Las cooperativas en la gastronomía: un fracaso tras otro

Elías Amor Bravo, economista

La cooperativa no agraria, una de las fórmulas inventadas en los llamados “Lineamientos” para flexibilizar las condiciones de la producción en Cuba, no es la solución para el sector gastronómico. No lo digo yo. Lo dice un artículo publicado hoy en Granma, en el que se presentan algunos de los problemas que estas “formas no estatales de gestión” tienen que afrontar para atender a sus clientes.

Esa obsesión por no utilizar el término empresa para referirse al elemento fundamental del sistema económico está detrás de la dificultad del régimen castrista para divisar el horizonte, cuando los árboles del bosque que ellos mismos han creado, lo impiden.

En ningún país del mundo que existen cooperativas de trabajadores como forma de empresa productiva, el sector gastronómico ocupa un papel significativo. Y eso que las cooperativas en países como España, se han extendido a la amplia totalidad de actividades, sobre todo en los servicios, como lo muestra su presencia en la educación y la formación o la distribución comercial y la logística. No seré yo quién ataque a las cooperativas, ni mucho menos, dado el éxito que este sector presenta en la economía española, y otras europeas. Pero en Cuba, con el diseño de los llamados “Lineamientos” la cooperativa gastronómica apunta a otro fracaso anticipado más del régimen. La realidad es que, como han observado en Granma, "no todo depende de un cambio de imagen y una calidad en las ofertas y servicios".

Por supuesto que no. En el fracaso de las cooperativas gastronómicas castristas se acumula todo tipo de problemas, desde la responsabilidad de otros (el argumento que siempre vence en la isla), al desconocimiento en los procedimientos, pasando por los trámites burocráticos, y como señala Granma a “no anticipar las necesidades que esta personalidad jurídica demanda para autofinanciarse y no caer en deudas, ni carencias”, entre otros.

Lo cierto es que de un total de 397 cooperativas no agrarias en la actualidad, un 62% están relacionadas con el sector del comercio y los servicios. De ellas, 291 proceden de las anteriores “unidades estatales  del Ministerio del Comercio Interior que pasaron a gestionarse de forma cooperativa durante el 2016”. Mala decisión. Salir de algo malo para entrar en algo peor, no es una solución correcta, a pesar de las expectativas creadas. Pasar del control burocrático estatal de raíz estalinista a la mayor flexibilidad de la cooperativa, exige mucho más que “validar los principios y resultados de las cooperativas, sus normas de actuación y la forma en que aprenden a gestionarse”, según palabras de Grisel Tristá en ese artículo de Granma.

Y a partir de ahí, viene todo lo demás. Que si se trata de un “proceso experimental, no masivo”, que “no está parado el proceso de formación de las CNA”, que “estamos valorando las políticas aprobadas, las normas jurídicas, las dificultades que han surgido sobre la marcha”. Esa “experimentalidad” en la gestión del sistema económico es sorprendente, más aún, cuando se observan las notables deficiencias de la economía y la acumulación de problemas, que no ha hecho más que empezar. El tiempo de los experimentos ya pasó, y ahora hay que obtener resultados cuanto antes.

Por desgracia, medio siglo de control estatal de la economía no acaban de un día para otro. Por eso, de nada sirve que las cooperativas traten de ofrecer servicios a sus clientes, si no tienen mercados de abastecimiento a precios competitivos y bien surtidos. Los mayoristas, que siguen sometidos al control estatal, determinan en muchos casos, el éxito de las nuevas empresas y trabajadores por cuenta propia. ¿Por qué tienen que ser diferentes si lo que les une es el ánimo de beneficio, de acumular capital, generar empleo y riqueza, y crecer?

En economía, a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Los galimatías sobran, y en el peor de los casos, confunden. Que se reconozca en el artículo de Granma que algunos mayoristas no sepan cómo negociar con las cooperativas, es asombroso. Luego están los problemas de oferta, porque de qué sirve tener mayoristas, si los fabricantes no suministran los productos para distribuir. Cualquier estudiante de primer curso de economía sabe que este es un problema grave que tiene fácil solución: libertad económica y derechos de propiedad.

El comprador de una cooperativa o de cualquier empresa no tiene que tener preocupaciones por el abastecimiento. Su indicador de referencia es el precio. Cuando las decisiones se toman en función de esta variable, la economía libre de mercado hace su trabajo. Un comprador de una cooperativa que se tenga que preocupar por el suministro y si su mayorista le podrá proporcionar refrescos o cervezas, o vaya usted a saber, no sólo dormirá mal por las noches, sino que acabará abandonando por el deficiente funcionamiento del sistema. A lo mejor es eso lo que quieren, tal vez para volver a lo de antes.

El gobierno ha impulsado iniciativas como la llamada Zona+ en La Habana cuyos resultados no parecen ser satisfactorios para nadie ni cooperativistas, ni trabajadores por cuenta propia en arrendamiento, dos fórmulas a las que se da un trato diferenciado cuando prácticamente son la misma cosa en un entorno de grandes limitaciones para el ejercicio de la actividad económica.

Dificultades a la hora de contratar servicios, condiciones financieras, facilidad para contratar trabajadores, fiscalidad, inspecciones, medios de transporte, sistema de arrendamiento, competencia directiva y gestión interna, el absurdo de las normas y regulaciones castristas, un largo etcétera de problemas lastran la actividad de las cooperativas que intentan satisfacer las necesidades de sus clientes.

Tan solo queda felicitar a Granma por estos artículos sobre las cooperativas y animar a que sigan en la misma línea a ver si podemos ayudar, en algún modo, a abrir espacios a la iniciativa privada de la que Cuba, siempre fue un gran ejemplo internacional.