Réquiem por las UBPC (III)
Elías Amor
Bravo, economista ULC
Tal y como
hemos expuesto en varios trabajos anteriores, las UBPC son un foco de problemas
para la economía castrista por su ineficiencia y notables pérdidas. Las
soluciones que se plantean por el régimen, no son las más adecuadas.
En esa
obsesión por no dar a las cosas su nombre, que caracteriza al régimen las UBPC
desde su creación se concibieron como entidades cooperativas, y su
funcionamiento se regía por el Reglamento General, el Interno, y por su
Asamblea General como máximo órgano de dirección.
De hecho, la
Asamblea contaba con facultades para decidir el porcentaje de las utilidades a
distribuir entre sus miembros (excepto si arrastran pérdidas acumuladas, cuando
solo podrán disponer de hasta el 50 %). Desde el primer momento, se les otorgó
una serie de funciones que otras unidades productivas de la economía no tenían,
como “comprar con cheques o en efectivo, directamente, productos tales como
sal, azúcar, vinagre y envases en la red minorista y mayorista del MINCIN, así
como materiales de construcción a precios sin subsidios para la edificación de
viviendas y otras instalaciones”.
El régimen
considera, por tanto, que “los obstáculos al desempeño de las UBPC y el
estrechamiento de su marco de autonomía —hasta prácticamente niveles
insostenibles— al parecer tienen su origen en una serie de prácticas no
amparadas por la norma legal que les dio origen”.
El nuevo
Reglamento General, contenido en la Resolución 574 del 13 de agosto del 2012,
del Ministerio de la Agricultura, publicada por la Gaceta Oficial el 11 de
septiembre se presenta como un intento de superar los problemas que afectan a
estas entidades, a la vez que, como ya he señalado en un artículo anterior, en
vez de apostar por una mayor autonomía de gestión de las UBPC, se transita
justo en la dirección opuesta, por lo que se establece que “los controles estatales los ejercerán los
órganos, organismos y entidades del Estado con tales facultades”. Y añade
que “la empresa a cuyo sistema de
producción se vincula la UBPC, solo velará por el cumplimiento de las normas
técnicas de los procesos productivos y la contratación que responda a la
demanda estatal. Lo no contratado o el excedente de sus producciones, podrá ser
comercializado libremente”.
Por lo
tanto, a las UBPC se continuará prestando ayuda financiera si son “obedientes”
y no se saltan el guión marcado por las autoridades centrales. A partir de
2013, para asegurar que el cerrojo económico funciona, “las cifras del Plan de
la economía serán desagregadas hasta el nivel de la UBPC, facilitando así que
estas pacten relaciones con todas las personas naturales y jurídicas, siempre
con base contractual, para la compra directa de productos y servicios en
correspondencia con el plan aprobado, así como para su abastecimiento interno
—posibilidad también reconocida dentro del nuevo Reglamento General”, pero
después del cumplimiento de la demanda estatal y los compromisos adquiridos con
ésta. Lo que en suma, es más de lo mismo que antes.
Las autoridades
prevén que este plan no será fácil de ejecutar y que previsiblemente puede
haber “errores de desconocimiento”. Por
ello, se plantea, “un programa emergente de capacitación, dirigido a los
directivos y juntas de administración de las UBPC, así como a los empresarios y
cuadros estatales del sistema de la Agricultura”, a la vez que se exigen los “procesos
asamblearios en cada Unidad Básica de Producción Cooperativa, con el objetivo
de estudiar el nuevo Reglamento General y proceder a la reelaboración de los
internos”.
Todo menos
libertad económica, autonomía y capacidad de decisión, al margen de la
intervención estatal. No han aprendido suficiente, y no quieren reconocer que
esa dependencia de las empresas en la economía castrista de la “demanda estatal”,
y de los “compromisos de naturaleza estalinista” no se corresponde con los
requisitos de eficiencia, competitividad y productividad que deben regir en un
sistema productivo. La reforma convierte a las UBPC en instrumentos al servicio
del estado, financiadas por el estado y en situación de ventaja con respecto a
trabajadores por cuenta propia y otros tipos de cooperativas.
Casi dos
décadas después del nacimiento de las UBPC el régimen les coloca los grilletes
para ponerlas al servicio de la ideología. En vez de otorgarles la necesaria
libertad, esconden algunas actuaciones para cubrir el expediente y terminan,
con la penosa fusión o disolución de “aquellas que no tienen posibilidades de
recuperación (casi 300), sin pensar que muchas de ellas, tal vez, podrían ser
empresas rentables en el marco de una economía de mercado y con derechos de
propiedad.
Después
vendrá la segunda fase, con las cooperativas de Producción Agropecuaria y de
Crédito y Servicios, que en muchos casos presentan problemas muy similares a
los de las UBPC, que continuarán medrando bajo la protección de los
presupuestos estatales, al servicio de la ideología y arrastrando un cuadro de
ineficiencia y baja productividad que sólo una privatización de la economía y
la creación de un mercado libre a pleno funcionamiento, puede corregir.
Tomado de Miscelánea de Cuba, 14 de septiembre 2012
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