrán seleccionarse el banco y la sucursal donde operará la empresa. Por su parte, las instituciones bancarias tendrán un plazo de cinco días para abrir la cuenta de depósito inicial y, una vez completada la constitución de la empresa, dispondrán de siete días hábiles para habilitar la cuenta corriente.

La Resolución 98/2026 del BCC establece otras herramientas bancarias, entre ellas cuentas asociadas a tarjetas y cuentas destinadas a respaldar determinadas operaciones de financiamiento.

A modo de resumen, ¿Se cambia realmente el ámbito de actuación del sector privado con estas medidas? Juzguen ustedes. ¿Se trata de medidas que permitirán realmente que el sector privado aumente su participación en la economía? Hay dudas más serias de que ello sea así. Se pueden dar por perdidas las reformas en el sector agropecuario y también las del comercio, con ese vendedor ambulante que ya existe, pero que se pretende regular para controlar su actuación. Y poco más. El resto es papeleo y burocracia administrativa, y lo que es peor, una confianza excesiva en que lo que se publica en la Gaceta puede servir para que la economía cubana funcione. Lo siento. Esa es una esperanza perdida durante 67 años, y ahora nadie nos va a venir a invitar a la piñata.