¿Turismo para captar inversión extranjera? no gracias

Elías Amor Bravo, economista

Las modificaciones introducidas en el turismo pretenden favorecer la renovación de la planta turística y ampliar la participación del capital extranjero en el sector[1]. ¿Lo lograrán?

La nueva política para el sector turístico del régimen se desarrolla en cuatro resoluciones que dejan claro que su objetivo principal es movilizar proyectos de inversión extranjera para la Isla, y en particular, en determinados casos, hacia las formas de gestión no estatal, el sector privado.

La primera resolución, emitida por el Ministerio de Finanzas y Precios, establece por vez primera, incentivos y beneficios tributarios para proyectos de ecoturismo, con el propósito de fomentar la inversión extranjera y diversificar el desarrollo turístico sostenible y responsable.

La apuesta por el ecoturismo tiene su fundamento en que, no ha sido hasta ahora, que los dirigentes comunistas, se han percatado de que este segmento tiene un peso destacado en las inversiones del turismo en el área de Caribe. Y se lanzan a una carrera loca para atraer capital extranjero.

Igualmente, la apuesta por el ecoturismo puede obedecer, además a la diversificación del producto turístico y al hecho de que esta fórmula apenas ha sido desarrollada hasta el presente, a pesar de las indudables ventajas que tiene el paisaje de la Isla.

El problema con esta iniciativa es de doble índole.

Primero, que llegan tarde de nuevo a esta modalidad turística, lo mismo que les ocurrió en los años 90 cuando apostaron por el “sol y playa” que ya se encontraba en crisis en los mercados maduros internacionales. No parece que tenga sentido apostar por el ecoturismo cuando hay otros países en el Caribe líderes de esta modalidad.

Segundo, que el régimen pretende desarrollar el ecoturismo solamente hacia espacios de desarrollo local y proyectos vinculados con la naturaleza y la sostenibilidad, lo que hace presagiar una participación relevante de los municipios en las iniciativas, es decir, el sector estatal, un proceso que acabará resultando en una piñata competitiva y regulada, cuyo balance dista mucho de ser el más eficiente por la exclusión al sector privado.

La segunda resolución regula, de forma integral, el transporte turístico y sustituye una normativa de 2004 que estaba centrada fundamentalmente en la actividad de renta de vehículos. De modo que, a partir de ahora, se amplía el alcance de la actividad y permite la participación de empresas de capital ciento por ciento extranjero, la asociación de empresas extranjeras con empresas cubanas y la participación de las formas de gestión no estatal, además de las empresas estatales en el negocio del alquiler de vehículos.

Claro, esto es como soñar despierto, ya que, si se produjera realmente el aumento de la oferta de vehículos en alquiler que se podría derivar de este plan, habría tantos autos circulando por la Isla que faltaría gasolina y diésel. Como en tantos otros ámbitos, esta norma va a provocar un incremento de la estructura y la participación de los transportistas en una actividad sensible y ligada al cliente final como es el transporte turístico, pero no se asegura que el negocio, por ejemplo, sea rentable y sostenible. 

La tercera resolución regula la constitución de agencias de viajes por personas jurídicas extranjeras y formas de gestión no estatal, es decir, entidades privadas. Hasta ahora, la actividad solo se podía ejercer por personas jurídicas nacionales, mientras que las agencias extranjeras se veían obligadas a hacerlo por medio de contratos de servicios turísticos, representación u oficinas de representación.

A partir de ahora, el régimen pretende abrir una opción de negocio para las grandes agencias interesadas (generalmente extranjeras y con aportación de divisas) en participar directamente en los mercados receptivos y los dirigentes esperan que pueda favorecer tanto la llegada de visitantes como la comercialización de los productos turísticos nacionales. Una vez más, el régimen llega tarde. Habrá que esperar a ver cuántos cubanos de la Isla acceden a los servicios de estas agencias de viaje, los turistas que lleguen al país no necesitan los servicios. Ya los han comprado en sus países de origen.

En el proceso de modificaciones, se establecen nuevas posibilidades para los guías de turismo y los agentes privados de venta. Para los primeros, la medida supone una nueva opción de empleo regular y permitirá a las agencias de viajes mayor flexibilidad en su contratación. Los guías tendrán que asumir el estatus de TCP, y quizás no estén interesados en esta opción. El régimen parece que quiere crear “un cuerpo de guías oficiales” o algo parecido.

De hecho, las autoridades han previsto que para la incorporación de los guías se realicen procesos de capacitación, actualización y habilitación mediante el sistema de formación del turismo, Formatur. El control del ejercicio de la profesión de guía de turismo es igualmente anacrónico. Con los sistemas actuales que se gestionan en las redes sociales, esta actuación por parte del régimen vuelve a ser contraria a la dinámica de las economías.

Finalmente, las modificaciones, como se ha podido observar, se han centrado en la conversión del turismo en un instrumento para captar inversiones extranjeras, y las autoridades lo reconocen de forma expresa. ¿Se acabó la construcción de hoteles? Quizás no del todo, para acabar, la guinda está en que todo lo relacionado con los negocios inmobiliarios y la ampliación de las zonas donde podrán desarrollarse nuevas inversiones, pasa a tener una nueva regulación para atrapar el capital inmobiliario que no accede a la Isla por las limitaciones del texto constitucional.

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[1] Fueron explicadas por Juan José Álvarez Sarduy, director jurídico del Ministerio de Turismo (Mintur).